Con 237 votos a favor, Diputados aprobó la nueva ley de discapacidad y el proyecto pasó al Senado

La pulseada por la ley de discapacidad terminó con una inesperada fumata blanca en la Cámara de Diputados: La Libertad Avanza aceptó prácticamente todos los cambios que reclamaban aliados y opositores, y se aprobó un proyecto unificado por más de dos tercios de los votos. La iniciativa recibió 237 votos positivos, 9 negativos y 4 abstenciones, tras una tarde de fervientes negociaciones donde perdió fuerza la idea de prorrogar la Ley de Emergencia.

Los seis cordobeses alineados al gobernador Martín Llaryora, así como Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba) y Gabriela Estévez (Unión por la Patria) fueron de los pocos que votaron en contra y se mantuvieron firmes en extender la Emergencia, tal como siguen pidiendo las organizaciones civiles de la provincia incluso con las últimas modificaciones.

La Mesa de Discapacidad de Córdoba, ATI (Asamblea de Trabajadores de la Inclusión), Federación Converger, el Colectivo 3 de Diciembre (transportistas) y CAPREDIS (Cámara de Prestadores de Discapacidad de la Provincia de Córdoba) se quejaron de que el sector no fue convocado a debatir y desconfían de que el Gobierno cumpla la futura ley.

«Nos cuesta pensar que esto es un gesto de apertura y no una necesidad coyuntural de estar en condiciones para la venida del Papa León XIV y mostrar algo que no sucede hace tres años», sospechó De la Sota. «Votamos el mandato de las organizaciones. La palabra del Gobierno está devaluada«, argumentó Carolina Basualdo (Provincias Unidas).

Laura Rodríguez Machado, quien se cargó al hombro el tema en nombre de La Libertad Avanza, les salió al cruce con una chicana electoral. «Los diputados de Llaryora dicen que los colectivos de discapacidad no fueron escuchados. Tal vez de una vez por todas haga falta en Córdoba cambiar de interlocutor político. No nos trajeron ni una coma ni un renglón«, contraatacó la cordobesa.

Pasada la medianoche se impuso finalmente el nuevo proyecto libertario, que ahora pasó al Senado. La votación fue monitoreada por Karina Milei, secretaria General de Presidencia, quien desembarcó en el Congreso poco después de las 22. La funcionaria es investigada por el presunto cobro de coimas del 3% en la causa ANDIS.

Cómo se negoció el acuerdo

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Rodríguez Machado y su par de La Libertad Avanza Giselle Castelnuovo, una diputada que responde a Eduardo «Lule» Menem, estuvieron al frente de las tratativas. Del lado de la oposición, la exministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y el exgobernador misionero Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal) fueron quienes llevaron todos los planteos que fueron receptados.

El papel de Herrera Ahuad fue protagónico. El misionero, que padece una discapacidad auditiva y tiene contacto con las organizaciones, preside un bloque de nueve integrantes que puede torcer las votaciones y que viene endureciéndose frente al Gobierno. En la previa amenazaba con abstenerse si el oficialismo no concedía un pliego de cinco pedidos.

El kirchnerismo, por su parte, llegaba al recinto con la propuesta de prorrogar la Emergencia por un año. Esa iniciativa era compartida por Provincias Unidas (incluido el cordobesismo), la izquierda y los catamarqueños de Raúl Jalil. Las organizaciones del sector habían pedido esa prórroga como garantía ante el vencimiento de la ley a fin de año.

Los libertarios se rehusaban al concepto de emergencia y habían elaborado un proyecto «superador», aunque el Gobierno (en la voz del secretario de Hacienda, Carlos Guberman) reveló públicamente que no lo avalaba y generó incertidumbre. En paralelo, los aliados presionaban por mejoras. «A la palabra ‘superador’ le faltaban detalles, le faltaban certezas», dijo Herrera Ahuad.

Así fue como, en pos de ponerle punto final al tema, el oficialismo apeló al pragmatismo: aceptó más cambios y dejó a Unión por la Patria sin argumentos para imponer su dictamen. «Vamos a aceptar todas las modificaciones», confirmó el presidente de la Comisión de Discapacidad, el libertario Gerardo Huesen. Hubo aplausos en el recinto, algo inusual en tiempos de gritos e insultos.

En ese renovado clima, el autor del proyecto para prorrogar la Emergencia, Juan Marino, anticipó el apoyo de Unión por la Patria. Pero advirtió: «Demos una lucha para que esto se cumpla, acompañemos los reclamos de las organizaciones que van a ir a la Justicia a reclamar que el Ejecutivo cumpla con la ley». La izquierda, en cambio, se abstuvo. «No creemos en esta concordia ni en esta concertación», desconfió Romina Del Plá.

Qué cambia con la ley de discapacidad

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Todas las concesiones que hizo La Libertad Avanza van a contramano de lo que había propuesto el Ejecutivo en el Presupuesto. Lo principal es que se especificaron en detalle las partidas presupuestarias que se utilizarán para financiar la ley. Si la demanda excede los fondos disponibles, se pagará mediante las obligaciones a cargo del Tesoro (Jurisdicción 91 del Presupuesto).

También se estableció que «las leyes de Presupuesto deberán garantizar un crédito presupuestario suficiente que asegure la sostenibilidad real y permanente del sistema. El ingreso por beneficiario no podrá ser inferior en términos reales al contemplado en el ejercicio inmediato anterior«.

Además, se fijaron en el texto de la ley los requisitos para otorgar pensiones por discapacidad. El dictamen libertario dejaba librados esos parámetros a la reglamentación, algo que abría una puerta a la discrecionalidad.

Otra de las modificaciones acordadas fue para asegurar la cobertura de salud a los beneficiarios de todas las pensiones, tanto las Pensiones No Contributivas por Discapacidad como las Pensiones por Invalidez Laboral. Se aclaró que no solamente se habla de Incluir Salud, sino de cualquier programa que lo reemplace en el futuro.

Asimismo, se ajustó lo que tiene que ver con el cronograma de pago a prestadores por deudas acumuladas en los últimos años. Si al momento de aprobarse la ley no se saldaron estas compensaciones, la Secretaría de Discapacidad deberá notificar el cronograma de pago en un plazo de 30 días corridos, y deberá cancelar todas las deudas en 90 días corridos.

El dictamen original del oficialismo ya mantenía derechos como la homogeneidad y universalidad del Nomenclador de Aranceles, con actualización mensual por inflación. También respetaba la compatibilidad entre tener una pensión y un empleo formal. El Poder Ejecutivo pretendía terminar con ambas cuestiones en el Presupuesto que mandó al Congreso.

«La sensibilidad social no se contrapone con la responsabilidad fiscal. Buscamos consensos tal como se debe hacer en este Congreso», se plantó Rodríguez Machado.

El titular de la comisión, el libertario Huesen, destacó: «Las personas con discapacidad no pueden vivir con una emergencia permanente ni depender de una negociación política cada vez que quieran ejercer sus derechos. Este dictamen supera esta lógica y establece reglas permanentes«.

Finalmente, su par Castelnuovo aportó: «Tenemos una oportunidad histórica de reconocernos unidos. Hoy podemos admitir todos que hay una deuda histórica de muchos años y que debemos reafirmar los derechos consagrados en la Ley de Emergencia. Enviamos un mensaje contundente de que queremos una política de Estado».