Los narcotest en la Legislatura se demoran hasta agosto, con el proyecto de Domínguez como favorito
Es el único poder que aún no implementó los exámenes toxicológicos sorpresivos en Neuquén. En septiembre se cumplirá un año de la sanción de la ley.
Los exámenes toxicológicos a los 35 diputados y diputadas de Neuquén podrían llegar realizarse recién en agosto, a un mes de que la ley cumpla un año de vigencia. Esta demora se debe a que aún debaten cuál es el procedimiento que tienen que aplicar.
Ayer la pulseada la ganó el proyecto del MPN, que plantea testear en la Legislatura y no en un laboratorio, durante los días de sesiones y comisiones.
Hay dos protocolos en disputa. El que presentó Zulma Reina, presidenta de la Cámara, y el del diputado Claudio Domínguez (MPN). Ninguno de los dos estuvo presente en la discusión que se dio en la comisión de Derechos Humanos, pero el legislador se garantizó que su bloque lo defienda. Tanto Ludmila Gaitán como Cielubi Obreque se encargaron de esa tarea.
Esta iniciativa establece que cada dos meses, como mínimo, un diputado debe ser examinado al menos en una ocasión, con un test rápido «in situ». Por única vez y con carácter excepcional en 2026 se contratará de forma directa a un laboratorio o equipo técnico exclusivamente para esta función.
Brenda Buchiniz (Cumplir) ponderó el proyecto de Domínguez. «Me parece más completo», afirmó. Propuso aprobar el despacho sin más retrasos y chicaneó al oficialismo: «tenemos que mostrar voluntad política». María Cecilia Papa (Democracia Neuquén), calificó la iniciativa directamente de «espectacular».
Reina no consiguió apoyo en su bloque. La presidenta de la comisión, Yamila Hermosilla (Comunidad), aseguró que estaba de acuerdo con los test en la Legislatura y no con abrir una ventana de 24 horas. «Anda a ver cuántos sueros se compran en las farmacias de Cutral Co», mencionó, en relación a los controles a los trabajadores petroleros y la posibilidad de «limpiar» una intoxicación. Pidió que se sumaran los aportes y que continuara la discusión para que «no queden cabos sueltos».
El único «equidistante» fue Gerardo Gutiérrez (MPN). Manifestó que los dos proyectos les generaban «dudas».
La comisión tenía la posibilidad ayer de emitir despacho de la reglamentación. Esto habilitaba a que el tema se votara al regreso del receso, en las sesiones del 29 y 30 de julio. Como no hubo acuerdo, sólo una reunión extraordinaria permitiría su ingreso en esa fecha. De lo contrario pasará al recinto el 12 y 13 de agosto.
Banaliza los consumos problemáticos
Andrés Blanco (FIT-PTS) fue el único que se desmarcó en el debate. Señaló que el tema revivió cuando discutieron la reforma a las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios y jueces. Recién ahí advirtieron que nunca se había implementado la ley aprobada por ellos mismos.
Enfatizó en que los testeos no evitan «la mala praxis política» y subrayó que era una ley «demagógica». Indicó que si lo que se busca es un gesto hacia la ciudadanía «háganlo ya», y que toda esta dilación «banaliza el tema de los consumos problemáticos, deberían poner recursos ahí».
Agregó que esta información «puede ser utilizada políticamente» (en caso de un resultado positivo) y deslizó que podría originar «carpetazos».
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