Alberto Weretilneck firmó el decreto que limita los descuentos a los estatales: cómo funcionará el tope
El gobernador Alberto Weretilneck firmó el decreto que establece nuevos límites a las retenciones por préstamos y deudas con bancos, financieras, mutuales y gremios. La reducción será progresiva: comenzará en el 50% en enero, bajará al 40% en febrero y quedará en el 33% desde marzo.
El Gobierno de Río Negro reducirá los descuentos hasta el 33%. Foto: gentileza.
El Gobierno de Río Negro estableció un nuevo límite para los descuentos que se aplican sobre los salarios de los empleados públicos provinciales por deudas con bancos, entidades financieras, mutuales y gremios. El gobernador Alberto Weretilneck anunció este martes que firmó el decreto que fija nuevas reglas para las retenciones sobre los haberes de los trabajadores estatales.
La medida tendrá una implementación progresiva durante los primeros meses del año. Según informó el mandatario, en enero el límite será del 50% del salario, en febrero se reducirá al 40% y, a partir de marzo, quedará establecido definitivamente en el 33%.
El objetivo de la decisión es evitar que los compromisos financieros absorban una parte excesiva de los ingresos de los trabajadores y garantizar que puedan disponer de una mayor proporción de sus salarios.
Cómo se aplicarán los nuevos topes a los descuentos
El esquema anunciado por Weretilneck establece tres etapas para reducir las retenciones salariales:
- Enero: los descuentos no podrán superar el 50%.
- Febrero: el límite bajará al 40%.
- Desde marzo: el tope definitivo será del 33%.
Las nuevas condiciones alcanzarán a los descuentos realizados por bancos, financieras, mutuales y organizaciones gremiales sobre los salarios de los agentes públicos provinciales.
Renegociarán las deudas con bancos y mutuales
Además de establecer un límite a las retenciones, el Gobierno provincial buscará acordar nuevas condiciones con las entidades acreedoras para facilitar la renegociación de las deudas.
La intención es revisar los compromisos financieros, establecer condiciones para los pagos y fijar topes a las tasas de interés. De esta manera, el Ejecutivo apunta a que los trabajadores puedan ordenar sus obligaciones sin comprometer la mayor parte de sus ingresos mensuales.
Weretilneck sostuvo que la medida busca proteger el salario de las familias rionegrinas y ordenar el sistema de descuentos. «Sabemos que falta, pero tenemos rumbo«, expresó al comunicar la firma del decreto.
El endeudamiento alcanza a casi 19.000 estatales de Río Negro
La dimensión del problema quedó reflejada en distintos relevamientos oficiales. El Ministerio de Hacienda informó a la Legislatura que casi 19.000 agentes del Poder Ejecutivo tenían descuentos a favor de 14 entidades autorizadas.
Esa cantidad representaba aproximadamente un tercio del personal provincial. Sin embargo, un relevamiento posterior, publicado en julio de este año, estimó que el universo de trabajadores afectados ya se acercaba al 40%.
El impacto no es uniforme entre los distintos sectores. Según los datos difundidos en ese momento, cerca del 70% de los porteros tenía descuentos autorizados y el porcentaje alcanzaba al 50% en la Policía.
En Salud, las retenciones afectaban al 46% del personal comprendido en la ley 1844 y al 22% de los profesionales.
Renegociaciones con las 14 entidades acreedoras
El segundo eje del plan provincial contempla una ronda de reuniones y la firma de convenios con las organizaciones que tienen códigos de descuento habilitados.
El ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez había anticipado en octubre que el Gobierno buscaría acordar nuevas condiciones con mutuales, sindicatos y entidades financieras para renegociar las deudas de los empleados públicos.
La intención es revisar los montos adeudados, extender los plazos de pago y establecer condiciones sobre las tasas de interés. El objetivo es que los trabajadores puedan reorganizar sus compromisos financieros sin comprometer una parte excesiva de sus ingresos.
Las negociaciones se plantearon con pautas generales acordadas con las entidades, aunque la renegociación de cada deuda sería individual y voluntaria para el agente público.
Uno de los factores que favorecen la expectativa oficial es la preocupación de los propios acreedores por los niveles de morosidad. En algunos casos, las retenciones acumuladas no alcanzan para cubrir todas las cuotas autorizadas por los trabajadores.
La Provincia también cuenta con una herramienta para intervenir en el sistema, la posibilidad de suspender los códigos de descuento para nuevas operaciones a aquellas entidades que no acepten revisar las condiciones de endeudamiento.
Un centro de autorización para controlar nuevos préstamos
El tercer componente del plan anunciado por Hacienda es la futura puesta en marcha de un centro de autorización de endeudamiento.
Ese mecanismo tendrá como función intervenir en las consultas por nuevas operaciones crediticias y verificar la situación financiera de cada agente antes de habilitar nuevos préstamos.
La intención es evitar que los trabajadores acumulen compromisos por encima de su capacidad de pago y que las retenciones vuelvan a comprometer una proporción excesiva de sus salarios.
La falta de un sistema de control de ese tipo había sido uno de los argumentos utilizados por el Gobierno provincial en 2020 para suspender el anterior régimen de topes.
El antecedente de un límite que nunca llegó a aplicarse
El nuevo decreto tiene un antecedente en el régimen establecido en noviembre de 2018, cuando la Provincia fijó mediante el decreto 1485 un máximo del 50% del haber neto para las retenciones salariales.
Sin embargo, ese límite nunca llegó a implementarse. En octubre de 2020, el decreto 1186 suspendió su aplicación al argumentar que el sistema de liquidación de haberes todavía no contaba con toda la información necesaria para controlar las retenciones de cada agente.
Ahora, el Gobierno vuelve a establecer restricciones, pero con un esquema progresivo que llegará al 33% en marzo.
Los reclamos gremiales y los antecedentes judiciales
El endeudamiento de los estatales también generó reclamos sindicales y presentaciones judiciales.
En octubre, la Unter presentó una iniciativa ante el Consejo Provincial de Educación para establecer un límite del 20% a los descuentos sobre los salarios docentes. El vocal gremial Mario Floriani advirtió que, en algunos casos, las retenciones superaban el 80% de los haberes.
La presentación incluyó recibos de sueldo con descuentos que dejaban a los trabajadores sin ingresos netos.
También hubo antecedentes judiciales. El Superior Tribunal de Justicia rechazó un recurso de la Provincia contra una sentencia de la Cámara Laboral de Viedma que había ordenado controlar las retenciones sobre el salario de una docente para garantizar que no quedara por debajo de la canasta básica alimentaria correspondiente a su grupo familiar.
Esa resolución se limitó al caso particular y no estableció un porcentaje general para todos los trabajadores estatales.
Por otra parte, UPCN había recurrido a la Justicia para cuestionar la aplicación de límites a las retenciones sobre los salarios de los agentes públicos. El sindicato sostuvo que las modificaciones afectaban el sistema de prestaciones que brinda a sus afiliados y reclamó el restablecimiento de los descuentos por planilla sin topes.
El conflicto llegó a la Cámara Laboral de Viedma, después de una discusión judicial sobre qué tribunal debía intervenir.
El Gobierno de Río Negro estableció un nuevo límite para los descuentos que se aplican sobre los salarios de los empleados públicos provinciales por deudas con bancos, entidades financieras, mutuales y gremios. El gobernador Alberto Weretilneck anunció este martes que firmó el decreto que fija nuevas reglas para las retenciones sobre los haberes de los trabajadores estatales.
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