La fugaz empresa estatal de Río Negro, que no dejó nada y costó 57 millones

El oficialismo alentó las tarjetas de compra para estatales y creó la sociedad para su emisión, que ahora está en liquidación. Desaparece sin aportes a la Provincia, pero requirió sucesivos recursos públicos durante sus tres años de vida.





La iniciativa oficial para implementar las tarjetas de compras para los estatales rionegrinos se desactivó y la empresa creada para su emisión está en liquidación, después de tres años y un costo para el Estado provincial de unos 57 millones de pesos.

La idea gubernamental empezó a concretarse en noviembre del 2018, impulsada por el gobierno de Alberto Weretilneck. Al otro año se inició el armado de la sociedad, la constitución de un equipo y el diseño financiero que finalmente no tendrá utilidad porque, como se preveía desde el año pasado, no habrá tarjetas de compras y créditos para los estatales.

El fracaso deja inmediatamente un costo actualizado para el Estado mayor a los 57 millones, considerando acuerdos judiciales con empleados despedidos.

El núcleo de la iniciativa era buena pero, tal vez, se contaminó, desviándose del objetivo de instalar una tarjeta para que los agentes compren alimentos, con sus posteriores débitos salariales. Nada raro, simplemente lo que ya usufructúan mutuales (algunas en convenios con privados) y gremios.

El impulso estuvo en el entonces ministro y hoy diputado nacional Agustín Domingo, y prosperó cuando el ex gobernador Weretilneck lo habilitó, con sus ingredientes políticos, incluyendo su impacto a la estructura financiera-crediticia de UPCN. Ya estaba la disputa entre el senador y Juan Carlos Scalesi.

Aún su formalización a fines del 2018, Economía alentó el armado en el 2019 aunque el real impulso se estimaba para el 2020, con la puesta en marcha del uso de las tarjetas. Para este año se programaba un movimiento financiero cercano a los 200 millones.

Pero ocurrió un percance para su concreción: el desplazamiento de Domingo. A esa salida, nada amistosa, se le sumó que Carreras nunca creyó en esa herramienta. Y a Weretilneck, el respaldo político del plan, ya tampoco le interesaba.

En tres años, el oficialismo provincial pasó de su promoción al entierro del proyecto, dejando un costo que no es nada menor para Río Negro.

En el 2019, los gastos de la sociedad fueron de casi 5,8 millones, centrados en su personal, mientras que en el 2020 se requirieron algo más de 15,2 millones, con una quincena de agentes. El año pasado, aún el ajuste, el Estado provincial aportó casi 19 millones.

La suma de esas transferencias arrojaría un desembolso superior a los 40 millones aunque, en realidad, su referencia actual es mayor cuando se actualiza las erogaciones del 2019 y 2020 por los índices inflacionarios.

En ese caso, el total del desembolso público – a valor de hoy- representaría unos 54 millones de pesos. Además, hay obligaciones residuales, como indemnizaciones pautadas. Dos acuerdos judiciales ya llegan a los 3 millones.

Finalmente, en el 2022, Río Negro Compras no tiene presupuesto y Economía reconoce su proceso de liquidación, a partir de la reubicación de su personal y, además, existieron desvinculaciones.

La variación del tiempo se advirtió en el 2021,a partir de su presupuesto. Su texto planteaba que la realidad de la sociedad se había modificado y sus partidas se habían recortados. “La empresa -expresaba- se ha visto expuesta a un replanteo de sus actividades”. Se preveía que “la estructura de gastos” se “reduciría a la mínima expresión” y sus labores técnicas se focalizarían en “convenios de colaboración” a “otras dependencias del Estado”. Fue lo último.

Dos despidos y sus acuerdos por tres millones


La Justicia homologó -en principio- dos acuerdos por despidos donde la Provincia abonará unos tres millones de pesos.

Un entendimiento corresponde a la ex gerenta general de Río Negro Compras SA, Sandra Iturburu. Llamativamente, su nombre figura aún en el protocolo oficial, como también, la empresa en liquidación.

Esa conciliación, que formaliza la Cámara Laboral de Viedma, puso fin a “la acción autosatisfactiva iniciada” por la ex gerente general con Río Negro Compra. La Provincia se compromete a pagar 2 millones “en concepto de pago de indemnizaciones por despido, duplicación indemnizatoria (DNU 34/19 y sus sucesivas prorrogas) y liquidación final”.

También, el Estado afrontará las costas, que se regulan en 110 mil pesos, más el IVA.

El segundo acuerdo se establece con un empleado demandante y se prevé un pago de 900 mil pesos por “indemnizaciones por despido, duplicación indemnizatoria y sucesivas prorrogas), salarios adeudados y liquidación final”. Se deben agregar casi 50 mil pesos por costas al representante del despedido.


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