Proponen obligar a los diputados de Neuquén a estudiar la Constitución

El presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana de Neuquén, Marcelo Inaudi, propuso «la capacitación obligatoria, periódica e inicial en derecho constitucional para todas las personas que integren la Legislatura provincial», en calidad de «diputados titulares o suplentes que asuman el cargo, así como para las autoridades superiores de su estructura administrativa».

El exlegislador dijo a diario RÍO NEGRO que «hay numerosas leyes que luego de ser sancionadas fueron declaradas inconstitucionales, decisiones que pueden compartirse o no, pero eso no convierte a los jueces en enemigos públicos sino que están ejerciendo su función».

Inaudi señaló como ejemplos «la cuestión de los plazos procesales; ahora los allanamientos nocturnos que fueron incorporados al Código Procesal aunque están prohibidos por la Constitución; o la prisión preventiva por reiterancia, un tema debatible por el principio de inocencia».

Estas figuras, que se introdujeron con la excusa de dotar a la fiscalía de más herramientas para combatir el microtráfico de drogas, generaron polémica y roces.

Planteos ante el Tribunal Superior

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Por ejemplo el abogado Marcelo Muñoz presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia contra varios artículos del Código Procesal, como el que autoriza la detención de una personal sin orden judicial por hasta 48 horas (el máximo eran 24).

También pidió que se declare inconstitucional la facultad de realizar allanamientos nocturnos y sin la presencia de un fiscal.

Reproches de legisladores a jueces

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Un juez de San Martín de los Andes, Maximiliano Bagnat, decidió no aplicar la reiterancia para dictar la prisión preventiva de una persona y recibió un insólito pedido de explicaciones del bloque de diputados del PRO. Otro magistrado de Neuquén capital, Luis Giorgetti, declaró inconstitucional la reiterancia y el legislador de ese espacio Marcelo Bermúdez lo acusó de tener «una visión garantista berreta».

En una entrevista con radio UNCo-CALF hace unos días, el diputado también afirmó: «la constitucionalidad o inconstitucionalidad de algo es una cuestión de gustos. La Constitución no se puede medir, no tiene tamaño, no se sabe si es grande, si es chica, si es gruesa, si es fina, si es larga, si es corta… es una cuestión de gustos», insistió

Buenas prácticas

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Inaudi expresó que «una de las funciones de los jueces es pronunciarse sobre la eventual inconstitucionalidad de una norma. Cuando lo hace el Tribunal Superior de Justicia en ejercicio de su competencia originaria, la sentencia tiene efecto derogatorio de la norma«.

Recordó un planteo que hizo él mismo sobre la ley 685 de colegiación de lo abogados, cuando asumió como legislador. La norma prohibía a los diputados con título de abogado ejercer su profesión en el fuero penal y el TSJ la declaró inconstitucional.

En ese contexto opinó: más acá en el tiempo está la cuestión de los plazos del CPP, los allanamientos nocturnos (prohibidos en la Constitución Provincial) o la cuestión de la reiterancia, un tema que es debatible por el principio de inocencia. Los jueces que declaran la inconstitucionalidad no se convierten en enemigos públicos, sino que están ejerciendo su función. Los diputados prestan acuerdo a jueces de «Garantías», por lo tanto, mal pueden sorprenderse de algún magistrado que las haga valer. Me parece que es necesaria una capacitación básica».

A cargo de la UNCo

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En su proyecto, la cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue «será la encargada de diseñar, dictar y evaluar los programas de formación establecidos por la presente ley, en coordinación con la Legislatura».

El programa de capacitación deberá abarcar, como mínimo, «división de poderes, funciones y límites del Poder Legislativo»; «Derechos humanos y tratados internacionales con jerarquía constitucional, en su vinculación con la labor legislativa»; Debido proceso judicial. Principio de inocencia y garantías constitucionales básicas en materia penal y procesal. Obligaciones constitucionales vinculadas al encierro de personas».

También un capítulo de «comunicación pública responsable: pautas constitucionales y jurídicas a tener en cuenta para el tratamiento de temas de interés ciudadano en medios de comunicación».