Ponen bajo investigación gastos en el aeródromo de El Bolsón

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas convocó al ministro de Gobierno, Luis Di Giacomo, por un pago algo más de 1,1 millón de pesos a una empresa por “limpieza y zanjeo” en el aeródromo de El Bolsón. El Tribunal de Cuentas elevó oportunamente el expediente para su investigación y un informe de la Fiscalía corroboró irregularidades, incluso “presume un perjuicio económico” para el Estado rionegrino.

En su descargo, Di Giacomo relativizó las observaciones, ratificó que los trabajos se concretaron y fundamentó la urgencia de su realización en reclamos del ANAC. El informe gubernamental en el expediente reitera el apuro por la habilitación de la aeroestación frente a incendios forestales y justificó así el uso del procedimiento cuestionado. La citación comprende a cuatro funcionarios de Gobierno por la gestión y el desembolso de parte del ministerio, cuya participación también es cuestionada por los órganos de control al considerar que la temática exigía la participación de Obras Públicas.

A mediados del 2015, Gobierno pagó $ 1.149.500 por “legítimo abono” a la firma Miguel Piñeyro e Hijo, cuyos servicios discriminados serían $ 847.000 por “limpieza de 30 hectáreas” y $ 302.500 por “apertura y limpieza de zanjeo perimetral de 5.000 metros”.

Con los testimonios, el fiscal Marcelo Ponzone ya deberá resolver si desestima o promueve un juicio de responsabilidad en el Tribunal de Cuentas para determinar “el presunto daño al Estado y la responsabilidad de los funcionarios o agentes que lo hayan causado”.

En el inicio, el Tribunal cuestionó la imprecisión de las labores pagadas y, luego, la auditoría fiscal entendió que no hay “constancias que acrediten efectivamente que la empresa realizó” las labores abonadas, ni hay “fecha cierta de su realización”.

También, el órgano fiscal observó que a quien se le pagó tiene declarada una actividad ajena a la contratada –“estaciones de servicios”– y su inscripción fiscal figura en Chubut. Consideró que la utilización de “un legítimo abono” respondió a un contrato de hecho después de que la Fiscalía de Estado no permitiera un aporte no reintegrable para la cooperativa Coopetel de El Bolsón para cumplir con esa limpieza.

Para el jueves y viernes próximo, el fiscal convocó a Di Giacomo y los miembros de la Comisión Técnica que ratificaron esa contratación. La razonabilidad del precio no tiene dictamen de la comisión, advierte el informe de la FIA. Además, consigna que la “empresa facturó zanjeo perimetral por 5.000 metros” aunque el inspector de Vialidad –usando el programa Google Earth– informó de 4.300 metros.

Entre sus observaciones, la auditoria informa que la certificación de obra fue emitida por el jefe del aeródromo, César Hidalgo, cuando se debía cumplir y emitir por parte de un organismo provincial, considerando de donde provenían los fondos. Fue un “aporte no renovable” que “no fue aceptado por la Fiscalía de Estado”.

En sus conclusiones, la auditoria –que sirvió a Ponzone para convocar a los funcionarios– precisa que “de la documental no surgen constancias que acrediten efectivamente que empresa realizó los presuntos trabajos realizados” “ni fecha cierta de realización”, por lo cual, “presume un perjuicio económico” al Estado provincial de $ 1.149.550.

Para el jueves y viernes próximo, el fiscal convocó al ministro Luis Di Giacomo y los miembros de la Comisión Técnica.

El dato

El gobierno justificó el apuro por los incendios forestales

El gobierno dijo que se realizó un procedimiento distinto ante la “urgencia” para habilitar del aeródromo de El Bolsón por los incendios forestales.

“Río Negro” consultó al ministro Luis Di Giacomo, quien afirmó que en el expediente sólo se cuestiona que el objeto de la empresa contratada no coincidía con los trabajos a realizar. “Pero esa firma tiene las máquinas e hizo lo contratado. El pago no está objetado y se dieron las explicaciones del caso. Se tenía que hacer lo más rápido posible. ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) lo exigía, pues según recuerdo entraban caballos y se hizo una zanja”. Insistió que “todo estaba bien”.

En el trámite, Gobierno remarcó que la aeroestación es “de dominio provincial” y el desembolso estatal estuvo destinado a “las refacciones y reparaciones necesarias”, enmarcado en un acuerdo del gobernador con Coopetel, que preveía un aporte no reintegrable para esa cooperativa, la cual se encargaría inicialmente de los trabajos. La transferencia fue objetada por Fiscalía de Estado y no se hizo.

Además, la cartera respondió que “la ley de ministerio no otorga competencia” en estos asuntos, pero “la asignación de los aportes no reintegrables” sí pertenecen a Gobierno. El pago de la factura fue conformada por el ministro, que emitió posteriormente –el 13 de julio del 2015– la Resolución Nº 987 que aprueba ese gasto, registrándolo en la partida de “mantenimiento y reparación de edificios escolares y locales”. La comisión Técnica se integró con la subsecretaria de Gobierno, Sonia Syay Urrutia, el asesor legal, Renzo Blas Re y el director de Registro Civil, Luis Villagrán.