El Gobierno recorta la Ley Malvinas a último momento para buscar su aprobación en Diputados

Antes del inicio de la sesión a las 12:00, la Secretaría Legal y Técnica circuló un nuevo borrador entre los bloques dialoguistas para intentar asegurar la mayoría especial que exige el capítulo electoral. El texto cambia el nombre del Consejo de Seguridad, acota las penas por campañas extranjeras en redes sociales y limita el alcance sobre proveedores, aunque persisten las objeciones constitucionales.

Por Naira Torres Bel

Los proyectos que se tratarán antes de la votación del Presupuesto 2027. Foto: Gentileza NA.

El Gobierno llega al recinto de la Cámara de Diputados este miércoles a las 12:00 con los votos asegurados para aprobar en general la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional (conocida como Ley Malvinas), pero con el articulado en particular todavía abierto.

Para destrabar la resistencia de los bloques aliados, la Secretaría Legal y Técnica envió un borrador de última hora con modificaciones sobre el diseño del nuevo organismo de defensa y las sanciones por injerencia extranjera.

La iniciativa, impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo, nació para castigar a las empresas que exploten recursos naturales en las islas sin autorización argentina, pero amplió su alcance hacia infraestructuras críticas y procesos electorales. El principal obstáculo para el oficialismo radica en el Título VII: al modificar la ley de partidos políticos y el Código Penal, requiere una mayoría absoluta de 129 votos afirmativos que La Libertad Avanza aún no tiene garantizados.


Qué cambia en el borrador de última hora


Según publicó La Nación, tras las reuniones de la semana pasada con los bloques dialoguistas, el Ejecutivo aplicó recortes específicos para evitar que el capítulo penal caiga durante la votación en particular:

  • Nuevo nombre y menos sillas: el proyectado Consejo de Seguridad Nacional pasará a llamarse Consejo de Asuntos Estratégicos. Además, el Ministerio de Seguridad —conducido por Alejandra Monteoliva— dejará de integrarlo de forma permanente y solo será convocado cuando se requiera el uso de fuerzas de seguridad.
  • Recorte en delitos electorales (Artículo 129): el texto elimina la palabra «sabotaje» y quita la referencia a acciones destinadas a «afectar la libre formación de la voluntad política».
  • Protección en redes sociales: quedan excluidos de sanciones penales los ciudadanos que compartan o adhieran a contenidos en redes sin recibir financiamiento ni instrucciones de agentes extranjeros. Para configurar delito, el autor deberá conocer la naturaleza de la campaña y actuar con esa finalidad específica.
  • Aeroespacio: se amplía su definición legal para incluir expresamente el espacio aéreo y ultraterrestre.

Por qué persiste el rechazo de los aliados


Pese a los ajustes, los negociadores de los bloques aliados advierten que la redacción sigue siendo amplia y podría vulnerar derechos constitucionales. Un diputado que participa de las tratativas cuestionó el enfoque punitivo del artículo 129 al señalar que, «definida por la negativa, queda todo adentro y es el ciudadano el que tiene que demostrar que se encuadra en una excepción», advirtiendo que la norma podría alcanzar actividades legítimas de sindicatos, cámaras empresariales u organizaciones sociales.

El mismo legislador objetó que la prohibición de financiamiento extranjero se extienda a la organización y dirección de campañas, lo que impediría contratar consultores internacionales.

Aunque Unión por la Patria (UP) presentó un dictamen de minoría que coincide en sancionar la explotación ilegal de recursos en Malvinas y la plataforma continental, el bloque opositor objeta dos puntos centrales del proyecto oficial:

  • Control sobre inversiones provinciales (Artículo 111): el proyecto somete a revisión del Consejo de Asuntos Estratégicos las inversiones de Estados extranjeros o empresas controladas por ellos en sectores como energía, hidrocarburos, minería y telecomunicaciones. Desde UP advirtieron que esto afectará la autonomía de las provincias: «Si una provincia quiere licitar un servicio que provee, por ejemplo, Huawei o Cofco, con participación del gobierno chino, incluso Petrobras, le tiene que pedir permiso al Consejo». (El texto aclara que quedan exceptuadas las relaciones comerciales ordinarias sin control o acceso a tecnología sensible).
  • Exención de multas: el peronismo rechaza el régimen de Desistimiento y Regularización, que permite a las empresas infractoras abandonar las actividades objetadas para evitar sanciones económicas.

El resto del temario de hoy


Más allá de la pulseada por la Ley Malvinas, la sesión de este miércoles en Diputados incluye otros cinco puntos:

  • Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
  • Acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).
  • Enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios.
  • Transferencia de competencias judiciales penales y de menores a la Ciudad de Buenos Aires.
  • Modificaciones al marco regulatorio de las pymes.


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