Zapala destaca por cobrar la tasa de inspección más baja de 74 municipios del país
Un relevamiento realizado sobre 74 municipios de 19 provincias expuso las enormes diferencias en el cobro de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH). Mientras algunas localidades aplican montos fijos, la mayoría sostiene alícuotas basadas en la facturación que afectan la competitividad de las PyMEs industriales.
Un relevamiento nacional volvió a poner bajo discusión la forma en que los municipios cobraron la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), en especial para la actividad industrial.
El estudio, elaborado por Argentina en Datos sobre 74 municipios de 19 provincias, mostró que la alícuota se fijó como un porcentaje de la facturación y no en función del costo real del servicio.
En ese esquema, una empresa terminó pagando montos distintos por controles similares, lo que abrió el debate sobre si se trató de una tasa o de un impuesto encubierto.
Los datos reflejaron una dispersión marcada: mientras en Zapala la alícuota rondó el 0,05%, en ciudades como Villa Carlos Paz alcanzó el 3,60%.
Dispersión tributaria y costos industriales
La mediana nacional se ubicó en 0,78%, lo que significó que una Pyme industrial pudo pagar hasta 72 veces más según el municipio donde tributó.
El informe señaló que esas diferencias no respondieron a mayores costos de inspección, sino a decisiones de política fiscal local.
El caso testigo que planteó el estudio tomó una empresa con facturación anual de 500 millones de pesos para comparar las asimetrías.
En Zapala, el pago anual se ubicó en torno a los 375 mil pesos, mientras que en municipios con alícuotas más altas la carga superó los 10 millones.
El debate sobre la contraprestación del servicio
La lógica que cuestionó el trabajo es que el servicio de inspección no cambió en proporción a la facturación, por lo que el criterio de cálculo perdió relación con la prestación concreta.
Algunos municipios, entre ellos Neuquén capital y San Martín de los Andes, avanzaron hacia esquemas de monto fijo que consideraron variables como superficie y nivel de riesgo.
Según el relevamiento, al menos 20 municipios del país ya aplicaron este modelo que buscó vincular el cobro con el costo del servicio.
En paralelo, el informe repasó antecedentes judiciales que fijaron límites a este tipo de tributos municipales.
Doctrina judicial y seguridad jurídica
Fallos de la Corte Suprema establecieron que una tasa debe corresponder a un servicio efectivo, individualizado y comprobable, guardando relación con su costo.
Bajo esa doctrina, la utilización de la facturación como base generó tensiones legales que muchos municipios todavía no corrigieron.
A nivel regional, el informe permitió poner en contexto la situación de Neuquén dentro del mapa nacional de presión tributaria.
Municipios como Zapala aparecieron entre los de menor carga relativa, mientras que Neuquén capital figuró con un esquema distinto sin vínculo directo a la facturación.
Impacto en la competitividad regional
Esa diferencia interna dentro de una misma provincia reforzó la idea de que no existió un criterio uniforme y de que la política tributaria respondió a decisiones locales.
El impacto de estas diferencias no resultó menor para el entramado productivo, afectando especialmente a las Pymes industriales.
El informe advirtió que la localización de una empresa no solo dependió de la logística, sino también de una carga tributaria municipal que se volvió determinante.
Otro punto que surgió del relevamiento fue la dificultad para justificar el cobro en términos de contraprestación efectiva.
Modelos tributarios en pugna
La doctrina judicial citada señaló que los municipios debieron poder demostrar la efectiva prestación del servicio que dio origen a la tasa.
Sin embargo, cuando el cálculo se basó en la facturación, esa relación se diluyó, ya que el monto creció sin aumentar la calidad de las inspecciones.
En ese escenario, el debate sobre la TISH volvió a instalarse de forma definitiva en la agenda fiscal.
Mientras algunos municipios avanzaron en esquemas técnicos, otros sostuvieron modelos tradicionales que priorizaron la recaudación fiscal.
Panorama nacional y casos provinciales
El informe de Argentina en Datos dejó expuesta la necesidad de equilibrar la autonomía municipal con la seguridad jurídica de las empresas.
En otros municipios, el esquema predominante siguió atado a la facturación con alícuotas que fueron desde el 0,20% en Corrientes hasta el 1,20% en Lanús.
En los tramos más altos aparecieron Concordia con el 2,00% y Villa Mercedes con el 2,50%, reflejando una notable dispersión.
El informe también identificó un grupo de municipios que se apartó de ese criterio y cobró la tasa como un monto fijo.
Alternativas al esquema de facturación
En provincias como Mendoza y San Juan, varias ciudades determinaron el valor según la actividad y la superficie del establecimiento.
Este modelo se replicó también en algunos distritos de Río Negro, Santa Cruz, La Rioja, San Luis y La Pampa.
Aun así, el relevamiento marcó que «convivieron ambos sistemas a nivel nacional» sin una regla común que unificara el criterio.
La localidad del centro neuquino, Zapala, resultó ser la que cobró la alícuota más barata según las conclusiones del estudio.
Un relevamiento nacional volvió a poner bajo discusión la forma en que los municipios cobraron la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), en especial para la actividad industrial.
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