Primera aprobación en Río Negro para que la Policía utilice armas no letales
La votación fue de 28 respaldos y 9 legisladores en contra. Queda un segundo tratamiento parlamentario para su sanción definitiva.
La Legislatura aprobó -en primera vuelta- el proyecto para que la Policía de Río Negro pueda utilizar armas no letales -como la Taser- con el «objetivo de prevenir, detectar y neutralizar situaciones delictivas sin tener que recurrir al uso de armas de fuego», según la pretensión de su legisladora autora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro).
La iniciativa tuvo tratamiento este jueves en la primer sesión ordinaria de 2026 y incorpora dispositivos como pistolas Taser, aerosoles irritantes, proyectiles de impacto controlado —como balas de goma— y sistemas de disuasión acústica o luminosa.
La votación
La aprobación fue por mayoría, con 28 votos positivos y 9 negativos (los cinco legisladores de la bancada de Vamos con Todos y cuatro del PJ: Daniel Belloso, Leandro García, Luis Ivancich y Alejandra Mas).
Durante su fundamentación, Mansilla sostuvo que la norma busca actualizar el marco legal y adecuarlo a estándares internacionales que promueven el uso progresivo de la fuerza. Señaló que en muchos casos el uso de armas letales resulta desproporcionado y que estas alternativas permiten intervenir sin generar consecuencias irreversibles.
La ley fija condiciones estrictas. Solo podrán utilizarlas efectivos con capacitación certificada y cada intervención deberá ser registrada en audio y video. Además, se establece que su uso estará limitado a situaciones de peligro inminente, defensa propia o de terceros, o para impedir delitos cuando otros medios resulten insuficientes.
Luego, Santiago Ibarrolaza (Cambia Río Negro) definió la norma como “integral y de vanguardia” y, después, Fernando Frugoni (ARI) propuso reemplazar el término “armas no letales” por “armas menos letales”, al advertir que todos los dispositivos pueden causar la muerte en determinadas circunstancias. El presidente de la bancada del ARI, Javier Acevedo, adelantó el apoyo y, además, recordó una presentación similar de ese espacio en 2024.
El PRO también respaldó. Juan Martín defendió el proyecto para “cuidar a los que nos cuidan” y pidió discutir seguridad “sin complejos ideológicos”.
La oposición partió de Vamos con Todos y el PJ. Ayelén Spósito alertó que su utilización se daría en las protestas y, en igual dirección, José Luis Berros planteó que se prohibiera su uso en manifestaciones públicas y en grupos vulnerables. “El delito se combate de otra forma”, sostuvo.
¿Qué armas se admiten y cuáles son las condiciones?
El proyecto aprobado establece que se consideran armas no letales a aquellas diseñadas para incapacitar, disuadir o controlar a una persona, reduciendo significativamente la probabilidad de producir lesiones graves o muerte.
Entre los dispositivos contemplados se incluyen:
- Dispositivos electrónicos de incapacitación neuromuscular, como Taser o Axon
- Aerosoles irritantes, como gas pimienta u oleoresina de capsicum
- Armas de proyectiles de impacto controlado, como municiones de goma o polímeros especiales
- Lanzadores de agentes irritantes para dispersión
- Dispositivos acústicos o luminosos de disuasión, como granadas aturdidoras.
Además, se establece que todas las herramientas deberán cumplir con los estándares técnicos y de seguridad fijados por la normativa nacional vigente.
Registro habilitante y procedimientos filmados
Entre los ejes centrales del proyecto, se establecen dos artículos regulatorios orientados a las limitaciones de las fuerzas policiales. Por un lado, se exige la capacitación específica de los miembros conforme a
protocolos de entrenamiento técnico y operativo, los cuales además deberán quedar asentados en un registro actualizado del personal habilitado, consignando instructor y fecha de certificación.
Y por otro lado, el articulo N° 6 obliga a los oficiales a dejar constancia de todo el procedimiento mediante audio y video con el fin de transparentar la legalidad del procedimiento. «Siempre se ha discutido si hubo un exceso de la policía o no, pero de esta forma, con un video, audio, filmación, vamos a poder controlarlo administrativa o judicialmente», explicó Mansilla.
Además, la legisladora indicó que mantuvo conversaciones con Daniel Jara, Ministro de Seguridad y Justicia, quien también manifestó la necesidad de capacitación para el personal y la limitación de su uso a agentes de la Brigada Motorizada o el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER). «No se va a habilitar el uso a cualquier agente, tiene que estar preparado si o si», sostuvo Mansilla.
Costos operativos y antecedentes
El proyecto ya había sido presentado por Mansilla en noviembre de 2024, pero el expediente 1555/2024 nunca obtuvo el dictamen favorable por parte de las dos comisiones intervinientes correspondientes a su legislación y presupuesto, lo cual impidió su avance a nivel de tratamiento.
Sin embargo, la iniciativa sufrió ligeras modificaciones antes de ser presentada nuevamente, reformando la carátula de armas no letales a «no letales y casi no letales» y con ello, ampliando el abanico de herramientas habilitadas con el fin de no limitar el uso a las Taser. En este sentido, el proyecto posibilita el uso de dispositivos no letales pensados para cada situación específica, desde reducción de individuos a aturdimientos en cúmulos de personas o agentes irritantes de dispersión.
En relación a los costos operativos, la legisladora estima que el valor de cada dispositivo Taser rondaría los 3 mil dólares.
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