Llamativo pedido oficial a la Legislatura de Río Negro para que intervenga frente a la «creciente ola de delitos»
La solicitud recayó en el vicegobernador Palmieri para que convoque a la Comisión de Seguridad, integrarán jueces, legisladores y funcionarios del Ejecutivo, por la “ola de delitos” y “marcado incremento en la violencia”.
Un centenar de personas se movilizaron y entregaron petitorios a autoridades municipales y provinciales. Foto Marcelo Ochoa.
El intendente de Viedma y vicegobernador electo, Pedro Pesatti requirió la intervención de la Legislatura frente a la situación de seguridad en Río Negro, pidiendo «analizar los resultados» y «proponer políticas que perfeccionen su funcionamiento”.
Explica su petición institucional frente a la «creciente ola de delitos» y el «marcado incremento de la violencia».
La nota, enviada al vicegobernador Alejandro Palmieri, generó sorpresa en el gobierno de Arabela Carreras aunque el intendente Pesatti siempre resaltó que las respuestas de políticas de seguridad pertenecen exclusivamente a la Provincia.
Con ese argumento, el jefe comunal de la Capital desentendió al municipio de acciones propias en esa problemática.
Se opuso a la convocatoria y la constitución del Consejo Local de Seguridad y, frente a los insistentes reclamos vecinales, propuso este año conformar otro ámbito, con la denominación de Foro y limitado a concejales y funcionarios municipales. El Concejo Deliberante lo aprobó hace dos meses pero aún no fue constituído.
Los delitos se mantienen, especialmente robos y, además, nada se sabe del asesinato en Viedma del joven Jonathan Caracciolo, baleado en ocasión que concurría a un comercio.
En el texto a Palmieri, el intendente pone a su consideración que convoque a la Comisión Especial de Seguridad, previsto por la ley N° 3152 y cuya integración se establece con legisladores, jueces, fiscales y funcionarios del Ejecutivo.
Entiende que ese llamado pretende “atender el estado de situación que presenta el sistema de seguridad” de Río Negro con “el objeto de analizar sus resultados y proponer las políticas que perfeccionen su funcionamiento”.
Justifica su pedido en que se observa “una creciente ola de delitos que se asocia además a un marcado incremento en la violencia de los mismos”, particularmente en “las ciudades más pobladas” y, entre ellas, Viedma, indica su intendente.
A partir del pedido de Pesatti, la evaluación del llamado a la Comisión de Seguridad dependerá del vicegobernador Palmieri. El requerimiento se formalizó en períodos de receso legislativo y de feria judicial, que se extenderán por una semana más.
Recuerda que la ley 3152 fue pensada para que “quienes tienen las máximas responsabilidades en relación a la seguridad “ puedan «analizar el funcionamiento de las políticas y de sus instituciones” para “corregir y perfeccionar el desenvolvimiento de todas las partes que intervienen en esta función central e indelegable que debe cumplir el estado de la provincia de Río Negro”.
Esa norma fue impulsada por el gobernador Pablo Verani y aprobada en 1997, a partir del impacto del triple femicidio de Cipolletti de las hermanas Paula y María Emilia González, y su amiga Verónica Villar. Planea que las funciones de la Comisión se centran en “proponer con criterio unívoco los objetivos y estrategias de los Poderes para elaborar y ejecutar las acciones”, “concertar acciones” para garantizar “una idónea y eficiente seguridad” y “promover y diseñar planes, programas y proyectos para la prevención e investigación de las conductas delictivas que afectan a la sociedad”.
Además, propone “individualizar la problemática, necesidades y conveniencia” sobre “la seguridad dentro, con recepción de sus reclamos, proponiendo la adopción de medidas para adecuar los medios legales, humanos, técnicos y materiales disponibles”.
El primer artículo establece que la Comisión se conforma con los titulares de los bloques de legisladores, tres miembros del Ejecutivo -el ministro de Gobierno y dos funcionarios más con rango no inferior a subsecretario-, un vocal del Superior Tribunal de Justicia o, en su reemplazo, un camarista y el Procurador General o un fiscal de Cámara.
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