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Relevamiento de comunidades indígenas: una deuda de 17 años sin saldar en Río Negro
El año pasado hubo un acercamiento con el INAI para firmar el convenio pero se trabó. El destino de cuatro camionetas y otras diferencias no permitieron avanzar. El Parlamento mapuche acusa que no hubo voluntad del Gobierno.
La Cátedra Libre de Idioma y Cultura Mapuche arranca un nuevo año de clases. Archivo
La deuda que los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales tiene con la aplicación de la ley 26160 de comunidades indígenas seguirá sin saldarse en la región.
En Río Negro las estimaciones oficiales y de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche indican que todavía queda un centenar de comunidades indígenas sin relevar en Río Negro.
Este año no se avanzó nada con el trabajo del relevamiento territorial. A diferencia de Neuquén, Río Negro ni siquiera firmó el convenio correspondiente con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) porque en el medio surgieron varios cortocircuitos.
El jefe de Gabinete del Gobierno de Río Negro, Pablo Zúcaro, informó a Diario RÍO NEGRO que cuando asumió en su cargo a principios de marzo pasado “enseguida se contactó conmigo (el presidente del INAI) Alejandro Marmoni y vino y tuvimos una charla positiva”.
Dijo que en esa reunión acordaron avanzar en Río Negro con el relevamiento territorial. Semanas después, hubo una nueva reunión con referentes de las cuatro regiones que conforman el Codeci y el propio presidente del INAI.
Zucaro explicó que en esa ocasión en la que la comitiva del organismo nacional presentó el proyecto de convenio.
Comentó que ese documento fue al área de Legales del Gobierno provincial para que lo analizaran. De un estudio detallado de las cláusulas surgieron dos observaciones.
El jefe de Gabinete contó que los dos aspectos que se objetaron fue que la información que surgiera de los relevamientos territoriales no sería pública. “A nosotros nos parece que la información que sale de ese trabajo es importante para la historia social, para que puedan acceder universidades o investigadores”, indicó. “Planteé que no entendía por qué esa información tenía que ser privada y me respondieron que era propiedad del INAI y que no se podía difundir”, afirmó Zucaro.
Dijo que la representación de Río Negro en ese convenio era a modo de veedores, “pero no íbamos a tener ninguna injerencia en nada”.
Explicó que las autoridades del organismo nacional proponían un convenio del tipo centralizado y no descentralizado como el que suscribieron con el Gobierno de Neuquén. Les respondieron que no había tiempo para hacerlo de manera descentralizada. La gestión finaliza el 10 de diciembre próximo.
El otro punto que el Gobierno rionegrino objetó era que el INAI aportaba las remuneraciones de los profesionales que trabajarían en los relevamientos y la Provincia debía asumir los costos de la logística del operativo.
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- Carpetas técnicas terminadas y más de 100 comunidades pendientes de relevar.
Zúcaro aseveró que enviaron hace dos meses aproximadamente las observaciones del borrador del convenio a los responsables del INAI, pero hasta el momento “no tuvimos ninguna respuesta ni formal ni informal”.
“Es poco probable que se haga el relevamiento”, admitió el jefe de Gabinete rionegrino. Defendió esa herramienta que establece la ley 26160, sancionada a finales de noviembre de 2006 por el Congreso Nacional que declaró “la emergencia en materia de posición y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el registro nacional de comunidades u organismo provincial competente o aquellas preexistentes por el término de 4 años”.
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La norma fue prorrogada en tres ocasiones por el Congreso y en noviembre del año pasado por un decreto del presidente Alberto Fernández, con vigencia por un año.
Zúcaro opinó que el relevamiento territorial de las comunidades indígenas de la provincia “es necesario porque ordena, disminuye la conflictividad y se pone blanco sobre negro”.
“Como cuestión conceptual está muy bien”, enfatizó. “Da la posibilidad, primero, de poder avanzar con las comunidades que tienen derechos y poner coto” a los reclamos infundados”, señaló.
Valoró que es el paso previo a tener un título comunitario, y sobre todo, destacó que el relevamiento “termina con todas las suspicacias”.
Nadie sabe dónde están cuatro camionetas
El jefe de Gabinete del Gobierno de Río Negro, Pablo Zúcaro, comentó que cuando se estaba por firmar el convenio tiempo atrás hubo un desacuerdo por el tema de tres camionetas y todo se trabó.
Explicó que desde el INAI mandaron el aviso que necesitaban 3 o 4 camionetas nuevas para usarlas durante el trabajo del relevamiento. Zúcaro afirmó que Nación compró las unidades que fueron registradas a nombre de la Provincia.
