Comienza en el Senado el debate por el blanqueo para pagar deuda del FMI
El proyecto lleva la firma de los senadores del FdT Mayans, Parrilli, Fernández Sagasti y Doñate. La idea del oficialismo es comenzar el tratamiento y convocar a especialistas antes de dictaminar y llevar el tema al recinto.
El Gobierno se encolumna tras el proyecto que crea un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”.
El oficialismo en el Senado inicia este martes el debate en comisión del proyecto de ley que propone crear un «Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI» con fondos fugados al exterior, presentado con la firma de la amplia mayoría del Frente de Todos (FdT).
La meta del bloque que conducen José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, senadores del FdT por Formosa y Mendoza, respectivamente, es abrir la discusión en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.
Según fuentes del bloque, la idea es comenzar el tratamiento y convocar a especialistas antes de dictaminar y llevar el tema al recinto.
El proyecto que lleva la firma de los senadores del FdT Mayans, Oscar Parrilli, Fernández Sagasti y Martín Doñate crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI y establece que sea constituido en moneda extranjera, dólares estadounidenses y sus recursos.
La vigencia del Fondo será hasta la cancelación total de la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo y sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para los incentivos a los colaboradores que contribuyan a identificar evasores.
Sostiene el texto que el Fondo será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía, y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.
La iniciativa establece que el aporte del blanqueo «no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos, ya que solo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero».
Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.
El proyecto indica que «en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%«, y agrega que quienes no se allanen al pago de este aporte «corren el riesgo de tener una pena en prisión», tal como lo estipula la ley vigente.
La norma también alcanzará a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país, «cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina».
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