Postergan juicio contra abogado viedmense por uso de documentos falsos
Ignacio Galiano, a quien le quitaron la matrícula en Viedma, regresará a la cárcel bonaerense donde está alojado al ser acusado de liderar una banda de estafadores.
El enjuiciamiento por uso de documentos falsos con mutuales al abogado Ignacio Galiano quedó frustrado en lo inmediato como consecuencia de una serie de recusaciones que formuló contra funcionarios judiciales. En consecuencia, el tribunal decidió relegar el procedimiento sin fecha hasta tanto se resuelvan los planteos del imputado; según revelaron fuentes tribunalicias.
El letrado -a la que le quitaron la matrícula en Viedma- había sido trasladado expresamente al edificio capitalino desde un presidio bonaerense donde está alojado bajo la acusación de liderar una banda de estafadores que utilizaba tarjetas de créditos “clonadas” en el distrito bonaerense de La Matanza.
La audiencia comenzó con la recusación a la jueza Itziar Soly por parte de Galiano por “presunta” parcialidad ya que había actuado como fiscal en la investigación del incendio a los tribunales viedmenses en 2017 por la que estuvo detenido y luego quedó sobreseído.
Frente a esa situación, se decidió apelar a la mediación por video conferencia de la jueza de General Roca, Verónica Rodríguez, quien desestimó el pedido.
En esta causa de utilización de documentación falsa, bajo la presidencia de Marcelo Álvarez, y Soly; tuvo que sentarse Roberto Gaviña de los tribunales de Choele Choel. Las fuentes explicaron que se necesitó recurrir a este último y a la jueza de Rodríguez de Roca para tratar de iniciar el debate, en virtud de que en la Primera Circunscripción ya no quedan funcionarios sin haber actuado en alguna causa que involucra a Galiano.
Como éste decidió impugnar la decisión que adoptó Rodríguez, y el reclamo debe ser elevado para una decisión final, Álvarez optó por devolver al abogado al penal bonaerense donde está alojado, y hasta tanto se conozca el fallo del tribunal de alzada.
Galiano tiene firme desde 2015 un procesamiento de la Cámara Penal de Viedma por el delito de estafa, en presuntas maniobras administrativas irregulares contra mutuales. La denuncia había sido presentada por la secretaria de la Función Pública, Isabel Tiping, en virtud de que el organismo a su cargo administra los códigos de descuentos de mutuales a la que están asociados los empleados públicos.
En su momento, los jueces Carlos Reussi, Daniela Zágari y Marcelo Chironi afirmaron que «hubo un ardid desplegado por Galiano (junto a Gonzalo Jacob) cuando a partir de agosto de 2013 el abogado habría simulado ser asesor de la Secretaría de Hacienda de Río Negro”.
Se ponderó que“habría invocado esa influencia con el objetivo de engañar y defraudar a Jorge Rubinsztein, quien lo habría contactado con el fin de gestionar, a través suyo, el otorgamiento de códigos de descuentos estatales de la provincia para las mutuales La Vitalicia, Diagramas, Bernardino Rivadavia Asociación Mutual y Asociación Mutual 9 de Noviembre; así como para las cooperativas Maitén, Vanguardia y Cofincred Limitada, todas representadas por Rubinsztein».
Para los camaristas, los dos imputados «demostraban acción pidiendo dinero para gastos de traslado y viáticos y exhibían documentación falsa demostrativa de sus esfuerzos, lo que determinó que la víctima fuera ejecutando disposiciones patrimoniales indebidas a favor de ambos. Todo saltó «incidentalmente» al descubrirse «la falsedad de los presupuestos anunciados por los encartados».
Agregaron que «La idoneidad del ardid que se desplegó deviene evidente tanto de la acción emprendida, la documentación adulterada y de los propios pagos que en contraprestación provocaron».
Según indicaron, Galiano habría engañado a la víctima con «decretos, resoluciones, notas y demás que aparentaba ser verdadera (con sellos, firmas, hojas con membrete en relieve» y «ante cada entrega de esa documentación (…) le pedían a Rubinsztein el depósito de dinero a distintas cuentas bancarias. Según los registros del expediente se habrían apoderado así de 131.700 pesos, aunque el denunciante afirma que fueron 365.000 pesos”.
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