Finalmente el MPN designó a sus representantes en el comité contra la tortura de Neuquén
En diciembre pasado la APDH le reclamó al vicegobernador Marcos Koopmann que interceda para acelerar el trámite, ya que los plazos de designación estaban vencidos.
Entre sus funciones está la de inspeccionar las cárceles. Foto Florencia Salto.
El bloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN) comunicó finalmente hoy que la abogada Cecilia Fanessi y el licienciado en sociología Nelson Pullella serán sus representantes en el comité contra la tortura. La demora en la designación impidió hasta el momento que el organismo se pusiera en marcha, en el contexto de la grave crisis carcelaria que atraviesa la provincia.
Nuevas demoras vuelven a trabar el comité contra la tortura de Neuquén
El comité se creó por ley en 2019 y tiene entre sus funciones la de inspeccionar, sin necesidad de aviso previo y con acceso irrestricto, los lugares de detención de toda la provincia.
Está compuesto por ocho integrantes, cinco de los cuales se presentan a propuesta de organizaciones involucradas en la defensa de las personas privadas de la libertad. En 2022 la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura entrevistó y avaló los nombramientos de: Estefanía Buamscha, Silvia Couyoupetrou, Néstor Giménez, Roberto Samar y Pablo Scatizza.
Lo que restaba completar era el cupo de representación de los bloques políticos. El Frente de Todos, como primera minoría, propuso a Pablo Meuli. El oficialismo dejó sus dos lugares vacantes.
En diciembre pasado la APDH le reclamó al vicegobernador Marcos Koopmann que interceda para acelerar el trámite, ya que los plazos de designación estaban vencidos. Recién hoy se oficializaron los nombramientos, que deberán comunicarse en la próxima sesión ordinaria. Justamente mañana se abrirá el año legislativo.
Además de realizar inspecciones periódicas, está previsto que el comité reciba denuncias por violaciones a la integridad psicofísica de las personas privadas de su libertad, elabore recomendaciones sobre políticas públicas, confeccione una base de datos para llevar un registro sobre casos de torturas y malos tratos y prepare un informe público anual a los tres poderes del Estado sobre la evolución de la realidad carcelaria.
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