Tras el receso legislativo, el oficialismo busca acelerar el nuevo esquema de regalías mineras en Neuquén
Los proyectos enviados por el Ejecutivo provincial contemplan alícuotas de entre el 2% y el 3%. La actividad quedará bajo la órbita del RIGI. El tratamiento en el recinto se reanudará a partir del 27 de julio con el objetivo de sancionar la ley antes de fin de año.
La Legislatura de Neuquén retomará la actividad parlamentaria el próximo 27 de julio, luego del receso invernal, con una agenda enfocada en la diversificación productiva.
El oficialismo apunta a agilizar el tratamiento de dos iniciativas clave impulsadas por el gobernador Rolando Figueroa: la reforma del Código de Procedimiento Minero y el establecimiento de un nuevo régimen de regalías. Ambas propuestas buscan adecuar el marco normativo provincial ante la vigencia del RIGI nacional.
El diputado provincial Ernesto Novoa (Comunidad) señaló que el desarrollo de la minería en el centro y norte de la provincia requiere la fijación de reglas claras y previsibilidad para la llegada de inversiones. Asimismo, vinculó el avance de la actividad con obras de infraestructura estratégica, tales como la consolidación del paso internacional Pichachén para conectar la producción local con los puertos del océano Pacífico.
En términos logísticos, el legislador diferenció la distancia existente desde Andacollo hacia el puerto chileno de Talcahuano, estimada en 350 kilómetros, respecto de los aproximadamente 900 kilómetros que separan a dicha localidad del puerto de San Antonio Oeste en Río Negro.
El esquema de alícuotas propuesto por Neuquén
Uno de los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo prevé una diferenciación en el cobro de las regalías según el destino del mineral: un 2% para la extracción que sea procesada o utilizada dentro del territorio neuquino, y un 3% para aquellos recursos que se trasladen fuera de la provincia.
Respecto a la diferencia existente entre estos porcentajes y los que percibe la provincia en concepto de explotación de hidrocarburos, Novoa explicó que los parámetros responden a criterios de competitividad.
«Esos son los porcentajes que se cobran en el resto de los países mineros. Estamos compitiendo con otros destinos de las inversiones y no podemos salir del esquema y de un promedio de cobro que es el más aceptado y coherente», argumentó.
La iniciativa está siendo analizada en la comisión de Energía, que preside el diputado Damián Canuto (PRO), luego de una serie de modificaciones e informes técnicos. La expectativa del bloque oficialista es sancionar la normativa antes de la finalización del presente período legislativo.
Modificaciones en el Código de Convivencia
En paralelo, la reactivación legislativa posterior al 27 de julio incluirá la continuidad del debate por el nuevo Código de Faltas y Contravenciones, el cual se enmarca en la Ley de Regionalización (3480). La comisión de Asuntos Constitucionales ha mantenido encuentros con intendentes de diversas localidades de la provincia para relevar las demandas locales y los vacíos legales existentes en los municipios.
Según indicó Novoa, el ordenamiento vigente resulta obsoleto frente a las problemáticas actuales de la ciudadanía, por lo que se busca actualizar el texto legal para brindar herramientas más eficaces ante conductas que afecten la convivencia en los ámbitos urbanos.
Perspectiva política y proyección de inversiones
De cara al próximo año electoral y con el horizonte puesto en la consolidación del espacio hacia 2027, desde el oficialismo provincial evaluaron de manera favorable las proyecciones de gestión asociadas al desarrollo energético de Vaca Muerta y los proyectos de exportación de Gas Natural Licuado (GNL), cuya legislación ya fue aprobada en el recinto.
En el ámbito legislativo se contrapone el volumen de las inversiones actuales con hitos previos de la provincia: mientras que el acuerdo inicial entre YPF y Chevron implicó un desembolso de 1.500 millones de dólares, el nuevo marco normativo para el sector prevé proyectos que escalan hasta los 25.000 millones de dólares, escenario sobre el cual el gobierno provincial fundamenta sus expectativas políticas y económicas.
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