Estafa con planes sociales en Neuquén: en búsqueda de la lista definitiva de testigos

Luego de dos días de negociaciones reservadas, la fiscalía, la fiscalía de Estado y las defensas de los 17 imputados por la estafa con planes sociales en Neuquén tratarán de acordar este jueves en una audiencia pública la lista definitiva de testigos y la prueba documental que será utilizada en el juicio.

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Como informó diario RÍO NEGRO, sólo la fiscalía de Delitos Económicos ofreció 266 testigos, 22 peritos, 522 documentos (hay decretos, resoluciones, informes técnicos, oficios) y 247 secuestros (dispositivos electrónicos, cheques, tarjetas, cuadernos, listados). Las defensas adhirieron a esas pruebas y a su vez propusieron otras. Ya se habla de un juicio oral que se extenderá por lo menos dos meses.

El lunes, en la última audiencia pública, la jueza Carina Álvarez propuso que acusación y defensa traten de arribar a convenciones probatorias. Es decir, ponerse de acuerdo en aquellos puntos que no son materia de controversia y que no es necesario debatir en el juicio con testigos o documentos.

Intereses contrapuestos

Pero con tantos imputados y tantos intereses contrapuestos no es sencillo. Hay personas que la fiscalía llamativamente no quiere citar a declarar, y otras que algunos defensores prefieren que no se presenten en el juicio porque arruinan su estrategia.

En un legajo atravesado por cuestiones políticas y partidarias nada queda librado de sospechas. El miércoles varios se preguntaron, por ejemplo, por qué razón el abogado e imputado Alfredo Cury asumió como querellante en un caso aparentemente desconectado de la estafa: la desaparición de Luciana Muñoz.

Lo primero que hizo Cury fue anunciar que pedirá que Rolando Figueroa reciba a la madre de la joven desaparecida. ¿Es un atajo por el que el imputado busca llegar como sea al gobernador, al que ya denunció penalmente, pidió su juicio político y citó como testigo, todo a la vez, por contradictorio que sea?

Asociación ilícita

También el lunes, la jueza Álvarez aceptó la acusación fiscal contra 17 imputados, que serán sometidos a juicio por un tribunal de tres jueces profesionales, por los presuntos delitos de sociación ilícita, fraude a la administración pública y uso indebido de tarjeta de débito. La cantidad de hechos fueron 9.303. 

La magistrada aclaró, como informó este medio, que la existencia de los delitos mencionados deberá probarse en el juicio. Su decisión fue de calificación legal, según la propuesta técnica y jurídica que le presentaron la fiscalía y las defensas.