El arraigo pesará en los concursos para ingresar al Poder Judicial de Neuquén
La Legislatura busca reformar la ley 2533 para valorar entre los antecedentes la residencia en la provincia. Aún no hay acuerdo sobre cuál debe ser el puntaje que se otorgue por este "plus".
El arraigo será un ítem que comenzará a valorarse en los concursos que organiza el Consejo de la Magistratura de Neuquén para elegir jueces, fiscales y defensores.
La propuesta fue presentada por el diputado radical, César Gass, junto al proyecto que habilita la reelección indefinida en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.
Los concursos judiciales tienen tres etapas. La primera es la ponderación de los antecedentes del candidato o candidata. Esto incluye puntuar la antigüedad en el ejercicio de la profesión, títulos de posgrados, maestrías y doctorados, docencia universitaria, publicaciones jurídicas y de investigación, dictado de conferencias, concurrencia a congresos.
Cada uno de los siete consejeros otorga una calificación por estos ítems. El total que se puede acumular en esta instancia es de 40 puntos.
El proyecto de Gass lo que hace es agregar un inciso al artículo 22 de la ley 2533, que regula el funcionamiento del Consejo. Establece que se le dará hasta dos puntos a quien acredite una residencia en la provincia superior a los dos años. Para eso se modificaría también el tope por antigüedad en el ejercicio de la profesión, que pasaría de siete a cinco puntos con el fin de conservar el máximo de 40 totales.
Según explicó el diputado en los fundamentos de la iniciativa, «si bien el arraigo puede resultar gravitante para el ejercicio de la magistratura judicial, actualmente no es un requisito para acceder al cargo ni un elemento ponderado legalmente, por lo que queda dentro de las posibilidades de cada consejero merituarlo discrecionalmente, como ha ocurrido en la práctica».
Aseguró que «un funcionario judicial arraigado garantiza una mejor comprensión del contexto social en el que aplicará las leyes».
Hay consenso
El tema fue tratado en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura donde cosechó en general adhesiones, salvo en un aspecto: la calificación. Para el diputado del MPN, Claudio Domínguez, que además fue consejero, valorar con «dos puntos» la residencia «es mucho» y sugirió que sea un punto como tope.
Explicó que si los siete consejeros otorgan el máximo por arraigo que fija el proyecto, solo por ese ítem un candidato o candidata recibiría 14 puntos.
«Está bien que se tenga esa ventaja, pero tenemos que tener en cuenta estas cosas», agregó el legislador. De lo contrario, dijo, no van a venir a concursar de otras provincias.
El diputado peronista, Darío Martínez, coincidió en ese aspecto y sostuvo que la «residencia» no puede terminar siendo más importante que la «capacidad técnica y profesional».
Francisco Lepore, legislador de Avanzar que antes se desempeñó como asesor legal del Consejo, manifestó que la mayor disparidad está entre «los abogados y los que vienen haciendo carrera judicial», por que estos últimos acumulan «años por el ejercicio del cargo y por qué tienen licencia para estudiar, para rendir». De todas formas estuvo de acuerdo en que se meritúe el arraigo.
Afirmó que la modificación que pide Domíguez es razonable. «El martes que viene tratémoslo y saquemos despacho», planteó Lepore. Sin embargo ayer la comisión se suspendió. Su presidente, Ernesto Novoa, confirmó a Diario RÍO NEGRO que están en tratativas para conseguir los apoyos y votarlo.
Estos últimos años hubo designaciones de funcionarios judiciales oriundos de otras provincias, sobre todo en la fiscalía. Entre estos nombramientos están los de Gastón Ávila, Rocío Rivero y Paula Yerfino.
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