Control de ausentismo: Río Negro ahorró más de $20.000 millones mediante auditorías médicas 

El mayor impacto económico se concentró en los ministerios de Educación, Salud y la Policía, que representaron el 89% del ahorro total.

Por Redacción

El Gobierno Provincial decidió ordenar la situación e implementar el sistema de auditorías médicas.

El Gobierno de Río Negro informó que logró recuperar más de $20.000 millones gracias a la implementación del sistema de auditorías médicas para el control del ausentismo en la administración pública, vigente desde septiembre de 2024. La medida permitió reducir licencias injustificadas y optimizar el uso de los recursos estatales.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la auditoría “no fue una medida aislada”. Meses antes de su puesta en marcha se detectaron circuitos de certificados médicos apócrifos y profesionales que otorgaban licencias de manera indiscriminada, con casos extremos de hasta 2.000 días de reposo emitidos por un solo médico. Estas irregularidades derivaron en denuncias penales y sumarios administrativos.

“El objetivo fue desarticular prácticas que perjudicaban al Estado y, al mismo tiempo, proteger el esfuerzo de la inmensa mayoría de los agentes que cumplen con sus responsabilidades”, indicaron fuentes oficiales.

Más de 600 mil días solicitados, casi la mitad denegados


Entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, el sistema procesó 608.493 días de licencia. De ese total, 274.616 días (el 45,13%) fueron denegados por presentar inconsistencias o no cumplir con los criterios médicos para su otorgamiento completo.

Desde el Gobierno aclararon que el mecanismo no cuestiona la dolencia del trabajador. En la mayoría de los casos se trata de una adecuación de los días otorgados, ajustando los plazos de reposo a estándares médicos para evitar excesos, garantizando siempre la recuperación real del paciente.

“La función del equipo de auditoría es estrictamente técnica: verificar que el reposo sea acorde al diagnóstico. Validar un certificado es proteger el derecho de quien realmente necesita curarse”, explicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.

Un cambio cultural y fuerte impacto económico


Los datos oficiales muestran un cambio cultural en el uso de las licencias. En octubre —el mes históricamente de mayor demanda— se registraron 14.031 días menos solicitados en 2025 en comparación con 2024, lo que confirma que la fiscalización desactivó pedidos especulativos o sin respaldo clínico.

El mayor impacto económico se concentró en los ministerios de Educación, Salud y la Policía, que representaron el 89% del ahorro total, superando los $17.000 millones. Educación, con más de 25.000 agentes, explica buena parte del ahorro por la reducción de suplencias y reemplazos.

Cada día de ausencia injustificada implica un costo significativo: el promedio estatal es de $67.000 diarios, pero asciende a $92.000 en Salud, $173.000 en la Policía, $91.000 en el Servicio Penitenciario y $65.000 en Educación.

“Administrar los recursos públicos exige responsabilidad. Detectar irregularidades es una obligación frente a cada contribuyente y una forma de defender al trabajador estatal que cumple”, remarcó Lastra.

Primer mapa de salud del empleo público


La implementación del sistema permitió además crear el primer mapa sanitario de la planta estatal, con información sistematizada sobre las principales patologías que generan licencias. Según el relevamiento anual, predominan las afecciones respiratorias (faringitis aguda y gripe) y la gastroenteritis viral, mientras que las lumbalgias, aunque menos frecuentes, demandan mayores períodos de reposo.

Cómo funciona el control de ausentismo


El procedimiento se inicia cuando el agente completa un formulario digital y adjunta el certificado médico. La auditoría externa DIENST – Salud Laboral verifica el diagnóstico y define si los días se aprueban o se ajustan.

El sistema combina consultorios presenciales en Viedma, Choele Choel, General Roca, Cipolletti y San Carlos de Bariloche, con telemedicina y auditorías especializadas, garantizando cobertura en todo el territorio provincial.

Desde el Gobierno sostienen que el sistema llegó para quedarse y lo consideran una herramienta clave de transparencia y eficiencia en la gestión del Estado.


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