Estafa con planes sociales en Neuquén: quién es quién en el juicio oral
Después de 19 audiencias y más de 50 testigos están más definidos los perfiles de los imputados y sus defensores. También la estrategia que despliega la fiscalía.
Está quien anota con prolijidad mientras declaran los testigos, está quien le pasa papelitos todo el tiempo a su abogada. También el que parece indiferente, pero en los cuartos intermedios se arrima a otros imputados para intercambiar impresiones. Y no falta el que se encarga de mantener la temperatura justa del termo para mate o café, imprescindibles en las largas jornadas. El juicio oral por la estafa con planes sociales en Neuquén es una obra por entregas con final abierto en la que nadie está por su propia voluntad.
Planes sociales: la acusación
La acusación está a cargo del fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Manuel Narváez. Se distribuyen el trabajo de interrogar a los testigos, y plantean objeciones cuando consideran que alguna pregunta de la defensa es impertinente. Los principales cruces los tuvieron con los abogados Pablo Gutiérrez y Alfredo Cury, por motivos muy distintos.
Los acompaña en forma permanente un equipo de trabajo encabezado por las asistentes letradas Agustina Jara y Tanya Cid más tres administrativas. En los cuartos intermedios el sector se convierte en zona de picnic.
Ricardo Kohon es querellante por la fiscalía de Estado. No les hizo preguntas a ninguno de los 52 testigos que se presentaron hasta ahora.
Planes sociales: Ricardo Soiza
El exdirector de Planes Sociales, Ricardo Nicolás Soiza Curbelo, es un personaje polivalente: es uno de los cinco sindicados como cabecillas de la asociación ilícita; es uno de los tres que está con detención domiciliaria, y es el único de los 14 imputados que habló en el juicio, para responder a lo que dijeron testigos y también a publicaciones periodísticas.
Se sienta en un extremo de la sala, suele conversar con el penitenciario que lo custodia, y en una audiencia se rio con ganas cuando escuchó que una puntera del MPN lo llamaba «viejo pelotudo» y «pez gordo». Cumplió 71 años durante el juicio: nació un 5 de agosto en Montevideo, Uruguay.
Planes sociales: Abel Di Luca
Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social, es el exfuncionario de mayor jerarquía sometido a juicio. Según la fiscalía, está involucrado desde que era subsecretario del área. Resultó una sorpresa saber que es empleado de planta permanente del ministerio de Seguridad.
Hace muchas anotaciones en un cuaderno durante las declaraciones de los testigos y en los cuartos intermedios conversa con otros imputados y con su abogado Gonzalo Rodríguez.
Planes sociales: Sánz y Montoya
Néstor Pablo Sánz (exdirector de Fiscalización) e Isabel Montoya son pareja, y están acusados de integrar la organización con diferentes niveles de responsabilidad.
A él lo señalan como uno de los responsables del «Grupo Rivadavia», tiene una larga trayectoria en la administración pública e hizo mucho ruido con una declaración ante la fiscalía en noviembre del 2023 en la que comprometió a otros imputados. ¿Volverá a hablar en el juicio?
Ella en cambio fue empleada transitoria por unos meses y según la defensora pública de Circunscripción, Laura Giuliani, está imputada sólo por ser la pareja de Sánz. Lo que tienen que explicar es por qué fueron filmados sacando dinero de los cajeros automáticos con tarjetas de débito ajenas, y cómo hicieron para comprar algunos bienes que les atribuyen.
Planes sociales: Marcos Osuna
Marcos Osuna (exjefe del departamento de Gestión de Programas), otro integrante del «Grupo Rivadavia» cumple detención domiciliaria al igual que Soiza y Sánz.
La estrategia de su defensor público Juan Pablo Piombo es volar fuera del radar todo lo posible: admite que participó de la defraudación, pero tratará de demostrar que no tenía poder de decisión ni era jefe de ninguna asociación ilícita.
Planes sociales: Siegenthaler, Reznik, Oviedo
El «Grupo Anaya» lo integran entre otros Tomás Siegenthaler (ex Coordinador Provincial de Administración), Laura Reznik (exdirectora general de Finanzas) y Julieta Oviedo (exdirectora de Tesorería). A ellos los defiende Pablo Gutiérrez. Siempre están juntos, incluso en los cuartos intermedios, cuando a veces se les une Ariel Krom (empleado de planta), otro cliente del mismo abogado acusado de cobrar cheques.
Al trío les atribuyen desde la manipulación de los listados de beneficiarios hasta la firma de los cheques, todo lo cual se hacía supuestamente en la sede del ministerio en Anaya y Planas.
Planes sociales: Luis Gallo
Luis Gallo, exdirector general de Finanzas antes de Reznik, era el que recibía correos de Marcos Osuna con listados de beneficiarios y los reenviaba a Siegenthaler y Di Luca. A sus órdenes estaba Oviedo. Su abogado es Fabián Flores.
Planes sociales: Alfredo Cury
El abogado Alfredo Cury está imputado por haber cobrado diez cheques que depositó en el Banco Provincia de Neuquén ubicado en la Ciudad Judicial, a metros de la sala en la que se realiza el juicio. Asegura que fue en concepto de honorarios.
Fue defensor de casi todos los acusados al comienzo de la investigación, hoy sólo representa a Ricardo Soiza y a sí mismo.
Planes sociales: Valeria Honorio
Valeria Honorio está acusada de cobrar cheques de beneficiarios de planes sociales y entregarle el dinero a su expareja Néstor Pablo Sánz. La defensora pública Carolina Johanssen es quien la asiste.
Planes sociales: Victoria Contreras y Cardozo Regidor
Emanuel Rodolfo Victoria Contreras, otro empleado de planta política. Al principio lo defendió Elio García, cuando renunció asumió en su lugar Maximiliano Gómez y ahora asiste a las audiencias Fausto Ciccocioppo Rodríguez.
Fernando Cardozo Regidor sigue el juicio por Zoom por prescripción médica. Cobró cheques sin reunir los requisitos para ser beneficiario de un plan social. También es asistido por Johanssen.
Planes sociales: los jueces
El tribunal lo integran Juan Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla. Las incidencias procesales que se plantearon durante el juicio fueron innumerables: desde objeciones a preguntas hasta pedidos para que se excluya determinado elemento probatorio.
En su carácter de presidente, Juan Kees resolvió muchas para agilizar el debate, pero otras las consultó con sus colegas. Según el grado de complejidad, en la misma sala o se retiraron para deliberar.
Este tribunal tendrá a su cargo determinar si los imputados son responsables y de qué delitos. En ese caso, habrá otro juicio con los mismos jueces para determinar la pena que deberán cumplir.
La acusación es por asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito.
El martes y miércoles próximo declarará otra perito contadora de la fiscalía, y luego comenzarán los testigos de las defensas.
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