Ley de propiedad privada: las claves de la reforma en el Senado sobre la compra de campos por extranjeros

El Senado se prepara en una reunión clave para debatir el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa impulsada por el oficialismo que propone modificaciones de amplio alcance en materia de propiedad rural, desalojos y uso de tierras.

Uno de los cambios más relevantes apunta a flexibilizar el régimen vigente para la compra de campos por parte de ciudadanos y empresas extranjeras.

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Ley de propiedad privada: los detalles y en qué consiste

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La propuesta elimina los límites establecidos por la actual Ley de Tierras Rurales, que fija topes a la cantidad de superficie que puede quedar en manos de extranjeros tanto a nivel nacional como provincial y municipal. De esta manera, personas físicas y empresas privadas extranjeras podrían adquirir tierras sin esas restricciones.

No obstante, el proyecto mantiene una prohibición específica para los Estados extranjeros y para las empresas con participación estatal de otros países. En esos casos, la adquisición de inmuebles rurales solo podría concretarse mediante una autorización expresa de la provincia donde se ubique el campo y del Poder Ejecutivo Nacional.

En las zonas de frontera, el texto incorpora un mecanismo de control adicional. Toda operación de compra deberá contar con el aval tanto del gobierno provincial como del Ejecutivo nacional, con el objetivo de preservar criterios vinculados a la seguridad y la soberanía territorial.

La iniciativa también establece que, si las autoridades competentes no emiten una respuesta dentro de un plazo de 180 días, se aplicará el principio de silencio administrativo positivo. En ese escenario, la autorización para concretar la operación se considerará otorgada automáticamente.

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Ley de propiedad privada: las idas y vueltas dentro del Senado

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La reforma forma parte de un paquete legislativo más amplio que también introduce modificaciones en materia de desalojos, expropiaciones y manejo del fuego. Durante su tratamiento en comisión, varios artículos fueron modificados respecto del texto original enviado por el Poder Ejecutivo.

Entre los cambios incorporados durante las negociaciones parlamentarias, se eliminó el capítulo referido a la legislación sobre barrios populares, luego de cuestionamientos planteados por distintos sectores políticos y sociales, que advertían sobre el riesgo de generar desalojos masivos.

El proyecto ratifica que las provincias conservarán la jurisdicción plena sobre las tierras comprendidas dentro de sus límites, en línea con las facultades reconocidas por la Constitución Nacional. De ese modo, seguirán teniendo un rol central en la autorización de las operaciones inmobiliarias vinculadas con inmuebles rurales.

El tratamiento del proyecto ya había sido postergado en dos oportunidades. Primero, por diferencias entre el oficialismo y bloques dialoguistas respecto del régimen de tierras, y posteriormente por la falta de quórum que impidió abrir una sesión convocada para debatir la iniciativa.

El oficialismo buscará ahora reunir los votos necesarios para convertir la propuesta en ley. De ser aprobada, el nuevo régimen modificaría de manera significativa las condiciones para la adquisición de tierras rurales por parte de inversores extranjeros y redefiniría el esquema de controles aplicables a ese tipo de operaciones.

Con información de NA