Causa Techo Digno: el desafuero de Belloso y casos similares para otros parlamentarios

La fiscal Graciela Echegaray avanzó en el pedido de desafuero para el legislador peronista Daniel Belloso para su enjuiciamiento por la megacausa de Techo Digno, a partir de imputaciones por su manejo de los planes federales de viviendas cuando era intendente de Choele Choel.

Ese pedido tendrá tratamiento en la Legislatura y requerirá de su autorización para cumplir con el juicio contra Belloso por los delitos de “fraude contra la administración pública” y “peculado”, con fecha por resolver.

El Código Procesal Penal establece -artículo 92- “inmunidades Constitucionales” para el “legislador u otro funcionario sujeto a juicio político o jurado de enjuiciamiento”, aludiendo a que “cuando se formulare acusación, se solicitará el desafuero ante quien corresponda, acompañando copia de las actuaciones y expresando las razones que lo justifiquen”.

En el marco de esa previsión, en ocasión de apertura de la investigación, el defensor de Belloso, Damián Torres, advirtió que se requería del desafuero, pero no fue aceptado por el magistrado. Ahora, cerrada esa instancia y previsto el juicio, la fiscal lo solicitó y el juez Oscar Gatti habilitó esa petición.

Belloso es el primer caso, pero existen otros parlamentarios imputados que requerirán también de sus desafueros.

El legislador Luis Ivancich afronta un proceso similar por su gestión municipal en Godoy, aunque sus imputaciones actualmente están en discusión.

Con otros tiempos, el exjefe comunal de Río Colorado, Gustavo San Román, de Juntos Somos Río Negro, está sometido a una investigación, que recientemente comenzó. Este pedido del retiro de los fueros se tramitará seguramente dentro de varios meses porque resta el período de la pesquisa fiscal.

Por su parte, el diputado nacional Aníbal Tortoriello tiene igual frente penal, salvo que presentó un recurso al Tribunal de Impugnación para insistir con la prescripción de los delitos, que rechazó inicialmente la jueza Alejandra Belenguer.

El desafuero del libertario Tortoriello significará un trámite en la Cámara de Diputados y no será nada sencillo.

El artículo 92 del Código Procesal establece que, si la petición “es denegada, no se puede proceder y se suspenderá el proceso. De lo contrario, se dispondrá su continuación”.

Por su parte, la nómina inicial de imputados incluye también a la exintendenta de Conesa, Alejandra Mas, que recientemente asumió una banca peronista por la vacante generada por Ana Marks, que asumió en el Senado. El expediente de Conesa no integra la ofensiva judicial actual porque fue apartada de la primera instancia fiscal.