“Prefiero caminar seguro por calles de tierra”
Ninguno de los funcionarios de gobierno de los distintos niveles ha dado respuesta a por qué se pretende instalar un penal federal en San Carlos de Bariloche. Algunos han sugerido que le corresponde por ser la ciudad más grande de la provincia, algo que denota una visión estratégica sobre la geografía social que merece ser discutida. Bariloche tiene desde hace mucho tiempo sus propios problemas de inseguridad causados por varios motivos. Quizá el principal sea el de la exclusión y precarización laboral relacionada con la actividad turística estacional como actividad económica primordial. El crecimiento sostenido desde hace décadas de la población por migraciones internas, especialmente desde la provincia de Buenos Aires, ha acentuado aún más la diferencia entre los integrados y los excluidos, dado que los migrantes en su mayoría consiguen trabajo rápidamente, inclusive en la función pública aun cuando el conocimiento de la sociedad barilochense y su historia sea prácticamente nula. Es así que estos funcionarios “recién llegados” están más vinculados ideológicamente –en el sentido más amplio posible– con la vida de las grandes urbes que con la idiosincrasia andina. Si a esto le sumamos la obediencia debida a las resoluciones emanadas fuera del ámbito local, el poder de decisión de los ciudadanos parece reducirse al mero hecho de elegir representantes. No obstante, hasta ahora, el reparto de migajas de chocolate y de platos de guiso caliente por parte de la alta burguesía local (escenas que bien podrían ambientarse en el medievo) les ha permitido cierta clase de legitimidad. La radicación de un penal federal implicaría que cientos de familias que han educado y producido criminales se radiquen en Bariloche. Esto es a la seguridad de la ciudad como querer apagar un incendio con un balde lleno de nafta. Mientras en el país hay comunidades que están luchando por que se trasladen los penales fuera de las ciudades por todos los problemas que han causado, acá se pretende hacer lo contrario, siguiendo un esquema de crecimiento poblacional lineal. A lo largo y ancho de la Patagonia hay cientos de lugares que podrían ser desarrollados con este tipo de obra pública (siempre y cuando las comunidades estén de acuerdo), pero los funcionarios actuales pretenden hacer de Bariloche una gran urbe con lamentables condiciones de vida, iguales a las que escaparon cuando migraron hacia el sur. La intendenta María Eugenia Martini sostuvo que la consulta popular para el tema del penal federal era “demagógica”. ¿Desde cuándo es demagógico que una comunidad decida cómo quiere vivir? Si el precio a pagar para cien cuadras de asfalto mendigadas a Nación es la instalación del penal federal, prefiero caminar seguro con mi familia por calles de tierra. Pedro A. Trípoli, DNI 22.495.130 Bariloche
Pedro A. Trípoli, DNI 22.495.130 Bariloche
Ninguno de los funcionarios de gobierno de los distintos niveles ha dado respuesta a por qué se pretende instalar un penal federal en San Carlos de Bariloche. Algunos han sugerido que le corresponde por ser la ciudad más grande de la provincia, algo que denota una visión estratégica sobre la geografía social que merece ser discutida. Bariloche tiene desde hace mucho tiempo sus propios problemas de inseguridad causados por varios motivos. Quizá el principal sea el de la exclusión y precarización laboral relacionada con la actividad turística estacional como actividad económica primordial. El crecimiento sostenido desde hace décadas de la población por migraciones internas, especialmente desde la provincia de Buenos Aires, ha acentuado aún más la diferencia entre los integrados y los excluidos, dado que los migrantes en su mayoría consiguen trabajo rápidamente, inclusive en la función pública aun cuando el conocimiento de la sociedad barilochense y su historia sea prácticamente nula. Es así que estos funcionarios “recién llegados” están más vinculados ideológicamente –en el sentido más amplio posible– con la vida de las grandes urbes que con la idiosincrasia andina. Si a esto le sumamos la obediencia debida a las resoluciones emanadas fuera del ámbito local, el poder de decisión de los ciudadanos parece reducirse al mero hecho de elegir representantes. No obstante, hasta ahora, el reparto de migajas de chocolate y de platos de guiso caliente por parte de la alta burguesía local (escenas que bien podrían ambientarse en el medievo) les ha permitido cierta clase de legitimidad. La radicación de un penal federal implicaría que cientos de familias que han educado y producido criminales se radiquen en Bariloche. Esto es a la seguridad de la ciudad como querer apagar un incendio con un balde lleno de nafta. Mientras en el país hay comunidades que están luchando por que se trasladen los penales fuera de las ciudades por todos los problemas que han causado, acá se pretende hacer lo contrario, siguiendo un esquema de crecimiento poblacional lineal. A lo largo y ancho de la Patagonia hay cientos de lugares que podrían ser desarrollados con este tipo de obra pública (siempre y cuando las comunidades estén de acuerdo), pero los funcionarios actuales pretenden hacer de Bariloche una gran urbe con lamentables condiciones de vida, iguales a las que escaparon cuando migraron hacia el sur. La intendenta María Eugenia Martini sostuvo que la consulta popular para el tema del penal federal era “demagógica”. ¿Desde cuándo es demagógico que una comunidad decida cómo quiere vivir? Si el precio a pagar para cien cuadras de asfalto mendigadas a Nación es la instalación del penal federal, prefiero caminar seguro con mi familia por calles de tierra. Pedro A. Trípoli, DNI 22.495.130 Bariloche
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
