Caso Adorni: piden a la UIF investigar al jefe de Gabinete por presunto lavado de dinero
Uno de los puntos centrales del pedido está relacionado con declaraciones realizadas recientemente por Adorni en una entrevista televisiva, donde reconoció haber omitido en sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 la existencia de ahorros familiares no declarados formalmente.
El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) presentó un pedido formal ante la Unidad de Información Financiera (UIF) para que se abra un expediente de inteligencia financiera sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, con el objetivo de analizar la evolución de su patrimonio y determinar el origen de sus bienes y fondos.
La solicitud fue presentada luego de que Adorni difundiera su declaración jurada correspondiente a 2025. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el requerimiento fue dirigido al titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, e incluye la posibilidad de que, en caso de detectarse irregularidades, el organismo promueva una denuncia penal por presunto lavado de activos.
Desde el CIPCE sostienen que existen elementos que justifican una investigación patrimonial más profunda. Entre ellos, mencionan la compra de una vivienda en un barrio privado en noviembre de 2024 y la adquisición de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires un año más tarde, cuando el funcionario ya ocupaba un cargo público.
La organización también puso bajo análisis la tenencia de importantes sumas de dinero en efectivo, viajes realizados en aviones privados junto a contratistas del Estado y operaciones crediticias efectuadas fuera del sistema bancario con personas que, según el planteo, no tendrían la capacidad económica suficiente para concretarlas.
Uno de los puntos centrales del pedido está relacionado con declaraciones realizadas recientemente por Adorni en una entrevista televisiva, donde reconoció haber omitido en sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 la existencia de ahorros familiares no declarados formalmente.
“Ahorramos en negro como todos los argentinos”, expresó el funcionario al referirse a fondos que, según sus propias declaraciones, alcanzarían los 500.000 dólares.
Para el CIPCE, ese reconocimiento plantea interrogantes sobre el origen de los recursos y sobre el cumplimiento de los estándares de transparencia exigidos a quienes ejercen funciones públicas.
La entidad también incorporó testimonios presentados en la Justicia Federal que indicarían que al menos una de las operaciones inmobiliarias vinculadas al entorno del funcionario no habría sido escriturada por su valor real. De comprobarse esa situación, podría analizarse como una posible maniobra de simulación susceptible de encuadrarse en figuras vinculadas al lavado de activos.
Asimismo, el organismo recordó que la adhesión al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias contemplado en la denominada Ley de Inocencia Fiscal no limita ni suspende las facultades de la UIF para investigar posibles inconsistencias patrimoniales ni las obligaciones de prevención de lavado de dinero.
El CIPCE remarcó además que las Personas Políticamente Expuestas (PEP), como es el caso de Adorni y su esposa, están sujetas a controles reforzados debido a los mayores riesgos de corrupción asociados a sus funciones.
En el documento firmado por su director ejecutivo, Pedro Biscay, la organización también vinculó el caso con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que mantiene al país bajo seguimiento reforzado en materia de prevención e investigación del lavado de activos.
Por último, solicitaron que la UIF realice controles integrales de consistencia patrimonial y cruce información con organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), además de analizar reportes provenientes del sistema financiero para determinar la trazabilidad y legalidad de los fondos involucrados.
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