Primer encuentro del Consejo de la Función Pública con ATE y UPCN

Funcionarios gubernamentales y representantes de UPCN y ATE se reunirán esta mañana, conformando el nuevo Consejo de la Función Pública, reabriendo el análisis salarial a partir de los reclamos gremiales por la desactualización de los acuerdos después del último proceso inflacionario.

La convocatoria en Economía está fijada para las 10, previéndose la asistencia por el gobierno de los ministros Luis Di Giácomo (Gobierno) y Agustin Domingo (Economía), y la secretaria de la Función Pública, Isabel Tipping mientras UPCN y ATE se incorporarán con un miembro cada uno, según la última reforma de la ley de conformación del mencionado Consejo.

No hay duda de la asistencia de Rodolfo Aguiar como representante de ATE pero, en cambio, en los últimos días, Juan Carlos Scalesi repitió que sólo asistiría si lo hacía el gobernador Alberto Weretilneck, que es el formal presidente del Consejo.

El llamado formal prevé la conformación, pero el gobierno admite que escuchará a los gremios con sus reclamos de los haberes. Hay diferencias de posturas entre UPCN y ATE. El primero reclama reapertura de la negociación salarial, recordando que Scalesi rechazó el entendimiento firmado por otras organizaciones -como ATE- que consistió en un 15%, en tres tramos, finalizando en setiembre. El segundo reivindica ese acuerdo, esperando la reapertura de la discusión en agosto, pero requiere un adelantamiento del último tramo del 8%, previsto para los haberes de setiembre.

La representación gubernamental sostendrá el anunciado rechazo de Weretilneck para anticipar la renegociación salarial y, además, procurará no adelantar ninguna pista de lo que será un acortamiento de los plazos para cumplir con el 15%, aplicando parte del 8% de aumento en los haberes de julio. En el gobierno se pretende demorar cualquier definición.

Por eso, los ministros intentarán acercar alguna concreción. Por ejemplo, el gobierno prevé anunciar la recategorización de algunos sectores, que se traducen en subas en sus remuneraciones, o las mejoras de ciertos adicionales.

No es casual que ATE planteara -en un comunicado- que el Estado le adeuda unos “51 millones de pesos por recategorizaciones adeudadas, considerando el pago de su retroactividad”. Su repaso se concentró en unos 1.700 agentes del ministerio de Desarrollo Social y de la Secretaría de la Niñez. Otro tema aludido por ese gremio se refirió “al incremento del 30% de los trabajadores del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) y que el mismo se cobre aún bajo licencia por enfermedad”.

UPCN contra ARSA

Mientras tanto, UPCN volvió a la carga y, ahora, se focalizó en ARSA al denunciar que las subas no llegan a las sumas no remunerativas. Vale recordar que ese incremento no fue aceptado por esa organización sino por el gremio SITSA. Aún así, UPCN pide a los empleados de la empresa pública que “revisen sus recibos de sueldo” porque se ha detectado -dice- que “el aumento salarial estipulado por la patronal no se paga correctamente, profundizando el deterioro del poder adquisitivo del salario de los trabajadores”.

Manifiesta que las subas acordadas -4,5% a partir de febrero y el 2,5% desde mayo- “no se aplicó en las sumas no remunerativas”, por lo cual, “el aumento aún es más miserable”. Entiende que el presidente de ARSA, Roger García se “burla de los trabajadores y en su actitud porfiada, y ladina de firmar acuerdos salariales que año a año deterioran el poder adquisitivo de los trabajadores a su cargo”. Califica que se trata de una “actitud irrespetuosa”, que se suma a la “continua falta de respuesta a los reclamos laborales y salariales de la UPCN”.