Piden investigar a la empresa estatal de Río Negro de tarjetas a estatales que nunca se emitieron

Se requirió la investigación de la sociedad Río Negro Compras, lanzada hace casi cuatro años para la creación de tarjetas para los estatales, que no se emitieron aunque existió igualmente un importante costo público.

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El legislador del FdT, Pablo Barreno presentó una denuncia en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de Fabian Gatti, solicitando que se analice la “posible existencia de irregularidades administrativas contables que hayan perjudicado al erario público”.

Esa sociedad, lleva algo más de un año en proceso de liquidación, a cargo de Ignacio Di Ilzarbe.

En su presentación, Barreno recuerda que la ley N° 5323 creó esa sociedad en el 2018 para “la administración y/o explotación de un sistema de tarjetas de compra y/o crédito” para los estatales rionegrinos.”

Después, contó de dos pedidos de informe, uno el año pasado y otro en el 2022.

El 27 de julio, el gobierno envió finalmente un informe técnico a la Legislatura de la sociedad. Se precisa que el Estado provincial le remitió 32,74 millones, entre el 2019 y 2021. Suma -con su actualización- unos 65 millones.

El escrito, de 162 fojas, incluye el último análisis de la Comisión Fiscalizadora de mayo pasado sobre el trimestre octubre-diciembre del 2021. Casi no precisa movimientos, consigna que -”según el información proporcionada- no tiene juicios en trámite ni como parte actora ni como demandada”.

Simultáneamente, el legislador presentó su escrito en la Fiscalía y afirmó haber “realizado gestiones ante las autoridades para acceder a la información”, pero “no fue proporcionada, afirmando que en la página web se encontraba toda la información” pero que no figura en “ninguna de las páginas web institucionales”.

Entendió que “dichas circunstancias implican una irrazonable limitación al derecho a peticionar a las autoridades y el ocultamiento de información”.

En otra parte, Barreno alude a una nota de inicio del 2022 del “Diario Río Negro” que consigna que Río Negro Compras ingresó en su liquidación, sin cumplir con el objeto de creación y un costo para la Provincia de unos 57 millones de pesos”.

Con la liquidación de la empresa estatal, el legislador remarcó que “sólo existen más dudas que certezas, se desconoce la situación del resto del personal y la existencia de procesos judiciales, en trámite, o acuerdos que aún no se han homologado, teniendo en cuenta que de la única información pública existente no surgen precisiones”.

Dice que “tampoco se ha podido verificar que las personas que integraron la empresa cuestionada se encontraban en relación de dependencia con el Estado Provincial”, bajo las diferentes modalidades existentes para la prestación de servicios -honorarios profesionales, etc.”

Remarca en su denuncia que “se creó una empresa” para “beneficiar” a 70.000 estatales y sólo se obtuvieron pérdidas millonarias” para la Provincia, sin haber hecho entrega de ninguna tarjeta, ni mucho menos haber otorgado algún crédito a una trabajadora o trabajador estatal”.

Reivindica que el “funcionario o empleado público viene a desempeñar una tarea de servidor; por lo cual está obligado a obrar conforme al marco de competencias que el ordenamiento jurídico le ha instituido; y en caso de que su obrar sea irregular, surge así la teoría de la responsabilidad como garantía jurídica y como mecanismo de control; garantía respecto de los administrados y control en el ejercicio de las potestades públicas”.

En ese marco, Barreno solicita al fiscal Gatti se analice la “posible existencia de irregularidades administrativas contables que hayan perjudicado al erario público”, con la comunicación al Ministerio Público Fiscal para que “promueva las acciones penales correspondientes, por posibles delitos por incumplimiento u omisión y/o impericia y/o negligencia de los deberes de funcionarios públicos”.