Con Estados Unidos en alerta, el gobierno de Javier Milei hará modificaciones para destrabar la “Ley Malvinas”
Luego de postergar el debate la semana pasada, La Libertad Avanza buscará el dictamen este martes 27 de octubre. En una reunión en Casa Rosada se analizaron pedidos de aliados. Preocupación estadounidense por las sanciones penales a empresas.
Después de postergar el debate la semana pasada por falta de apoyos y presiones de Estados Unidos, La Libertad Avanza buscará firmar este martes el dictamen de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, más conocida como “Ley Malvinas”. En un nuevo plenario de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal, el oficialismo hará modificaciones con el objetivo de destrabar el proyecto y llevarlo al recinto.
Días atrás, el mentor del proyecto, Santiago Caputo, y su ladera, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, recibieron a los diputados libertarios Silvana Giudici y Nicolás Mayoraz para acercar posiciones y evaluar pedidos de aliados. La reunión fue dada a conocer por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien adelantó que se analizaron propuestas del PRO, el MID y hasta el PJ.
Una de las grandes expectativas pasa por el primer capítulo, que endurece penas por la exploración y explotación ilegal de recursos naturales en la zona de Malvinas. La semana pasada, en una conferencia de prensa conjunta con el canciller Pablo Quirno, el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, confirmó la preocupación por que esas sanciones alcancen a empresas de su país.
“Es natural que cualquier país se preocupe por los intereses de sus empresas”, confesó Landau. El punto es que el proyecto no solo alcanza a las empresas que operen directamente en el archipiélago, sino que abre el abanico a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores. Hasta el momento, el oficialismo mantiene bajo reserva qué modificaciones hará en este aspecto.
Los puntos de conflicto de la «Ley Malvinas»
En el kirchnerismo llamaron la atención sobre los planteos de Estados Unidos frente a un gobierno afín como el de Javier Milei. “Lo venimos advirtiendo hace tiempo: Estados Unidos no respalda el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. Su posición de neutralidad se mantiene intacta, pese al alineamiento ciego de Milei. El discurso malvinero del Gobierno se desmorona cuando choca con los intereses de (Donald) Trump”, señaló el diputado y excanciller Jorge Taiana.
Otro punto conflictivo del proyecto es el de las “infraestructuras críticas” que tendrán que ser protegidas por el nuevo Consejo de Seguridad Nacional. La cordobesa Alejandra Torres (Provincias Unidas) planteó en la última reunión que puede significar una intromisión en las esferas provinciales. “Ameritaría un resguardo de los principios federales”, consideró.
Por otra parte, La Libertad Avanza sí haría concesiones para darle injerencia al Congreso, que en el proyecto original estaba ausente. Se creará una “Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional” y el Consejo deberá notificarla, en un plazo no mayor a 48 horas posteriores, cuando defina medidas que impidan la continuación de un vuelo o hundimientos de buques.
Se agregará además que si las medidas se aplican sobre aeronaves o buques militares de países extranjeros y representan un “riesgo inminente de guerra o de represalias militares”, deberá pedirse autorización al Congreso.
Otro de los artículos que el oficialismo retocaría para evitar un fracaso en el recinto es el 111, que reprime con prisión a quienes, por orden o financiamiento de un Estado o agente extranjero “procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.
Desde un primer momento, ese artículo recibió numerosas críticas de diputados de la oposición y asociaciones civiles que advirtieron que se abría la puerta a la persecución a la prensa. Ibarzábal Murphy se comprometió a retocarlo.
Lo que no aceptará La Libertad Avanza es dividir el proyecto en dos, como había pedido la oposición con Unión por la Patria a la cabeza. El peronismo se mostró dispuesto a discutir las sanciones penales, pero rechaza el resto de la iniciativa, que incluye las reformas institucionales de fondo en materia de defensa.
Entre esas reformas está el nuevo Consejo de Seguridad Nacional, que será un organismo de coordinación de distintos ministerios (llamativamente fue excluido el de Seguridad) para definir estrategias ante potenciales amenazas externas. Este Consejo será liderado por el propio presidente de la Nación, algo que también fue cuestionado.
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