La personería de las comunidades mapuche será clave para la consulta previa en Neuquén
Los consejos zonales participarán solo cuando haya más de una involucrada. El gobernador Omar Gutiérrez firmaría el decreto antes de fin de año.
El plazo para realizar el procedimiento se amplió a 120 días, pero su resultado no será vinculante. Foto: archivo Matías Subat.
El protocolo de consulta previa, libre e informada que está a la firma del gobernador Omar Gutiérrez tendrá aplicación solo para las comunidades indígenas con personería jurídica reconocida y establecerá mecanismos para ampliar el procedimiento hacia organizaciones de segundo o tercer grado.
El borrador que tiene para analizar el mandatario, y que fue fruto de las reuniones que mantuvieron sus funcionarios con referentes de la Confederación Mapuche y otras comunidades por fuera de esa representación, no varió respecto del original en la exigencia del reconocimiento, pero sí dejó establecido en qué casos ampliar la consulta, por ejemplo, hacia los consejos zonales.
El texto que se acordó a fines de noviembre tiene 17 artículos y se espera que se apruebe como decreto provincial y no como resolución de la secretaría de Desarrollo Territorial, como había sido la primera opción.
Indica que el procedimiento de consulta previa se aplicará a los órganos que integran la administración pública provincial centralizada y descentralizada cuando dicten medidas administrativas «de carácter general o particular» susceptibles de afectar a las comunidades indígenas reconocidas de Neuquén. Esto incluye autorizaciones para prospección o explotación de recursos naturales en tierras pertenecientes a comunidades, por mencionar una.
El artículo 8 es el que establece a quiénes hacer la consulta: a las autoridades representativas de las comunidades que cuenten con personería jurídica reconocida por la provincia. Y añadió respecto del original que, en caso de que la medida afecte a más de una comunidad, se convocará a la organización de segundo grado que las nuclee. Si pertenecieran a organizaciones de segundo grado diferentes, se dará intervención a la de «tercer grado de la que sean parte».
Derecho a la exclusividad
Este era un punto ríspido porque hay comunidades que no se sienten representadas por los loncos zonales de la Confederación Mapuche, de la que cuestionan su legitimidad, y reclamaban al gobierno siempre priorizar a las comunidades «como el sujeto principal a ser consultado».
En la otra vereda, otros referentes como Jorge Nahuel, junto a la zonal Xawnko de la zona Confluencia, eran críticos a la exigencia de personería como condición para hacer la consulta. Ello porque hay varias que no están reconocidas y reclaman tierras comunitarias en áreas clave para la industria hidrocarburífera como Tratayén, por donde pasa el gasoducto Néstor Kirchner.
El camino del medio que encontró el gobierno será mantener la exigencia de personería, pero crear con otro decreto un Registro de Comunidades que simplificaría los trámites para el reconocimiento de las que falten.
El borrador que consensuaron las partes finalmente amplió el tiempo del proceso: el original establecía un máximo de 60 días hábiles para la consulta, mientras que la nueva redacción lo estiró a 120 días corridos. El resultado sigue siendo no vinculante para el Estado, aunque persigue como objetivo lograr el consentimiento de la comunidad involucrada.
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