Fallo YPF: Argentina pidió a la jueza Preska frenar la búsqueda de embargos y denunció «intrusión» en los chats de funcionarios

El Gobierno solicitó suspender la etapa de "discovery" y el proceso de desacato hasta que se resuelva la apelación final. Acusan a los demandantes de exigir información sobre activos del Banco Central y cuentas personales de exfuncionarios.

Juicio por YPF.

En un nuevo capítulo de la batalla legal por la expropiación de YPF, la defensa de la República Argentina presentó un escrito ante la jueza de Nueva York, Loretta Preska, en el que solicitó formalmente la suspensión inmediata de la etapa de descubrimiento de activos (discovery) y de los procedimientos por desacato.

El Gobierno argumenta que los pedidos de los fondos buitre se han vuelto «cada vez más intrusivos» e irrelevantes, apuntando ahora contra las reservas del Banco Central (BCRA) y las comunicaciones privadas de altos funcionarios.

El pedido, revelado por el especialista Sebastián Maril, busca poner en pausa la ofensiva de los demandantes —Burford Capital y Eton Park— mientras la Cámara de Apelaciones define el fallo final sobre la sentencia de 16.000 millones de dólares. Según el documento presentado por el bufete Sullivan & Cromwell, la audiencia de apelación ya tuvo lugar el pasado 29 de octubre de 2025, por lo que continuar con la búsqueda de embargos en este momento resulta innecesario y costoso.

El Banco Central y los WhatsApps, en la mira


El punto más crítico del escrito argentino es la denuncia sobre la «pesca de información» que están realizando los fondos. La carta a Preska detalla que los demandantes están «redoblando sus solicitudes» enfocándose en dos áreas sensibles:

  1. Activos del Banco Central: Argentina sostiene que el BCRA no está sujeto a la jurisdicción de la Corte de Preska y recuerda que el Segundo Circuito ya falló anteriormente que la entidad monetaria no es un «alter ego» de la República, por lo que sus fondos son inembargables.

  2. Cuentas personales: Los abogados del país alertaron que los demandantes exigen acceso a «comunicaciones en cuentas personales» (como correos privados o WhatsApp) de los «funcionarios actuales y anteriores más importantes de la República».

«En interés de la eficiencia judicial y la cortesía internacional, los procedimientos de descubrimiento deben suspenderse en espera de la apelación», reza el texto enviado a la magistrada.

«115.000 páginas entregadas»


Para justificar el freno, la defensa argentina argumentó que ha mostrado buena voluntad durante más de dos años de litigio post-sentencia. «La República ha producido todo lo que razonablemente podría conducir a la identificación de sus activos ejecutables, totalizando más de 115.000 páginas«, destaca el documento.

Sin embargo, el Gobierno considera que la estrategia de los demandantes ya no busca activos embargables reales, sino generar presión política mediante pedidos «gravosos» y desconectados de cualquier perspectiva realista de cobro. Ahora, la decisión está en manos de Preska: si acepta la moción, Argentina ganará tiempo y aire hasta que se conozca la sentencia definitiva de la apelación; si la rechaza, la presión sobre los activos del Estado y la privacidad de los funcionarios podría escalar rápidamente.


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