Denunciaron al intendente de Bariloche por abusar de su función para aumentar las tasas
La concejal de la oposición Julieta Wallace presentó esta jueves la denuncia ante el Tribunal de Contralor Municipal. Pidió que dicte una medida para evitar el cobro de los aumentos, que dispone la resolución dictada por el jefe comunal. Y solicitó que se inicie un sumario administrativo.
La concejal de la oposición Julieta Wallace presentó este jueves en el Tribunal de Contralor Municipal una denuncia contra el intendente de Bariloche, Walter Cortes, por abuso en el ejercicio de su funciónaumentar las tasas y otros impuestos.
Según Wallace, el jefe comunal dictó una resolución, el 29 de diciembre pasado, “que a todas luces resulta ser ilegal, arbitrario y confiscatorio por cuanto dispone un aumento del modulo fiscal sin base o sustento legal; dejando el Estado Municipal al borde de una lluvia de reclamos administrativos y judiciales que ocasionarán perjuicio al erario público”.
“En función de la gravedad de la situación y al efecto de evitar un perjuicio mayor a los miles de contribuyentes de Bariloche y al erario municipal, solicito se levante la suspensión de plazos que impone la Feria Judicial para ese Tribunal”, planteó la concejal del bloque Incluyendo Bariloche.
Pidió al presidente del Tribunal de Contralor, Estanislao Cazaux, que le imprima a la denuncia “carácter de urgente despacho y se tome una definición sin maniobras dilatorias. Requirió que se respete tajantemente la competencia de ese Tribunal y la imparcialidad que debe primar en las definiciones de ese organismo de control, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales que correspondan por incumplimiento a los deberes de funcionario público”.
También, solicitó a Cazaux, que dicte de manera inmediata la medida que a juicio de ese Tribunal “evite la liquidación actual o futura de las respectivas tasas de servicios municipales, Tish y los otros tributos dispuestos en las ordenanzas 2374-CM-12, con el aumento ilegal del modulo fiscal dictado por el intendente en la Resolución 3203-I-25”.
Cortes se encuentra en Madrid, España, donde participa de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).
La legislación vigente
Wallace relató en la denuncia que el 18 de diciembre de 2025, el Concejo Municipal rechazó por mayoría el proyecto de ordenanza presentado por el intendente relacionado con la actualización de las ordenanzas fiscal y tarifaria respectivamente.
Indicó que el rechazo de la actualización de los tributos municipales y sus tarifas “implica sin más, que la legislación vigente entonces, es la actualización de ambas ordenanzas otorgadas por ordenanza para el año 2025”.
Recordó el artículo 4 de la Ordenanza 2375. “Se establece el módulo fiscal como unidad de medida no monetaria para la expresión de los valores mínimos y fijos de la presente ordenanza y como medida de referencia cuando otras ordenanzas, convenios, contratos o resoluciones así lo establezcan, con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025”.
Explicó que la normativa vigente establecía que el valor del módulo fiscal fijado en el artículo 1 se ajustaría el 30 de junio del 2025 “en base a la evolución del Índice Municipal de Actualización Tributaria (IMAT) que se conformará considerando la variación de los insumos de mayor preponderancia en el costo de los servicios municipales”.
Esa actualización toma en cuenta la “variación del salario de los empleados municipales, con un factor de ponderación del 75%, y precio del gasoil grado 3 en surtidor en el ejido municipal, con un factor de ponderación del 25%”.
La normativa vigente aclara que “el incremento del módulo fiscal con la aplicación del ajuste precedente no podrá exceder en más al porcentaje de incremento interanual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE)”.
El intendente no puede actualizar las tasas, según la denunciante
“De la lectura del artículo transcripto en su integridad para su mayor comprensión, se advierte que la única actualización del módulo fiscal autorizada por la legislación municipal vigente, fue la ya realizada en junio de 2025, debiendo el Ejecutivo Municipal publicar su actualización”, advirtió Wallace.
“Nótese que el artículo habla de una única actualización, habla en singular. Ergo, la normativa vigente no prevé ni autoriza al Departamento Ejecutivo a realizar nuevas actualizaciones más allá de la del 30 de junio de 2025”, recalcó la concejal de la oposición.
“Es en ese entendimiento, que la Resolución N.º 3203-I-25 es ilegal, por tanto el intendente Walter Cortes ejerció de manera abusiva y contraria a derecho, su función de intendente municipal al establecer un aumento del modulo fiscal que no puede autorizar, por carecer de competencia y atribución específica para hacerlo”, sostuvo.
“El aumento del módulo fiscal de 373 pesos (última actualización autorizada de junio 2025) a 395 pesos (aumento ilegal por Resolución 3203-I-25) implica un aumento en términos reales de los tributos, y ello es ilegal”.
Julieta Wallace, concejal de Incuyendo Bariloche
“El intendente lo disfraza como una preservación real de los tributos pero en rigor, y si acaso lo fuera, no tiene atribución legal para hacerlo. Sólo el Concejo Municipal tiene facultades para ello, conforme artículo 38 de la Carta Orgánica Municipal”, destacó Wallace.
Las obligaciones del Tribunal de Contralor
La concejal le recordó a Cazaux que el Tribunal de Contralor “tiene dentro de sus facultades la obligación legal de fiscalizar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos administrativos y que debe investigar, de oficio o por denuncia, toda transgresión por parte de los agentes y funcionarios municipales a las normas que rijan la gestión administrativa, financiera y patrimonial del Municipio”.
También, tiene la obligación de “denunciar ante la justicia competente los hechos que como consecuencia de las investigaciones practicadas sean considerados como presuntos delitos, constituyéndose como parte querellante en la causa penal a que diera origen dicha denuncia, es que se le solicita a través de la presente denuncia su competente intervención, recordando que a omisión de este deber constituye incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Wallace solicitó a Cazux que se inicie sumario administrativo de investigación contra el intendente “a efectos de investigar la responsabilidad por su conducta, a piori dolosa en el dictado de la Resolución 3203-I-25 y su eventual juicio administrativo de responsabilidad, formulando los cargos que corresponda”.
Eventuales juicios de los contribuyentes
“Es importante mencionar que el aumento de tributos sin ley previa podría implicar una lluvia de recursos administrativos y eventuales juicios por parte de los contribuyentes contra el Estado municipal, ocasionando desde ya un claro y evidente perjuicio al erario publico por los costos judiciales y de honorarios profesionales que podrían incurrir”, advirtió la denunciante.
Aclaró que “no importa si es “mucho” o “poco” el aumento, o si el intendente lo disfraza como una “revalorización”, lo que importa y es el eje principal de esta denuncia es el debido y correcto funcionamiento del Estado Municipal y el cabal respeto a la división de poderes”.
Planteó que “Cortes traspasa esa división, se entromete en funciones que no le corresponde y pone en grave riesgo institucional al Estado municipal, a la vez que dispone de manera ilegal del dinero de los vecinos de Bariloche, convirtiendo este acto administrativo en confiscatorio”.
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