Promoción petrolera con sabor a poco

HORACIO AHUMADA (*)

El presente artículo es, seguramente, contrario a la opinión de los opositores al gobierno nacional que consideran que el decreto 929/13 y el eventual acuerdo que se suscriba con Chevron resultan poco menos que un acto de entrega. Lamento comunicarles que la realidad económica y jurídica indica lo contrario. El gobierno acaba de anunciar un nuevo marco regulatorio (decreto 929/13) para promover la explotación de hidrocarburos caracterizándolo como “régimen promocional”, aunque de tal cosa tiene poco ya que implica devolver, parcialmente, a la industria petrolera algunos derechos de los que ya gozaba con anterioridad al 2002. Dichos derechos se mantuvieron vigentes “con asistencia respiratoria” hasta el año pasado, cuando el decreto 1277/12 terminó de dar por tierra con ellos, cuestiones que fueron impugnadas por muchas compañías. Desde entonces tales derechos pasaron a terapia intensiva. En efecto, antes del dictado del decreto 1277/12, reglamentario de la ley de nacionalización del capital accionario mayoritario de YPF SA, la industria petrolera gozaba del derecho a disponer libremente de la producción de sus yacimientos, tanto en el mercado interno como en el externo; del derecho a disponer de las divisas producidas en la comercialización de la producción y del derecho a repatriar las utilidades; ello, en el marco de los acuerdos de protección de inversiones suscriptos por el país. Estos derechos estaban incorporados a los términos y condiciones de la concesiones vigentes y el decreto 1277/12 decidió de un plumazo terminar con la libre disponibilidad. Se estableció un régimen de planificación gubernamental que en poco más de un año no tuvo el éxito esperado, como todas las medidas de estrangulamiento de los mercados que impulsó el gobierno. Es cierto que el cepo a la industria del petróleo y el gas empezó a hacerse evidente a partir del 2004, a través del dictado de una cantidad exorbitante de medidas, pero al menos hay que reconocer que, hasta el dictado del decreto 1277/12, los pilares regulatorios de la industria se mantuvieron vigentes, al menos con “respirador artificial”. Por ello, resultan llamativas las críticas que estamos escuchando de ciertos sectores de la oposición que se rasgan las vestiduras por la exorbitancia del supuesto régimen promocional que establece el decreto 929/2013, u otras teorías conspirativas, por las eventuales implicancias de un acuerdo con Chevron cuyo texto todavía se desconoce, cuando el país ha pasado a importar hidrocarburos y todavía no aparece en el horizonte un shock de inversiones con entidad suficiente que nos permita, como mínimo, terminar de importar. En ese estado de cosas, el decreto 929/13 propone reconocer con cuentagotas el derecho de libre disponibilidad a los productores, derecho que por lo demás surge en forma plena del artículo 6 de la ley 17319 y de los contractos vigentes y que sólo cobrará vigencia, según el gobierno, a cinco años vista del momento en que cada compañía invierta en el país más de 1.000 millones de dólares, lo cual representa solamente el 1% del volumen de inversión que requiere el sector para volver al autoabastecimiento y la exportación. Así, resulta por demás desalentador escuchar a ciertos políticos de la oposición sostener que el nuevo decreto del gobierno implica una suerte de extranjerización del dominio minero en beneficio de Estados Unidos o de quien sea, cuando en realidad estamos, en el terreno de lo económico y lo jurídico, frente a un decreto que, aunque en la dirección correcta, poco hace para promover significativamente la inversión. Sería bueno que estos políticos, en lugar de hacer retórica electoral contra un sector que conocen poco y nada, le explicaran a la sociedad qué medidas van a promover para aumentar la exploración y explotación de hidrocarburos, mientras al mismo tiempo el país tiene que seguir importándolos para subsistir. El aspecto más interesante del decreto 929/2013 es la posibilidad que se abre para obtener una nueva concesión dentro del perímetro de las vigentes, lo cual resulta un dato político positivo que pone de manifiesto una apertura de cabeza del elenco gobernante respecto de la necesidad de establecer reglas de juego que hagan factible desde el punto de vista económico y legal el desarrollo de recursos no convencionales y, por lo tanto, caros y difíciles de producir. En este sentido, el decreto debe ser interpretado como una señal política positiva a las provincias para que éstas definan, conforme a sus facultades, llevar adelante el otorgamiento de las nuevas concesiones, lo cual en principio resulta viable siempre que se trate de un recurso no convencional. Aspectos negativos y positivos de la nueva norma Positivos a) El gobierno parece darse cuenta de que tiene que salir de la encerrona ideológica que ha bloqueado hasta la fecha las inversiones que se verificarían si se volviera a las reglas de regulación incorporadas en los permisos y concesiones vigentes, se respetara la libre disponibilidad tanto de los recursos como de las divisas producidas en la comercialización y se permitiera la repatriación de dividendos, estipulaciones todas que fueron adormecidas por el cepo regulatorio al sector y al mercado cambiario. b) Se abre el camino político para la creación de nuevas concesiones dentro del perímetro de las vigentes frente al descubrimiento de recursos no convencionales. Esto resulta muy auspicioso y constituye un escenario adecuado para empresas y beneficioso para las provincias, que deberán negociar con las compañías las condiciones de acceso a la nueva concesión. c) Esta apertura puede implicar nuevos recursos para las provincias, siempre que se negocie en forma conveniente. d) El gobierno, tibiamente, comienza a darse cuenta de que debe ofrecer antes que imponer. Más vale tarde que nunca. e) Si se avanza con determinación en este camino, la caída de la producción se va a revertir; en caso contrario, estaremos condenados a la importación y su consecuente impacto en la economía. Negativos a) Lo negativo es que estamos frente a un reconocimiento de derechos que todavía es de escasa magnitud, que puede resultar suficiente para que el presidente de YPF suscriba un acuerdo asociativo con Chevron pero que no generará seguramente la avalancha de inversiones que podríamos conseguir si se volviera a las reglas de regulación existentes antes del 2002, bajo la custodia de las provincias. b) Ciertas voces de la oposición que se han manifestado en contra de la norma exponen a las claras que ignoran la problemática energética y generan preocupación cuando no nos cuentan qué es lo que concretamente van a proponer en el Congreso para generar inversiones y revertir la situación actual. Juegan con las expectativas de la sociedad en lugar de proponer políticas de Estado. (*) Abogado. ha@liendo.com.ar


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