Ley Ómnibus: el Gobierno ofrece reducir la lista de privatizaciones, qué empresas quedaron afuera
La privatización de empresas estatales es, junto a las facultades delegadas, el que más rechazo genera en el sector opositor dialoguista.
La oposición dialoguista es la llave que busca el Gobierno para la aprobación del proyecto.
Una nueva redacción del dictamen de la Ley Ómnibus está siendo analizado por el sector opositor dialoguista, luego de ser enviado por el Gobierno de Javier Milei para tratar de encauzar la votación del proyecto que va por su segundo día de tratamiento.
En uno de los capítulos más conflictivos, el de privatizaciones de las empresas públicas, el oficialismo decidió acortar de 36 a 27 las compañías a ser declaradas sujetas de privatización total, mientras que otras tres –Banco Nación, Arsat y Nucleoelétrica- podrán ser privatizadas parcialmente.
Las siete empresas que quedaron fuera del nuevo listado son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); Casa de la Moneda; Fabricaciones Militares; Radio Universidad de Córdoba; Radio Universidad del Litoral; Vehículo Espacial Nueva Generación SA y Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD).
En cambio, permanecen en el listado Aerolíneas Argentinas; Ferrocarriles Argentinos; Correo Oficial; Enarsa; Belgrano Cargas, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, entre otras.
Para reforzar la transparencia del proceso de privatización, una Comisión Bicameral compuesta por seis diputados y seis senadores deberá ser informada por el Ejecutivo de la modalidad y el procedimiento escogido para vender las empresas, del pliego de condiciones 15 días antes de su publicación y cualquier circunstancia relevante que se produzca. En tanto, señala que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) actuarán en colaboración permanente con la bicameral.
Esta propuesta está siendo analizada por el radicalismo y el bloque que lidera Miguel Pichetto.
Facultades delegadas: qué cambios se hicieron
En cuanto a las emergencias y las facultades delegadas, desde los sectores dialoguistas reconocieron que las posiciones se acercaron cuando el oficialismo eliminó la emergencia fiscal y previsional.
El proyecto declara la emergencia pública en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024. Este plazo podrá ser prorrogado por el Congreso por el plazo máximo de un año.
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