El Gobierno acelera la reglamentación de la reforma laboral y busca blindarla ante los amparos
El proceso de reglamentación involucra a distintas áreas del Gobierno, entre ellas los ministerios de Desregulación y Transformación del Estado, Economía y Trabajo, además de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El Gobierno nacional avanza a contrarreloj en la reglamentación de la reforma laboral y apunta a oficializarla durante abril, en un contexto atravesado por presentaciones judiciales que ya lograron frenar parcialmente su aplicación. Desde la Casa Rosada aseguran que no habrá cambios de fondo en el contenido de la ley y que la estrategia apunta a reforzarla jurídicamente frente a los cuestionamientos.
El Ejecutivo puso en marcha el circuito administrativo para cerrar el decreto reglamentario de la Ley 27.802, sancionada por el Congreso el pasado 27 de febrero. En ese marco, fuentes oficiales remarcan que la decisión política es avanzar sin “morigerar” ninguno de los puntos centrales, aunque admiten que el texto buscará fortalecer aquellos aspectos más sensibles ante posibles impugnaciones.
La estrategia legal es coordinada entre la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Legal y Técnica, con el objetivo de unificar las causas judiciales en el fuero Contencioso Administrativo y, eventualmente, llevar la discusión hasta la Corte Suprema. “Se busca concentrar los procesos para responder de forma coordinada a todos los frentes judiciales”, indicaron desde el oficialismo.
El proceso de reglamentación involucra a distintas áreas del Gobierno, entre ellas los ministerios de Desregulación y Transformación del Estado, Economía y Trabajo, además de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que tendrá un rol clave en la implementación de aspectos vinculados a la registración laboral y las obligaciones de seguridad social.
Entre los puntos que requieren definición reglamentaria se destacan el nuevo artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece sistemas de pago para prestaciones sin relación de dependencia; el artículo 52, que delega en ARCA la normativa de registración; y el artículo 92 ter, referido a la seguridad social en contratos a tiempo parcial.
Uno de los ejes bajo mayor seguimiento es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuya implementación es considerada prioritaria. En el Gobierno analizan incluso la posibilidad de direccionar esos fondos hacia instrumentos financieros como colocaciones del Tesoro.
La aceleración del decreto también se enmarca en una estrategia más amplia del oficialismo para reordenar el mapa judicial laboral. En ese sentido, no descartan avanzar con la transferencia de competencias laborales desde la órbita nacional a la Ciudad de Buenos Aires, como parte de un esquema que refuerce el “blindaje” institucional de la reforma.
En el Ejecutivo confían en que la reglamentación permitirá dotar de mayor solidez técnica a la ley, especialmente en dos aspectos clave: su aplicación sobre relaciones laborales ya existentes y la implementación de los nuevos mecanismos previstos. Sin embargo, en la mayoría de los despachos oficiales ya descuentan que la disputa terminará resolviéndose en la Corte Suprema.
Con información de TN.
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