Los gremios estatales esperan el llamado de Rolando Figueroa para la paritaria 2026 en Neuquén

Los sindicatos estatales de Neuquén aguardan que el gobernador Rolando Figueroa saque la bandera verde para comenzar la negociación salarial 2026. La expectativa de los dirigentes es poder mantener la fórmula de los aumentos trimestrales ajustados a inflación.

El acuerdo vigente se selló en octubre de 2024, con el fin de dar una señal de «previsibilidad». Incluso se calculó el gasto que implicarían las subas salariales en el presupuesto 2025. En ese momento se proyectó una inflación del 20% anual, que fue ampliamente superada. Sólo el acumulado de enero a agosto en Neuquén llegó al 24,8%.

Las elecciones legislativas nacionales, en las que Figueroa puso a competir a su ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres y al jefe de Gabinete, podrían retrasar la negociación. Por ahora no hay convocatoria oficial. La última cuota del aumento se liquidará en enero de 2026.

«Nosotros lo que sí creemos es que debe ser antes de finalizar el año, como fue el año pasado, pero no hay ninguna conversación todavía», afirmó Marcelo Guagliardo, secretario general del gremio docente ATEN.

Actualmente el sueldo testigo de una maestra en Neuquén, sin antigüedad, es de $1.104.435,52.

Guagliardo planteó que las actualizaciones por el índice de precios al consumidor (IPC), más allá de las críticas a cómo se elabora, «hoy resulta ser el único dispositivo que más o menos te puede poner a salvo de una situación imprevista, de una escala inflacionaria que en la Argentina nunca estamos liberados de eso. Ese es un anclaje que nos ha servido, que nosotros reivindicamos. Habrá que ver si es la misma metodología para el año que viene».

El secretario general de ATEN valoró positivamente este modelo ya que, dijo, «el resto de la pauta salarial de la clase trabajadora está en el orden del 1% o del 1,5% anual».

El diputado radical César Gass propuso que la negociación salarial docente quede fijada por ley en octubre, para garantizar el normal inicio del ciclo lectivo.

Todo sale del mismo bolsillo

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El parámetro establecido por el gobierno provincial se replica tanto en el Poder Judicial como en el Legislativo.

En el caso del Tribunal Superior de Justicia la dependencia económica con el Ejecutivo es tal que el aumento directamente sale del bolsillo de Figueroa.

«Nosotros, obviamente, con un Poder Judicial que no maneja su presupuesto lamentablemente tenemos que esperar a que se convoque al resto de los estatales«, aseguró Claudio Salazar, dirigente de Sejun.

Una vez que el gobernador llame a los sindicatos y defina la pauta, el presidente del TSJ, Gustavo Mazieres, le pondrá fecha a la mesa.

«Teniendo en cuenta lo que ha ocurrido con otros judiciales en el resto del país, por lo menos acá (el incremento trimestral) te permite recuperar algo de lo que vas perdiendo producto de la inflación», remarcó.

Salazar sostuvo que durante este año se retomaron «las mesas técnicas con concursos que nosotros los teníamos acordados» y continuó la discusión del convenio colectivo de trabajo.

El salario inicial de un empleado o empleada judicial va desde los $1.400.000 a $1.600.000.

Con el presupuesto

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Pablo Godoy, secretario general del sindicato Anel, que representa al personal legislativo, consideró que «en líneas generales es importante mantener un acuerdo salarial indexado que te permite ir manteniendo de alguna manera el salario y el poder adquisitivo, pero la realidad supera cualquier acuerdo».

Opinó que es «superador» en «un contexto nacional donde hay ajustes por todos lados».

«Nosotros esperamos que nos convoquen lo antes posible para tener esta previsibilidad, en este caso, del Poder Legislativo, entendiendo que cuando se da la discusión de los presupuestos y se proyectan los gastos y recursos para el año próximo se contemplan todas estas situaciones de incrementos salariales», mencionó.

Figueroa tiene plazo hasta el 31 de octubre para presentar el proyecto de ley de presupuesto 2026. De los tres poderes, la Legislatura es la que tiene la estructura más pequeña: 649 trabajadores y trabajadoras. Godoy manifestó que esperan cubrir 25 cargos vacantes que se han generado, en parte, por las jubilaciones. Un ingresante percibe un salario que ronda $1.500.000.