Nación intervino el Puerto de Ushuaia por «desvío de fondos» y fallas de seguridad
A través de una resolución publicada este jueves, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación desplazó a la administración provincial por 12 meses. Denuncian que se usó el superávit de la terminal para pagar deudas de la obra social estatal y alertan por el "deterioro estructural" del muelle.
El gobierno de Javier Milei decidió avanzar sobre el control de uno de los puntos estratégicos de la logística austral. Mediante la Resolución 4/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) dispuso la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia por el término de un año, prorrogable.
La medida, que quita el manejo de la infraestructura a la provincia de Tierra del Fuego, se fundamenta en dos ejes críticos: el uso de recursos portuarios para cubrir el déficit de la obra social estatal y graves falencias en la seguridad operativa y contra incendios de la terminal.
Si bien la resolución ordena formalmente la «suspensión de la habilitación del puerto«, el mismo texto aclara que esta sanción queda en suspenso para no afectar la operatividad de la temporada de cruceros y el abastecimiento logístico, por lo que en la práctica funcionará bajo una intervención directa de la Nación.
La «caja» del puerto y el conflicto por los fondos
El punto más caliente de la resolución apunta al manejo financiero. La Nación acusó a la administración provincial de violar el convenio de transferencia de 1992, que obliga a reinvertir las ganancias del puerto exclusivamente en su mantenimiento y operación.
Según la denuncia, la provincia sancionó la Ley N° 1596 para crear un fondo destinado a pagar deudas de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) utilizando el superávit financiero del puerto. Además, se detectó la transferencia de $4.000 millones al ministerio de Economía provincial para gastos generales, desfinanciando la terminal.
La auditoría nacional remarcó el contraste en los números: mientras se desviaban fondos, la ejecución de obras de infraestructura portuaria alcanzó apenas el 1,3% del gasto total devengado.
Alerta por seguridad y «deterioro estructural»
El segundo argumento para la toma de control es el estado de la infraestructura. Una inspección realizada entre septiembre y octubre de 2025 reveló un cuadro preocupante:
- Muelle comercial: Se detectó un «deterioro significativo» en el Sitio 3, con defensas rotas y fallas en el pavimento.
- Incendios: Se constató la «obsolescencia y discontinuidad» de los sistemas de protección contra incendios y alarmas.
- Ciberseguridad: Falta de estándares mínimos de seguridad informática y riesgo alto de pérdida de datos.
Cómo funcionará la intervención
La intervención tendrá una duración inicial de 12 meses y estará a cargo de la Gerencia de Coordinación Técnica de la ANPYN, con asistencia de la Administración General de Puertos (AGP).
El objetivo declarado es «regularizar y normalizar las condiciones de seguridad operativas» y resolver el déficit de infraestructura sin interrumpir el tráfico marítimo, vital para la conexión con la Antártida y el turismo internacional.
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