Por la polémica con las multas en Darwin, encontraron más de 150 radares sin autorización sobre rutas nacionales

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) llevó adelante un extenso operativo de control sobre las rutas nacionales de todo el país, el cual derivó en el hallazgo de más de 150 radares que operaban sin la autorización correspondiente.

Según precisó el organismo nacional, la medida de revisión masiva cobró impulso luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó su postestad para habilitar estos dispositivos en rutas nacionales frente a un reclamo judicial por el municipio rionegrino de Darwin.

Se trató de la demanda para solicitar la nulidad de la Disposición ANSV N° 31/2020, y que el Estado reconociera su atonomía para regular y sancionar el tránsito dentro del ejido municipal, aún en tramos con jurisdicción nacional.

Sin embargo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron el recurso presentado por el municipio.

La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la validez constitucional de las facultades de la ANSV para controlar y autorizar cinemómetros en rutas nacionales y señaló que el municipio podía solicitar una nueva autorización si se ajustaba a la normativa vigente.

En el fallo se enfatizó que la comuna no acreditó que las facultades otorgadas a la ANSV por la Ley 26.363 vulneraran derechos constitucionales locales y se destacó que la Municipalidad incumplió requisitos vinculados al control y funcionamiento de los radares.

Las inspecciones detectaron certificados vencidos, ausencia de informes periódicos, deficiencias en señalización y el uso de un radar que había sido suspendido por la autoridad nacional.

Los jueces consideraron que esas irregularidades resultaban incompatibles con los objetivos de seguridad vial invocados por el municipio y, en consecuencia, la Corte rechazó el recurso extraordinario presentado por la comuna rionegrina.

A partir de esa resolución, las autoridades nacionales decidieron transparentar el sistema de fiscalización automática para garantizar que los equipos cumplan un rol preventivo frente a los siniestros de tránsito.

Con información de Noticias Argentinas.

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Fiscalización de radares en rutas nacionales: qué debe tener una fotomulta para ser legal

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Según precisó la ASNV este jueves 28 en un comunicado oficial, el relevamiento oficial abarcó más de 40.000 kilómetros de caminos nacionales durante el transcurso del año 2026. Al comenzar las tareas, los registros oficiales marcaban la existencia de 526 equipos autorizados, compuestos por 363 fijos y 163 móviles.

No obstante, los inspectores detectaron que 124 de los radares fijos habilitados no se encontraban en su ubicación original. Ante este escenario, la dependencia nacional comenzó a intimar a las diferentes jurisdicciones para exigir explicaciones, bajo la advertencia de revocar los permisos si los equipos dejaron de funcionar o si presentan verificaciones técnicas vencidas.

Asimismo, el dato más llamativo del operativo fue el descubrimiento de 152 radares fijos que emitían infracciones sin contar con la autorización correspondiente de la entidad nacional. Como consecuencia, se exigió el cese inmediato de su uso y el retiro de las instalaciones.

En este marco, informaron que para que una fotomulta tenga validez legal, debe incluir: datos precisos sobre el radar utilizado -como marca, modelo, número de serie, homologación y calibración vigente-; además de la información exacta de la infracción -lugar, fecha, hora, velocidad permitida y velocidad registrada-, junto con una imagen clara de la patente del vehículo-.

También indicaron que debe figurar la identificación del operador habilitado, la autoridad que emitió el acta y el juzgado competente. A su vez, el control debe estar previamente señalizado y la infracción debe notificarse dentro de los plazos legales correspondientes.

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El conflicto en Darwin y las denuncias por fotomultas indebidas en Río Negro

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El municipio de Darwin estuvo en el centro de la polémica debido a las presuntas irregularidades en el cobro de multas sobre la Ruta Nacional 22. Legisladores provinciales presentaron una denuncia penal en la fiscalía descentralizada de Choele Choel para que la Justicia investigue la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La acusación apunta a los responsables comunales por exigir el pago de infracciones detectadas en un período en el que los equipos debían estar inactivos.

La controversia se originó a partir de la sanción de la ley provincial 5726 a mediados del año pasado, normativa que declaró nulas las fotomultas previas y ordenó su archivo para adecuar el sistema a nivel provincial. A pesar de esta disposición, diversos ciudadanos denunciaron la recepción de correos electrónicos con intimaciones de pago por actas anteriores a la vigencia de la norma. Situaciones similares de cobros indebidos también se advirtieron en la localidad de Conesa.

Si bien Darwin obtuvo un permiso provisorio en febrero de este año por parte de una agencia provincial, la autoridad vial le otorgó un plazo hasta el 24 de junio para ajustar sus controles a las exigencias legales. Los requerimientos también incluyeron mejoras en la señalización vertical y horizontal, documentación sobre siniestros viales recientes y la correcta fundamentación de las ubicaciones elegidas para los radares.

Las medidas de reordenamiento también impactaron en la zona andina de la provincia. Recientemente, a través de una disposición publicada en el Boletín Oficial, se dio de baja la autorización de dos radares municipales que operaban sobre la Ruta Nacional 40, dentro del ejido de Dina Huapi.

Estos cinemómetros habían sido homologados en los años 2018 y 2020 para controlar la velocidad entre los kilómetros 2051,5 y 2055 de la mencionada vía.

El retiro del permiso se concretó luego de que el organismo nacional solicitara documentación actualizada y el municipio respondiera que dichos equipos móviles no se utilizaban para constatar infracciones desde mediados del año 2022. Frente a esa confirmación, la autoridad de la cartera vial procedió a revocar la habilitación y notificó la decisión a los organismos de control pertinentes.