Río Negro avanza con el reconocimiento facial para controlar la asistencia: cuándo empieza y cómo funcionará
El funcionario precisó que la inversión llega a 1.200 millones de pesos anuales y sostuvo que permitirá un control "más eficiente" del presentismo y de las horas extras. La "oposición real" en la Legislatura pidió informes.
Con el debate planteado, el gobierno rionegrino anunció que esta semana se inicia la instalación del nuevo sistema biométrico, con reconocimiento facial, para el control de asistencia de los agentes provinciales.
El primer equipo será instalado en el hospital de San Antonio y el valor de la implementación fue informado en 1.200 millones de pesos.
La previsión oficial de la cartera sanitaria es colocar 227 dispositivos en julio, entre los 36 hospitales y 191 centros de salud.
Los plazos y los costos
La elección no es casual. Su ordenamiento salarial es un pedido recurrente del gobernador Alberto Weretilneck, especialmente en los desembolsos de pago de guardias y de horas extras. Allí, la administración provincial pretende obtener información en tiempo real para mejorar los controles y la administración de los recursos humanos.
El objetivo
- $ 220.000
- Millones anuales son las erogaciones del ministerio de Salud por el pago de guardias y horas extras. El ministro remarcó que "es indispensable contar con herramientas modernas de control y planificación".
En declaraciones periodísticas, el ministro de Modernización, Milton Dumrauf, confirmó plazos y montos del nuevo mecanismo, a partir de que el viernes existió una reunión de funcionarios en la tarea con dirigentes de ATE. «Tenían dudas” y “se fueron con más información», manifestó.
Otros sindicatos -como UPCN y Asspur- también plantearon quejas y, el fin de semana, la bancada de Vamos con Todos lideró un pedido de “la oposición real” para “exigir explicaciones” del contrato con la empresa Airata “para implementar un sistema de control de asistencia”.
Ayer, el ministro precisó por primera vez el costo de la implementación, asegurando un convenio firmado entre Hacienda y Altec por unos 1.200 millones de pesos por un año, e incluye la compra de los equipos, el desarrollo del software y la licencia anual.
Hasta ahora, se manejaba una cifra de 1.500 millones de pesos, a partir de datos extraoficiales. Dumrauf confirmó además que Altec subcontrata parte del desarrollo con la empresa Airata.
Para justificar esa inversión, el ministro la comparó con esa erogación con los 220.000 millones de pesos anuales al pago de guardias y horas extras, remarcando que es indispensable contar con herramientas modernas de control y planificación.
En la Legislatura, la “oposición real” elevó un pedido de informe para “exigir explicaciones” del contrato para el sistema de control.
«No podemos seguir controlando con una planilla como hace 70 años. Necesitamos información de mayor calidad para organizar los servicios y tomar decisiones», sostuvo.
La protección de los datos
Otro de los ejes de la defensa oficial estuvo centrado en la protección de los datos biométricos. El funcionario aseguró que «el sistema no almacena fotografías, sino que un motor biométrico transforma las características del rostro en un código matemático encriptado, generado a partir de las distancias entre ojos, nariz, boca y otros puntos faciales. Afirmó que ese mecanismo incluso ofrece mayores niveles de seguridad que el actual de identificación mediante huella digital.
Además del fichaje en los dispositivos instalados en cada establecimiento, la plataforma permitirá registrar asistencia mediante teléfonos celulares, siempre que el trabajador se encuentre dentro del perímetro geográfico autorizado del hospital o centro de salud.
Según explicó el funcionario, el sistema también posibilitará gestionar cambios de turnos, guardias y reemplazos, dejando todas las modificaciones registradas de manera automática.
Pedido opositor de información
El presidente del bloque de Vamos con Todos, José Luis Berros, reclamó detalles de la contratación de Airata SA para “implementar un sistema de control de asistencia mediante reconocimiento facial” de los estatales rionegrinos.
La gacetilla consigna que la elevación fue respaldada por “la oposición real”, que incluye a ambas bancadas peronistas, como también, los disidentes de JSRN, Marcela González Abdala y Daniel Sanguinetti; y los tortoriellistas Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza y Claudio Doctorovich.
Berros cuestionó “la decisión del gobierno de Alberto Weretilneck de destinar cerca de 1.500 millones de pesos a una empresa privada para realizar una tarea vinculada al control del personal estatal”.
“Si el Gobierno necesita pagar 1.500 millones de pesos a una empresa para controlar si un enfermero, una docente o un trabajador estatal fue o no a trabajar, no sé cómo hará para controlar qué hace esa misma empresa con los datos biométricos que va a registrar. Tampoco sabemos cómo controla a las empresas del GNL, a las del oleoducto o a las mineras”, sostuvo Berros.
Además, aludió a las “versiones que apuntan a que la firma contratada por Altec tiene vínculos con dirigentes políticos a nivel nacional” y, por eso, insistió en conocer datos de lo pactado.
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