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Dijo que cuatro camionetas fueron destinadas para uso del Codeci mientras se ponía en marcha el relevamiento territorial. Pero el convenio no se firmó y el trabajo de campo tampoco se hizo. Sin embargo, “nunca se devolvieron las camionetas”.
“No sabemos ni siquiera quién las tiene”, aseguró el jefe de Gabinete. Dijo que exigieron que esos automotores sean devueltos, pero hasta el momento no sucedió.
Contó que el presidente del INAI, Alejandro Marmoni, le había planteado no trabar la firma del convenio por el tema de las camionetas. “Pero no puede ser que no sepamos dónde están”, dijo que había sido la respuesta al funcionario nacional.
Dijo que, a raíz de esa situación, pidió que se incorporara en el convenio una cláusula “para blanquear esa situación”.
Zúcaro indicó que el dato que tienen es que las camionetas las tienen algunas autoridades del Codeci. “Ese es uno de los temas que traba el convenio”, afirmó.
Recordó que una de esas camionetas fue la que manejaba el vicepresidente del INAI Luis Pilquimán, cuando fue detenido a principios de septiembre del 2020 por circular en un automotor oficial con un grupo de personas fuera del horario permitido, por las restricciones impuestas en plena pandemia por el Covid-19.
Decenas de convocatorias sin responder
La expresidenta del INAI, Magdalena Odarda, informó que en julio del año pasado le había enviado al entonces ministro de Gobierno provincial, Rodrigo Buteler, un informe con todas las convocatorias hechas desde ese organismo “para arribar a acuerdos que propendan la firma del convenio específico de relevamiento territorial de comunidades indígenas en la provincia de Río Negro”.
En ese documento al que este diario accedió hay 26 convocatorias a funcionarios rionegrinos por varios asuntos relacionados con el relevamiento territorial y el convenio pendiente. La primera se hizo el 5 de marzo del 2020 y la última durante la gestión de Odarda fue el 30 de junio del 2022.
“Nunca fue voluntad política del Gobierno de Río Negro terminar el relevamiento”
“Al acuerdo no se llegó porque el Gobierno de la provincia de Río Negro siempre puso algún reparo”, aseguró el coordinador del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo.
“En principio, poniendo como excusa que estaba Magdalena Odarda al frente del INAI; después pidieron la renuncia también”, sostuvo.
Según Carriqueo, “Nunca fue voluntad política del Gobierno de Río Negro terminar el relevamiento a pesar de los muchos diálogos que tuvimos, acercamientos, acuerdos”.
“Un día estuvimos todo el día discutiendo sobre los puntos del acuerdo y cuando estaba todo acordado se decidió que se tenía que esperar que la gobernadora (Arabela Carreras) decidiera y la gobernadora decidió pedirle la renuncia a Magdalena. Ahí se paró todo”, recordó.
“Después hubo otros encuentros más para dilatar porque la verdad es que la provincia no tiene ningún interés. Tiene una clara política antimapuche, racista y eso se ve en todos los aspectos”, sostuvo.
A modo de ejemplo, mencionó el amparo minero, “en las maneras de actuar que tiene con los parques eólicos, con la idea del hidrógeno verde en la meseta de Somuncura, en el proyecto del gasoducto Vaca Muerta Sur”.
“Todo eso se plantea sin ningún tipo de consulta, no le importa si hay comunidades, familias mapuches dispersas, si hay discusión social en qué va afectar o no”, observó. “Es una decisión entregar tierras a la empresa Fortescue como hicieron en las Meseta de Somuncura y ahora lo hacen en cerro Policía”, denunció Carriqueo.
Dijo que una clara muestra es que “a las comunidades que reclaman territorio les aplican un proceso judicial y eventualmente balas como pasó con Parques Nacionales con el caso de Rafa Nahuel y Elías Garay en Quemquemtreu (cerca de El Bolsón). Creo que está a la vista”.
“Va a ser difícil terminar el relevamiento en estas circunstancias y con estos gobiernos y creo que la ley 26160 se va a mantener por algunos años más”, opinó.
“Si viene un gobierno y la deroga está proclive a generar mucha más conflictividad, me parece que sería una decisión muy violenta como para continuar el despojo y la violencia en el territorio a la que ya estamos sometidos”, expresó. “Creo que, básicamente, hay discusiones que están atadas a muchos intereses y esos intereses están representados por todos los gobiernos provinciales. Por eso, es tan difícil concluir el relevamiento territorial porque implica también representar los territorios, qué políticas se pueden aplicar ahí teniendo en cuenta la consulta”, manifestó.
“Y también el Estado debe entregar tierras aptas y suficientes a las comunidades que les faltan todavía”, exigió Carriqueo.
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