Alquileres permanentes en Bariloche: el municipio armó una “mesa” intersectorial

Un referente del grupo “Inquilinos Autoconvocados” consideró que la iniciativa surgió a partir de la presión con acampes simbólicos y protestas.

En respuesta a los reclamos que iniciaron los inquilinos hace varios meses y que incluyeron varios acampes en el Centro Cívico, el gobierno municipal llamó a constituir una mesa de trabajo sobre la aguda crisis de alquileres permanentes, que afecta hoy a miles de barilochenses.

Uno de los referentes del grupo “inquilinos autoconvocados”, Emiliano Guenin, dijo que en la reunión realizada el último viernes se conformaron tres comisiones para abordar distintos aspectos del problema: una sobre fiscalización de alquileres turísticos irregulares, otra sobre normativa local y una tercera sobre aspectos a modificar de la ley de alquileres nacional.

Guenin consideró que “la reunión sin dudas se generó a partir de la presión” que iniciaron los inquilinos hace ya tres meses con acampes simbólicos y protestas, en las que denunciaron la inacción del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas. El tema incluso llegó al Concejo municipal donde hace pocos días resultó rechazado (por el voto en contra del oficialismo) un proyecto para establecer incentivos fiscales para los inmuebles ofrecidos en alquiler permanente.

Guenin dijo que el cuadro de situación es muy complejo y una desgravación de impuestos y tasas no será suficiente para promover una mayor oferta, pero señaló que las condiciones ya no son tan favorables para el alquiler turístico porque “hoy se empezó a ver que hay más oferta que demanda” en ese rubro, lo que debería generar mayor interés del propietario en volver a los contratos de largo plazo y a reducir los precios, como esperan miles de familias en la ciudad.

Señaló de todos modos que “la realidad es más amplia” que la oferta de viviendas y departamentos para locación y por eso propusieron en la reunión convocar a cooperativas de viviendas y abordar en general la “crisis habitacional”. Dijo que el municipio reconoció que existen tierras fiscales “dispersas”, de ubicación incierta, pero carece de un plan concreto para incidir desde allí en el mercado inmobiliario.

Guenin refirió que uno de los resultados concretos de la reunión fue que la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor (Omiduc) “va a gestionar en lo contractual y actuar ante los desalojos irregulares que están sucediendo en la ciudad”, en coordinación con el poder judicial. El activista dijo que harán públicos los datos para que “se acerquen a la Omiduc” los inquilinos que estén bajo amenaza de desalojo.

La reunión fue encabezada por la presidente del Concejo, actualmente a cargo de la intendencia, Natalia Almonacid, y la jefa de Gabinete municipal, Marcela González Abdala. También participaron por el Ejejcutivo el secretario de Ambiente y Desarrollo Humano Claudio Otano y el de Fiscalización Sebastián Rodríguez. El parte de prensa oficial no menciona a la titular del Instituto de Tierras y Viviendas Paula Meira.

Sí estuvieron los concejales oficialistas Carlos Sánchez, Claudia Torres, Gerardo Ávila y Norma Taboada, la Defensora del Pueblo Analía Wolosczuck y la responsable de la Omiduc Sonia Gutkin.

El Ejecutivo citó no solo a Guenin y a otros miembros del Inquilinos Autoconvocados sino también a representantes del Colegio de Martilleros, del Colegio de Abogados, el de Arquitectos y la Cámara de la Construcción.

En un próximo encuentro, según acordaron, serán convocados los legisladores nacionales de origen barilochense Agustín Domingo y Silvina García Larraburu.

Según informó el municipio, el objetivo de las comisiones conformadas será “controlar la oferta de arrendamiento de inmuebles, analizar diferentes incentivos para generar más oferta e inversiones para construir inmuebles de renta permanente y “la tan necesaria modificación a la normativa nacional vigente, que brinda condiciones poco ventajosas para propietarios e inquilinos”.


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