La Corte Suprema ratificó el sobreseimiento de un exdelegado de Rentas de Bariloche

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja que había promovido la parte querellante en un último intento por revocar la sentencia del juez de Bariloche Bernardo Campana que sobreseyó en diciembre de 2017 al exdelegado de Rentas de esta ciudad Federico Martínez.

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Como el máximo tribunal del país declaró inadmisible la queja, la causa penal contra Martínez quedó clausurada y su sobreseimiento firme. La Corte dictó la breve sentencia el 28 de diciembre pasado.

El recurso de queja lo había interpuesto Sandra Garibaldi, quien denunciara en septiembre de 2014, con el patrocinio de la abogada local Adriana Medhi, a Martínez y familiares suyos por los delitos de defraudación, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible con la función pública. También la patrocinó para promover la queja el abogado Raúl Ochoa.

El 22 de diciembre de 2020, el procurador general de la Nación interino Eduardo Casal ya había dictaminado desestimar la queja de la fiscalía. Casal recordó en ese momento que el representante de la Fiscalía General de la provincia de Río Negro había acudido en queja tras la denegación del recurso extraordinario dirigido contra la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia “que puso fin a la discusión en torno al plazo procesal para impugnar el sobreseimiento dictado en favor de Martínez”.

Rememoró que en ese proceso judicial se le atribuía a Martínez la comisión de un delito en el ejercicio de su función pública a cargo de la delegación de la Agencia de Recaudación Tributaria de Bariloche. El Procurador afirmó que la fiscalía había presentado el recurso fuera del plazo legal previsto.

“En mi entender el recurrente sólo cuestiona el alcance de una norma procesal local que ha sido aplicada y cuya interpretación fue revisada por los magistrados de la provincia, con suficiente apoyo en consideraciones de derecho común provincial. El planteo es, por ello, en mi opinión, ajeno a la competencia extraordinaria de la Corte”, concluyó Casal, en esa oportunidad.

Antecedentes

Garibaldi denunció que Martínez había mandado a ejecutar –por una deuda de impuesto inmobiliario– un lote de casi 2.000 metros cuadrados, ubicado en Península San Pedro, que le pertenecía a ella. La denunciante advirtió que el comprador del lote en el remate fue casualmente el suegro de Martínez.

Durante 3 años la investigación dio idas y vueltas hasta que Campana admitió el 15 de diciembre de 2017 el pedido de sobreseimiento que había hecho el abogado Ricardo Mendaña, defensor de Martínez. El juez destacó que Martínez y su defensor “acreditaron lo que no tenían que acreditar”, porque presentaron pruebas para demostrar que no hubo nada ilegal.

Campana sostuvo que Martínez no tuvo injerencia en ninguna etapa del procedimiento de la subasta pública del lote, que comprara su suegro, que era martillero, para un tercero, con el objetivo de venderlo a mayor valor.

El juez descartó que haya existido una maniobra para hacer un remate en secreto. Aseguró que hubo edictos con la convocatoria pública al remate, que había ordenado el juez civil Carlos Cuellar. Y le impuso a la querella las costas del proceso y de los honorarios porque advirtió “una insistencia de meter con fórceps en alguna figura penal para continuar” con la causa.

Sostuvo en la sentencia que ni el fiscal ni la querella habían aportado pruebas para sostener la imputación contra Martínez a pesar del tiempo transcurrido.

Lista y la querella impugnaron la decisión de Campana ante el juez de revisión Héctor Leguizamón Pondal, que desestimó en septiembre de 2018 los planteos y confirmó el sobreseimiento.

Luego, el fiscal y la querella recurrieron al Tribunal de Impugnación de la Provincia (TIP) que rechazó los recursos porque los presentaron fuera de término. Lista fue con una queja ante el STJ, que la rechazó en marzo pasado.

El fiscal general intervino y promovió un recurso extraordinario federal para llegar a la Corte, pero el STJ rechazó el 3 de octubre último ese planteo. Ahora, la Corte le bajó la persiana en forma definitiva.

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Weretilneck

Martínez recordó este jueves que el entonces gobernador Alberto Weretilneck lo había suspendido el 24 de septiembre de 2014 en el cargo tras la difusión de la denuncia. Rememoró que el exmandatario provincial aseguró en esa ocasión ante los medios “que me suspendía en forma preventiva hasta que la justicia se expida”.

“Yo nunca fui funcionario político. Entré a la Agencia por selección de personal en 2009 al sector de fiscalización externa junto con otros contadores. Mi cargo de Jefe de Delegación no es político sino de carrera administrativa, porque no toma ninguna clase de decisiones políticas, sino que se ciñe a las normas y las hace cumplir”, explicó Martínez.

“Weretilneck no cumplió su palabra empeñada públicamente de levantar mi suspensión cuando que la justicia se expida. Era completamente inocente y me quitaron mi trabajo ya hace 7 años. Gané absolutamente todo, en lo penal y en lo administrativo. Nunca me pidieron ni disculpas”, lamentó.

“Además violaron un principio elemental de la constitución (artículo 18) que es que la sanción solo puede suceder luego de un juicio previo y justo. En este caso se investigó todo y se probó que la acusación era falsa porque los hechos atribuidos nunca existieron, y que era totalmente inocente, porque logré probar no solamente que yo no había participado en ningún acto administrativo sino que además probé y documenté quién y cuándo se habían hechos esos actos administrativos”, enfatizó.

“Nunca me dejé corromper y por eso no servía para estar ahí con esa responsabilidad. Igualmente cumplí con mi deber e hice lo correcto”, afirmó Martínez tras ser notificado de la sentencia de la Corte.