Por la integración efectiva de la mujer en la política

Alicia Comelli *


En 1997 se declara el 23 de septiembre como Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer en conmemoración de la Ley 13010 (1947) de sufragio femenino, en estos términos: “Las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o les imponen las leyes a los varones argentinos”. Interesante la claridad del lenguaje, el discurrir histórico del concepto de igualdad.

La igualdad, no discriminación y el respeto a los derechos humanos hacen a una sociedad más justa inclusiva y democrática, pero si bien los derechos humanos nacen con vocación universal, las reglas del ordenamiento social responden a patrones socioculturales donde la discriminación hacia las mujeres está profundamente presente y, por tanto, aquel universalismo deriva en claramente sexuado y masculino. Y es todavía una utopía por la que hay que luchar, es denunciar ese falso universalismo, donde pobreza, discriminación y género serían el resumen de este lamentable cuadro arquetípico de las demandas sociales.

Frente a este cuadro aparece cada vez más necesaria la integración efectiva de la mujer en la política, orientado a un cambio cultural con perspectiva de género. Los avances con medidas de acción positiva, como la legislación de cupos, a favor de la equidad y participación en la vida institucional, van lentamente en los tiempos de la historia buscando este equilibrio.

Esta inclusión cambió la agenda de debate político con la declaración de compromiso de la Agenda de Género para debate parlamentario del 2008, firmada por legisladoras que representábamos distintos espacios entendiendo que, así como legislación ha sido determinante en la opresión histórica de la mujer, también puede ser el medio para rectificar y superar desigualdades.

Forjamos una nueva agenda donde las mujeres aportan su experiencia de vida, desde lo individual y más importante desde el colectivo, haciendo visibles que el problema no son las mujeres, sino la desigualdad en las relaciones de poder, y la necesidad de romper subordinaciones ancestrales y saldar la gran deuda que sigue siendo la efectiva intervención y análisis de la realidad desde el género en la toma de decisiones desde el poder real.

Así, aquel sistema de cuotas de participación política de ampliación cuantitativa devino en la demanda de paridad para aspirar a una igualdad real. Reducir la subrepresentación de las mujeres en la política mutó en la búsqueda de compartir el poder político -ley de paridad género 27412- como expresión de universalidad.

Hoy en mi provincia se debate si una ley de acción positiva a favor de la equidad debería ser aplicada en perjuicio de un diputada nacional electa, en un sinsentido que más que corresponder a la voluntad expresa de la ley de superar la asimetría ocasionada por una práctica social desigual y discriminatoria nos hace pensar que para algunos es solo una pátina de progresismo igualitarista del mundo patriarcal, donde son los círculos masculinos del poder los que siguen determinado la inclusión.

Para consolidar un sociedad justa, equitativa y democrática frente a mecanismos de gran sutileza ideológica para “desacreditar” los análisis y mensajes que tiendan a poner luz sobre discriminaciones y exclusiones, en una sociedad profundamente compleja, fragmentada, excluyente e individualista que opera múltiples escisiones, de clase, de género, de etnias, etc.; las mujeres dirigentes políticas debemos seguir trabajando para ser instrumento de apertura de la militancia desde el género a la decisión desde el poder.

* Subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno de la Provincia del Neuquén


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