Estafa con planes sociales en Neuquén: sorpresivas alianzas entre algunos imputados
En la segunda jornada de la audiencia de control de acusación antiguos adversarios encontraron objetivos comunes. Hubo pedidos de sobreseimiento y de cambios de calificación. Se abre una tregua hasta el viernes.
La jueza Carina Álvarez resolverá el viernes a las 13 si acepta que los imputados de la estafa con planes sociales en Neuquén vayan a juicio oral acusados de asociación ilícita y si considera que cada una de las extracciones bancarias constituyó un hecho de fraude (y en total los imputados cometieron 9.303) como dice la fiscalía; o por el contrario, si no hubo asociación ilícita y se trató de un solo delito continuado como afirman la mayoría de las defensas. La diferencia entre una calificación legal y la otra son muchos años de cárcel, en caso de que los encuentren culpables.
Después de que la jueza disipe esa cuestión técnica la audiencia de control de acusación que empezó el martes pasará a un cuarto intermedio hasta el lunes 17. Ese día empezará a debatirse la prueba que se utilizará en el juicio oral, cuya fecha todavía se desconoce pero ya se sabe que podría extenderse como mínimo por dos meses.
En esta instancia del control de acusación mayormente técnica sorprendieron los movimientos tácticos de algunos imputados que están señalados como cabecillas. En total 17 personas irán a juicio, aunque cinco atraen la atención.
La acusación de los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Narváez ubica en el nivel 1, como jefes de la presunta asociación ilícita, a Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales; Néstor Pablo Sánz, exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; Marcos Ariel Osuna, exresponsable de Gestión de Programas (los únicos tres con detención domiciliaria); Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; y Tomás Siegenthaler, excoordinador de Administración.
El triángulo Soiza-Sánz-Cury

Uno de los defensores de Soiza es Alfredo Cury, el abogado que también está imputado como partícipe de la estafa. Cuando el caso estalló, a partir de julio del 2022, Cury fue defensor de casi todos los acusados, incluidos Sánz y Osuna.
Se distanciaron cuando Sánz y Osuna cayeron presos (y responsabilizaron a Cury), pero en estos días se volvieron a acercar. Conversan animadamente en los cuartos intermedios y el abogado hasta subió una selfie de los tres a su estado de Whatsapp.
También parecen haber quedado atrás las diferencias entre Soiza y Sánz. El exdirector de Planes Sociales solía referirse a su excompañero de trabajo como «la persona a la que le encontraron dinero, está filmado (sacando dinero de los cajeros), compró no sé qué propiedades» mientras que por el contrario «yo no estoy enterado de nada».
En la audiencia de este miércoles, en cambio, Soiza lo elogió: al declarar ante la jueza dijo que «uno de los imputados que es Sánz habló muy claro de las imputaciones, de los cuales yo no tengo conocimiento pero creo que están muy claras las cuestiones estas».
Sánz declaró ante los fiscales en noviembre del 2023 y entregó nombres, fechas y datos. Esperó obtener a cambio beneficios que no le concedieron. Hace menos de un mes cambió de abogado y ahora lo asiste la defensa pública; quedó en una posición incómoda porque es un participante confeso de la maniobra y no ofreció pruebas en su descargo.
La relación Soiza-Di Luca
Soiza dijo más cosas en su intervención de este miércoles. «No sé qué son los listados paralelos -que según la fiscalía se utilizaron para perpetrar la estafa- Los listados se mandaban al ministerio (de Desarrollo Social), el ministerio los habilitaba y los mandaba al Banco (Provincia de Neuquén), yo nunca tuve ninguna relación con ningún integrante del Banco».
«Arriba nuestro había cuatro personas más con poder de decisión. Las cuestiones se resolvían en el ministerio», insistió.
Pacto de no agresión

El exdirector de Planes Sociales habló por Zoom, desde su casa. En la sala de audiencias lo escuchaban con atención, entre otros, el imputado exministro Abel Di Luca.
Después de un cuarto intermedio, Soiza volvió a pedir la palabra para hacer una aclaración: «cuando yo digo que las notas que se mandaban al ministerio, es a la administración. Todas las notas se mandaban a la administración, no iban nunca al ministro».
Entre Di Luca y Soiza hay un pacto de no agresión. El defensor del exministro, Gonzalo Rodríguez, pidió que su cliente vaya a juicio por asociación ilícita y por un solo hecho de fraude a la administración pública. Nunca descargó la responsabilidad «hacia abajo».
Pedido de sobreseimiento
Alfredo Cury, en tanto, pidió el sobreseimiento para él mismo. Y para Soiza solicitó que lo juzguen como partícipe secundario en la defraudación.
Cury ha utilizado recientes declaraciones de Soiza y de Sánz para presentar denuncias penales en la justicia federal contra el gobernador Rolando Figueroa, y también un pedido de juicio político.
Las defensoras públicas Laura Giuliani y Eliana Lazzarini representan a Pablo Sánz y Marcos Osuna. Por ahora no hicieron planteos en favor de ellos ni participan de las charlas que sus asistidos mantienen con Cury.
El quinto señalado como jefe de la banda es Tomás Siegenthaler. Su abogado Pablo Gutiérrez sigue su propia línea de trabajo sin contacto visible con los otros cuatro. Defiende además a la línea técnica del ministerio: la exdirectora de Finanzas Laura Reznik; y la ex de Tesorería Julieta Oviedo.
Cuestiona la figura de asociación ilícita y sostiene que hubo un solo hecho continuado y no 9.303.
La jueza, ratificada

Gutiérrez recusó a la jueza Carina Álvarez por presunta falta de imparcialidad. Este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia ratificó a la magistrada en un fallo exprés dictado al mediodía.
-¿Lo notificaron doctor, está enterado? -le preguntó la jueza al abogado con cierto tono de triunfo.
La jueza Carina Álvarez resolverá el viernes a las 13 si acepta que los imputados de la estafa con planes sociales en Neuquén vayan a juicio oral acusados de asociación ilícita y si considera que cada una de las extracciones bancarias constituyó un hecho de fraude (y en total los imputados cometieron 9.303) como dice la fiscalía; o por el contrario, si no hubo asociación ilícita y se trató de un solo delito continuado como afirman la mayoría de las defensas. La diferencia entre una calificación legal y la otra son muchos años de cárcel, en caso de que los encuentren culpables.
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