Provincia policial

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Que el gobernador bonaerense y precandidato presidencial Carlos Ruckauf es amigo de la mano dura policial no es exactamente una novedad. Su holgado triunfo en las elecciones del año pasado se debió en buena medida a las amenazas feroces que en el curso de su campaña profirió contra los asesinos y ladrones que causaban estragos en todo el territorio de la provincia más importante del país. Sin embargo, a pesar de su voluntad legítima de combatir a los delincuentes comunes, Ruckauf no parece demasiado interesado en promover el respeto por la ley. Por el contrario, su actitud se ha asemejado a aquélla de un comerciante convencido de que la mejor manera de garantizar su propia seguridad consiste en pactar con el mafioso más poderoso y más brutal del vecindario.

A pesar del fracaso de aquel experimento aberrante que supuso el nombramiento del ex carapintada Aldo Rico como ministro de Seguridad bonaerense, Ruckauf no ha abandonado la idea un tanto ingenua de que para «pacificar» la provincia de Buenos Aires lo mejor sería dejar actuar con libertad a personajes vinculados con lo peor del proceso militar, razón por la cual no vaciló en nombrar como jefe de la Policía a un comisario que en 1978 había sido denunciado y detenido por torturar a un ciudadano alemán, antecedente que según parece obró en su favor. Podría decirse que tanto el país como sus habitantes han cambiado mucho desde aquel año oscuro y que, de todos modos, sería virtualmente imposible encontrar a policías capaces de trayectoria limpia para llenar los puestos clave, motivo por el cual es inevitable que entre los jefes actuales abunden quienes prestaron servicios a la dictadura, pero parecería que el «cambio de mentalidad» que sin duda se ha producido no ha incidido mucho en la conducta de los encargados de la seguridad de los bonaerenses. Según un informe que un asesor de menores ha enviado a la Corte Suprema provincial, desde que Ruckauf sucedió a Eduardo Duhalde en La Plata hace menos de un año se han multiplicado por tres las denuncias sobre torturas a menores de edad en las comisarías del distrito.

Aunque en teoría la mano dura no forzosamente significa la reivindicación de los llamados apremios ilegales, era de prever que la llegada de Ruckauf redundaría inmediatamente en la brutalización de la provincia de Buenos Aires debido a que los muchos policías que estaban habituados a violar los derechos ajenos darían por descontado que por fin las autoridades los «comprenderían», respaldándolos contra los críticos al plantear la presunta necesidad de optar entre la tortura por un lado y la indefensión por el otro. Cuando Ruckauf decidió confiar la seguridad de la provincia a personajes notorios por su desprecio por la ley, en efecto entregó un cheque en blanco a los malhechores uniformados que, huelga decirlo, no han tardado en aprovecharlo. Como si esto ya no fuera más que suficiente, desmoralizó a aquellos policías que entienden muy bien que lo que la Bonaerense más necesita no es impunidad sino profesionalismo, demorando así las eventuales reformas.

Si la provincia de Buenos Aires sólo fuera una jurisdicción pequeña en una zona atrasada regida por un «tata» de mentalidad atávica, los problemas provocados por la apuesta a la brutalidad del cacique podrían solucionarse mediante presiones por parte del gobierno nacional o, en última instancia, por una intervención federal destinada a restaurar la legalidad. Sin embargo, por razones políticas conocidas, el presidente Fernando de la Rúa no tiene ninguna intención de enfrentarse con su «amigo» Ruckauf, exigiéndole que obligue a los policías provinciales a respetar los derechos de los menores detenidos en las comisarías o de presuntos delincuentes adultos. Así las cosas, todo hace prever que poco se modificará en la provincia de Buenos Aires en los próximos meses y años y que, la mancha supuesta por su rudimentaria política de «seguridad» no obstante, Ruckauf seguirá siendo uno de los referentes peronistas más destacados con buenas posibilidades de convertirse en presidente de la Nación en el 2003, perspectiva que en vista de su gestión como gobernador no puede sino ser sumamente alarmante.