Concejales de Bariloche redoblaron ofensiva contra el pago de un juicio por 1 millón de dólares
Le pidieron al intendente Walter Cortés que deje sin efecto el acuerdo porque no están probados los daños y perjuicios.
Concejales de Bariloche impugnaron el acuerdo surgido de una instancia de mediación. (archivo)
Con la firma mayoritaria de sus miembros, el Concejo Municipal reclamó hoy al intendente Walter Cortés que “deje sin efecto y reconsidere los términos del acuerdo” extrajudicial que formalizó el pago de 900 mil dólares con fondos municipales a la empresa Navtour SA por la instalación fallida de una estación de servicio, más otros 90 mil dólares de honorarios.
Solo se negaron a avalar el planteo los bloques de PUL y de Juntos por el Cambio (cuatro concejales en total), pero los otros siete aportaron su firma para exigirle a Cortés que “ convoque en forma inmediata a la Comisión de Transacciones”, con el propósito de retrotraer acuerdo.
La concejal Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche) dijo que el supuesto perjuicio económico que invocó la empresa y que fue citado por el gobierno municipal como justificación del acuerdo “hay que probarlo”, y no surge del juicio contencioso administrativo que terminó en un fallo desfavorable al municipio, aunque sin pronunciamiento sobre “la cuestión de fondo”.
Varios de los concejales señalaron que Cortés “faltó a la verdad” cuando afirmó en conferencia de prensa que el municipio había perdido un juicio por daños y perjuicios entablado por Navtour. La asesora letrada del Ejecutivo, Yanina Sánchez, se presentó hoy en la Comisión Legislativa del Concejo y admitió que ese fallo no existía.
El dictamen de la comisión de Transacciones del municipio avaló en realidad el acuerdo de partes surgido de una mediación prejudicial y Sánchez dijo que allí habían definido el monto de la compensación a la firma demandante.
El presidente del Concejo, Gerardo del Río también quedó en posición incómoda porque aprobó el acuerdo como miembro de la comisión de Transacciones sin conocimiento acabado del expediente, según reconoció. Ayer fue exhortado por sus pares en otra nota formal para que “se presente y pida que se deje sin efecto el dictamen”, y también que solicite frenar los pagos convenidos,
A Del Río le pidieron en la Legislativa que confirme si ya se había librado el primer Navtour por 115.000 dólares, pero no pudo ayer aportar la información. El presidente del Concejo reconoció que su rol en transacciones no puede ser otro que llevar la postura previamente acordada en el cuerpo que representa. Algo que no ocurrió en el expediente Navtour.
Wallace dijo que “hay muchas y serias irregularidades” en el trámite encabezado impulsado por Cortés para cerrar la demanda con la empresa, que se consideró perjudicada por sucesivas negativas del municipio a concederle la habilitación comercial para una estación de servicio.
“El dictamen de Transacciones solo tiene la firma de la asesora Yanina Sánchez, no están las de los tres miembros de la comisión -argumentó la concejal-. Y el acta de la mediación tampoco es válida porque tiene la firma de las partes pero no de la mediadora. Las explicaciones fueron muy vagas e imprecisas”.
Multiplicación de dudas
Otros cuestionamientos de los concejales se centraron en el monto de 900 mil dólares aceptado por el municipio, con el argumento de que la demanda original era por 2,6 millones.
La concejal Natalia Almonacid (JSRN) hizo notar que la empresa “no tenía el alta de la Afip” y tampoco figura como contribuyente de la tasa comercial municipal. “¿Cómo se cuantifica el daño, entonces?”, se preguntó. La respuesta fue que se pidió un “promedio” de facturación de estaciones de servicios similares a la secretaría de Energía. Varios concejales lo evaluaron como inconsistente.
Otro dato que aportó Wallace es que la provincia sólo reconoció habilitación a la firma para la venta de combustible “de mayo a diciembre de 2020” y no por los cinco años de “lucro cesante” que reclamó al municipio.
Leandro Costa Brutten (Incluyendo) dijo que “no es cierto que el daño esté acreditado” y sostuvo que el municipio, en su condición de parte demandada, no puede decir que el reclamo y su cuantía es “legítimo”, porque eso “lo debe decir la Justicia”.
A su juicio, “es un escándalo lo que pasa”, porque solo con un fallo contencioso adverso “no es automática la obligación de recomponer”.
Del Río quedó con poco margen de acción y ante la exigencia de sus pares expresó su decisión de revisar lo actuado, lo cual haría caer el acuerdo cerrado en Transacciones, de la que forma parte junto al intendente y el titular del Tribunal de Contralor, y cuyas decisiones deben adoptarse por unanimidad.
Con la firma mayoritaria de sus miembros, el Concejo Municipal reclamó hoy al intendente Walter Cortés que “deje sin efecto y reconsidere los términos del acuerdo” extrajudicial que formalizó el pago de 900 mil dólares con fondos municipales a la empresa Navtour SA por la instalación fallida de una estación de servicio, más otros 90 mil dólares de honorarios.
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