El oficialismo busca acuerdos en el Senado para avanzar con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada
El ministro Sturzenegger defendió el proyecto en comisiones y La Libertad Avanza va por el dictamen. El Gobierno aceptará retoques al texto. La libre venta de tierras a extranjeros y la utilización de tierras incendiadas, entre los puntos críticos.
El oficialismo busca consensos para avanzar con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
Tras la sanción de la normativa sobre glaciares, La Libertad Avanza busca consensos para avanzar con la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”. Se trata de un proyecto relevante para el paradigma libertario que busca, entre otras cosas, liberar la compra de tierras rurales a privados extranjeros, permitir el uso productivo o la venta de tierras después de un incendio, y establecer requisitos más estrictos para las expropiaciones.
El proyecto fue defendido esta semana por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado. El Gobierno aceptará retoques al texto a cambio de apoyos de aliados, con el objetivo de votarlo en el recinto a fin de mes.
La iniciativa introduce cambios en materia de expropiaciones, desalojos, tierras rurales, Ley de Manejo del Fuego, barrios populares y registros inmobiliarios. “Todos los temas son importantes para el respeto pleno de la propiedad privada. En ninguno hubo una oposición brutal, sino más bien planteos técnicos puntuales que obviamente se pueden conversar”, explicaron a La Voz desde el Poder Ejecutivo.
Uno de los puntos que despertó dudas y críticas en el debate es la autorización para la compra indiscriminada de tierras por parte de privados extranjeros. Para eso se modifica la Ley 26.737, que puso limitaciones como un tope de 1.000 hectáreas para un mismo titular. Para el Gobierno, estas restricciones implican una “violación de la Constitución”, un “bloqueo a las inversiones en el sector rural” y una “reducción en el valor de la tierra”.
“Una pastera en Corrientes podría dar origen a cinco inversiones de 2.000 millones de dólares cada una: son 10.000 millones de dólares de inversiones que no se pueden dar por esta ley”, lamentó Sturzenegger.
La senadora chubutense Edith Terenzi, una de las aliadas que necesita el oficialismo a la hora de los votos, planteó inquietudes. “En Chubut tenemos más de 200.000 km2 de superficie con zonas de amplio valor estratégico, cuencas hídricas, áreas hidrocarburíferas, corredores turísticos y zonas de potencial minero. Me preocupa que sin límites cuantitativos para la propiedad de los extranjeros, el gobierno provincial pierda el argumento legal de cuestionar la concentración de tierras en capitales foráneos”, advirtió.
Sturzenegger intentó despejar sospechas y alentó a “perder el miedo” al ingreso de capitales extranjeros. “Lázaro Báez tiene muchas propiedades en Santa Cruz, ¿preferimos más Lázaros Báez o capitales internacionales que aumenten la productividad?”, chicaneó en alusión al empresario vinculado al kirchnerismo.
Explicó además que cuando los interesados en comprar sean Estados extranjeros o personas jurídicas con participación estatal (en lugar de privados) sí se mantendrá la autorización previa, de modo de “resguardar la soberanía y la seguridad nacional”. “El individuo que viene a invertir no es un riesgo para la soberanía. Si hay un riesgo es la participación estatal”, dijo el ministro.
Ante los reparos que plantearon las senadoras Terenzi y Cristina López (Unión por la Patria-Tierra del Fuego) sobre los riesgos en las zonas de frontera, Sturzenegger aclaró que en esos casos se mantiene el marco legal vigente, pero propuso revisarlo a futuro. “No es bueno para el tema productivo de Tierra del Fuego que el 100% de la superficie esté bajo ese régimen”, consideró.
Por otra parte, el proyecto deroga artículos de la Ley de Manejo del Fuego que prohíben modificar el uso que se les daba a las tierras antes de un incendio; hacer subdivisiones, loteos y ventas; o bien realizar emprendimientos inmobiliarios, en un plazo de entre 30 y 60 años después del fuego, ya sea intencional o no.
Según el Gobierno, con esos artículos se quiso extender la protección que rige para los bosques nativos a todo tipo de ecosistemas con el fin de “asegurar la correcta restauración” de la tierra, pero el resultado fue negativo.
“Si yo tengo un bosque implantado y se me quema (lo que ya es una catástrofe para mi como productor), y mientras espero que vuelva a crecer el bosque quiero hacer ganadería en esa zona, no lo puedo hacer. O no puedo hacer cebada si antes hacía trigo. No sé bajo qué lógica se pensó que tenía sentido extender la protección de bosques nativos a la producción agropecuaria”, señaló Sturzenegger.
En materia de expropiaciones, el proyecto establece requisitos más estrictos. “Tienen que ser específicas y estar bien fundadas”, afirmó Sturzenegger. Se indica que el valor debe determinarse antes de cualquier distorsión generada por la propia expropiación; se incorpora el lucro cesante; y se limita la ocupación temporánea anormal.
Por otra parte, la iniciativa busca “corregir demoras estructurales” en los procesos de desalojo: se establece un trámite sumarísimo con acreditación del título o posesión legítima, lo que según el Gobierno reduce tiempos e incentivos que hoy benefician al ocupante ilegítimo.
En otro orden, intentan subsanar el “fracaso” de una ley impulsada por el dirigente y ahora diputado Juan Grabois que creó el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. Apuntan que en sus diez años de vigencia se regularizó menos del 0,1% de la superficie administrada por RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares).
En ese sentido, el proyecto reemplaza el actual sistema centralizado por uno que reincorpora a provincias y municipios como actores esenciales en la regularización dominial, y habilita “instrumentos jurídicos concretos para avanzar en resoluciones efectivas”.
Por último, se contempla la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble, ya que hoy gran parte de los registros inmobiliarios del país opera sobre soporte físico, lo que genera demoras y costos que frenan muchas transacciones. La iniciativa incorpora digitalización, firma digital y una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria para gestionar certificados e informes de cualquier registro del país de forma remota.
Corresponsalía Buenos Aires.
Tras la sanción de la normativa sobre glaciares, La Libertad Avanza busca consensos para avanzar con la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”. Se trata de un proyecto relevante para el paradigma libertario que busca, entre otras cosas, liberar la compra de tierras rurales a privados extranjeros, permitir el uso productivo o la venta de tierras después de un incendio, y establecer requisitos más estrictos para las expropiaciones.
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