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Los mayores aportes de los estatales al Ipross se aplicarán en forma gradual desde enero
La reforma del financiamiento a la obra social está vigente y se implementará en tres meses para atenuar su impacto en los salarios de los trabajadores públicos y en las cuentas provinciales.
Aplicación móvil de IPROSS.-
La ley de reforma del financiamiento al Ipross fue promulgada y el gobierno provincial resolvió su aplicación gradual, que se extenderá por tres meses.
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La modificación prevé que los aportes a la obra social se calculen sobre la totalidad de los salarios de los estatales, diferenciándose del actual sistema que se aplica exclusivamente sobre los conceptos remunerativos.
Estas variaciones impactarán en los salarios de miles de estatales por sus mayores retenciones y, simultáneamente, un desembolso superior de parte del Estado provincial.
Por ambas vías y cumplida la implementación plena, el Ipross recibirá de 900 millones a 1.000 millones de pesos mensuales adicionales. Esta disponibilidad significará un aumento del 50% de las últimas recaudaciones por los afiliados obligatorios, es decir, estatales de la Provincia y de los municipios.
Todavía no se formalizó el mecanismo aunque se determinó su aplicación inmediata, pero en forma progresiva para atenuar el impacto en los haberes afectados y, también, en las arcas de la Provincia.
El nuevo cálculo operará desde los sueldos de enero y se completará su práctica en las liquidaciones de marzo.
El decreto N°181 promulgó la ley N°5684 y así se modificó la norma N°2753, que fija un 4% de aporte mensual al Ipross por parte de “todos los agentes del Estado provincial o municipal en actividad (afiliados obligatorios directos)” mientras se establece un 7% de “contribución del Estado provincial o municipal”.
Estos porcentajes se mantienen y las modificaciones aparecen en líneas posteriores al plantearse que los aportes y contribuciones se calcularán del “total de las remuneraciones abonadas a sus agentes o empleados, excluidas las asignaciones familiares”. La legislación anterior preveía que se realice sobre los haberes “sujetos a aportes”.
Además se establece un diseño diferente para determinar el “aporte mínimo mensual”, que ahora no podrá “ser menor al 4% de la totalidad del salario mínimo, vital y móvil”. Esta referencia indica que actualmente esa asistencia base sería de unos 6.200 pesos mensuales.
Los dirigentes gremiales -que integran el Consejo de Administración con tres vocales- reclamaron siempre esas correcciones para el Ipross aunque, simultáneamente, ya solicitaban de que el Estado asuma el costo que representan para los estatales que las retenciones para los aportes se apliquen sobre el total de los salarios. El impacto definitivo depende del porcentaje de suma no remunerativa de cada sector.
Hay estatales -como judiciales y legislativos- que no tendrán alteraciones, pero otros agentes -como docentes y personal de la ley 1844- sufrirán bajas del 2% y hasta casi 3% por sus porciones importantes actuales de montos no remunerativos.
En la Legislatura, la reforma fue fundamentada por la entonces legisladora Marcela Ávila, que hoy es la presidenta del Ipross. Se afirma que este sinceramiento fue una exigencia de la reginense para aceptar la conducción del instituto, con un alto déficit mensual y una deuda que cercan a los 13.000 millones.
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