Estafa con planes sociales en Neuquén: la secuencia que haría vencer los plazos y pone en riesgo la causa
A punto de cumplirse cuatro años de investigación, el Código Procesal exigiría el sobreseimiento de los acusados. Por qué el Tribunal Superior podría intervenir en la causa. El jueves habrá una audiencia preliminar.
La investigación de la estafa con planes sociales en Neuquén tuvo largos períodos de inactividad que ahora se lamentan: ya se prevé que cuatro años no serán suficientes para dar por terminado el proceso por lo que correspondería dictar el sobreseimiento de todos los imputados. Sin embargo, hay consenso en que el Tribunal Superior de Justicia intervendrá a último momento -si es necesario- para impedirlo.
Hoy se cumplen 3 años, 4 meses y 7 días desde la primera formulación de cargos en la causa, es decir que faltan menos de 9 meses para que se cumpla el cuarto aniversario. El artículo 87 del Código Procesal Penal de la provincia de Neuquén es estricto: «transcurrido ese plazo (sin que el proceso haya llegado a su fin) se producirá la extinción de la acción penal y deberá dictarse el sobreseimiento del imputado».
Ese artículo fue declarado inconstitucional en 2023 por el Tribunal Superior de Justicia, que se plegó a la doctrina de la Corte en un fallo conocido como «Price» aplicado para un caso de Chubut y que ahora también se impuso en la provincia de Río Negro.
Por eso hay consenso -léase, pasividad- en la fiscalía y en las defensas: «ninguno de los 12 condenados quedará sobreseído por vencimiento del tiempo procesal», dijo un defensor a diario RÍO NEGRO.
Un juez, que no interviene en esta causa, opinó igual. «Si aplicaron el precedente de Price en Estarli, que fue un hecho culposo (un homicidio en accidente de tránsito), no hay ninguna posibilidad de que hagan lugar a una impugnación en planes sociales».
Etapas y tiempos
¿Y cuáles son las etapas que faltan y cuánto tiempo insumirán? O en otras palabras, ¿cuándo quedará firme el fallo? El cálculo que hizo este diario partió de la base de que el Tribunal de Impugnación confirmará la sentencia de primera instancia que impuso penas de prisión efectivas y otras en suspenso.
Si no lo hace y en cambio ordena un nuevo juicio, habrá que tirar el almanaque y usar otro.
Las audiencias ante el TI se realizarán entre el 27 de julio y el 12 de agosto. A partir de esa fecha los jueces Federico Sommer, Mauricio Macagno y la jueza Liliana Deiub dispondrán de 20 días para dar a conocer la resolución.
Nueva audiencia el jueves
Esto también puede modificarse. El jueves ha hará una audiencia preliminar entre los tres magistrados de Impugnación, la fiscalía y los defensores para rediscutir la fecha, establecer si habrá doble jornada o no, y qué otra medida se podría adoptar para acortar los plazos. ¿Trabajar en la feria? Difícil.
Después se abre un período para que la fiscalía y la defensa presenten por escrito lo que se llama la impugnación extraordinaria, que es la apelación ante la sala penal del TSJ.
Los vocales de esta sala pueden convocar a su vez a una audiencia para escuchar los argumentos en forma oral, y luego disponen de 30 días para dictar sentencia.
Llegar a la Corte
Contra ese fallo se puede presentar un recurso extraordinario federal, para llegar a la Corte Suprema. Si el TSJ lo rechaza, recién en ese momento se termina el proceso y la sentencia se convierte en «ejecutable»; es decir, si hay penas de prisión efectiva y el imputado está en libertad -como ocurre en el caso Planes Sociales-, es detenido y empieza a cumplir la condena.
La estimación es que cumplir todo ese ciclo consumirá días hasta más allá del 29 de noviembre, por lo que el Tribunal Superior decretará nuevamente que el plazo de 4 años (para casos complejos, de 3 para casos comunes) es inconstitucional en cuanto a las consecuencias que prevé para su incumplimiento: el sobreseimiento del imputado.
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