La política de tierras del municipio cosecha más críticas y reclamos en Bariloche

Las organizaciones que integran la Mesa de Tierras exigieron al municipio que avance con la ejecución de la partida presupuestaria destinada este año a políticas habitacionales, que fue fijada en 141 millones de pesos, a los que se sumaría lo recaudado con 5 valiosos lotes fiscales que el municipio remató para aplicar el dinero al mismo fin.

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La nueva presidente del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, Paula Meira, admitió que puede existir una demora en la aplicación y dijo que las decisiones para asignar fondos “dependen del Ejecutivo”.

La mesa que está integrada por varias entidades barriales, sindicatos y fundaciones que trabajan con temas de hábitat expresó su preocupación “porque no se están ejecutando los 141 millones” que fueron reservados dentro del presupuesto anual, “gracias al trabajo del Consejo Social de Tierras”.

Aludieron así al proyecto inicial que había enviado el intendente Gennuso al Concejo en septiembre pasado con una partida de apenas 8 millones para políticas habitacionales, que ante las críticas fue llevada a 141 millones. Al parecer, transcurridos ya cinco meses no existiría una aplicación fluida de esos fondos a resolver la alta demanda de soluciones e infraestructura.

Bibiana Alonso, integrante de la Mesa por la fundación Gente Nueva, dijo que “la plata disponible es muy poca para comprar tierras. Pero sí hay otros proyectos urgentes que podrían ser financiados con ese recurso”.

La Mesa de Tierras recordó que el presiden anterior del IMTV, Javier Giménez (quien dejó el cargo por razones de salud) había comprometido un “plan de acciones” con el Consejo Social de Tierras y pidieron que se “materialice” cuanto antes. “No vamos a avalar que esa plata se reasigne a otras funciones”, señaló la agrupación.

En el acta de la última reunión del Consejo encabezada por Giménez (el pasado 17 de marzo) consta un listado de proyectos que se decidió “priorizar” en la ejecución presupuestaria de 2022.

Figuran allí, entre otros, la regularización dominial de barrios que aun no la tienen por un monto de 2 millones mensuales, más otros 2 millones para “apertura de calles y movimiento de suelos”.

También se había acordado en el Consejo destinar un millón de pesos para “gastos administrativos” de la ley “Pierri” y otro millón “para la compra de un equipo completo de agrimensura para el profesional designado en el Instituto”.

El detalle incluye la realización de proyectos técnicos de infraestructura para la red de cloacas del barrio matadero, la red de energía eléctrica de Alun Ruca (que luego se logró cubrir con un aporte nacional) y la infraestructura básica para el loteo planificado sobre reserva fiscal en las 400 Viviendas.

En cuanto al programa de mensuras para avanzar con las regularizaciones, el Consejo identificó expresamente como destinatarios más urgentes la manzana Hueney, el barrio Valle Gas, la manzana 651 de Virgen Misionera, el barrio Inta, el barrio Habana, el 10 de Diciembre y el Santo Cristo, entre otros.

El acta firmada por Giménez indica también que se crearía una comisión de trabajo para planificar acciones orientadas a “generar suelo urbano a partir de reservas fiscales existentes y evaluar la posibilidad de adquirir tierras para su urbanización, mediante compraventa, expropiación, condonación de deudas u otros instrumentos”.

Meira reconoció que el Instituto tiene como principal misión el otorgamiento de lotes, pero no puede dar respuesta porque “el municipio carece de tierras”. La única medida concreta para paliar ese déficit es un acuerdo de plusvalía con el emprendimiento privado Las Morenas, que está en el análisis en el Concejo.

Alonso dijo que en el mejor de los casos esa urbanización permitiría generar 300 lotes sociales y otros 300 para el banco de tierras, con destino a adjudicatarios de mayor poder adquisitivo. “Pero es muy poco en comparación con la demanda real, que supera los 4.000 lotes”, recordó.

Insistió en que la preocupación de las organizaciones “con trabajo territorial” es la falta de inversión del municipio, “el atraso y el incumplimiento con la ejecución de proyectos”.

Otra fuente de la Mesa de Tierras dijo que habría fondos disponibles del Registro Nacional de Barrios Populares, pero que no ingresan porque el municipio “adeuda rendiciones”.

Alonso reconoció que Giménez durante su gestión “se mostró abierto con las instituciones y dispuesto al diálogo”, si bien las soluciones fueron muy pocas. Desde la Mesa esperan acordar una “urgente reunión” con Meira para conocer los nuevos lineamientos y pidieron que también esté presente el jefe de Gabinete, Marcos Barberis.