Puntos de vista: Coraje cívico 07-01-04

La doctora Carmen Argibay, candidata a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sus primeros reportajes a la prensa efectuados en tal condición se ha expresado en forma clara y categórica sobre cuestiones importantes, en una actitud que no es común entre nuestros dirigentes que, por lo general y especialmente, como en este caso, estando aún pendiente su efectiva designación, asumen posiciones ambiguas o conformistas cuando se trata de definiciones ideológicas trascendentes, especulando sobre las repercusiones que ellas puedan tener en los ámbitos de poder existentes en nuestra sociedad.

Su identificación como próxima a posiciones de izquierda, así como su manifestación de defensora de las garantías constitucionales y de los derechos humanos, son registros fuertes, que no dejan lugar a dudas en cuanto a sus ideas y a cuáles serán los principios que regirán sus pasos en caso de ser designada en el máximo tribunal.

Pero, tal vez, la nota altisonante de esas declaraciones fue su definición como «atea militante». En la Argentina, donde la religión tiene un peso real, por lo que los funcionarios tratan por todos los medios de tener buenas relaciones con las jerarquías eclesiásticas, es casi una extravagancia una declaración de ateísmo y más aún reconocerse públicamente como «atea militante».

Sin dudas, habrá más de uno que sentirá hacia ella lo que experimentó el blanco racista norteamericano que, viajando en subterráneo en Nueva York, observó a un pasajero negro leyendo un periódico judío y al borde del paroxismo lo increpó violentamente, reprochándole con un «¿no te alcanzó con ser negro?».

Justamente , como era de esperarse, los primeros reproches provinieron de voceros allegados a la Iglesia Católica, que expresaron su preocupación por ese perfil «ateo militante» de la candidata y por su manifestación de «no creer en nada», obviamente referido a su falta de creencia religiosa, como si en algún lado estuviese establecido que las personas están obligadas «a creer» en cuestiones específicas o como si el «no creyente» fuera un ser mutilado o empobrecido, cuando por el contrario es la huida del mundo real hacia un trasmundo desconocido y sólo enunciado en abstracto, lo que acota o empobrece a las personas. «El agnóstico cree en la utopía del mundo», expresa con justeza el catedrático y ex alcalde socialista de Madrid Enrique Tierno Galván (1).

A nadie pueden sorprender estos cuestionamientos, coherentes con las posturas tradicionales de la Iglesia Católica siempre orientadas a la pretensión de acaparar la mayor cuota posible de poder, a través de imponerle a la sociedad sus concepciones, identificando sus propios valores con los únicos valores legítimos, en una muestra de absolutismo dogmático e intolerancia que resultan inaceptables.

En última instancia, tales reparos no dejan de ser otra cosa que sutiles formas de persecución religiosa, reiterando la antigua propensión de «satanizar al ateo» como una manera de descolocarlo en el seno de la comunidad. Torquemada versión siglo XXI.

Un dato a tener en cuenta, y que esas declaraciones actualizan, es que en nuestro país la religión es un tema ausente de las reflexiones públicas y pretender cuestionarla desde un punto de vista científico, crítico, tratando seriamente temas como la finitud, la muerte, el alma, la resurrección, la trinidad, los milagros, etc. desde lo racional, resulta una cuestión urticante y hasta peligrosa para quienes la plantean, siendo inaceptable para los practicantes religiosos quienes sí, en cambio, pueden manifestarse abiertamente en favor de su fe haciendo promoción de productos que, como el cielo y la gloria, su religión asegura proporcionar, en exclusiva, a quienes adhieran a ella.

El filósofo español Fernando Savater valoriza al ateísmo en razón de ser un factor «que rechaza que los representantes profesionales de determinadas creencias inverificables dicten a la pluralidad del conjunto social sus prohibiciones, la obediencia a sus normas, que pretendan castigar 'las blasfemias' que les desagradan o que intenten recabar derechos diferentes de los de la democracia laica, como privilegios especiales para sus instituciones y feligreses» (2).

Si bien no está en discusión, es bueno tener presente que ser ateo no es una postura a la ligera, sino que «designa una actitud teórica y práctica de negación de la existencia no sólo de un Dios trascendente personal, sino de cualquier carácter religioso y sagrado de la vida y de la realidad» (3). Vale también recordar que el ateísmo ha sido un movimiento importante en la historia de la humanidad, a quien se debe en gran medida el proceso de laicización de la sociedad y del Estado, impulsando a que cada vez más se considere la profesión religiosa como una cuestión privada, logrando así una benéfica disminución de su influencia en la vida pública.

En realidad lo que en el fondo está en debate es el derecho de la doctora Argibay y de cualquier otro hombre o mujer que estemos dispuestos a sostener o a adherir a una concepción de vida independiente de toda atadura religiosa e incluso más, hasta con una postura contraria a las religiones sin que ello implique afectar el necesario respeto que debemos tener hacia las personas, lo que no significa que debamos aceptar sus ideas, sin poder cuestionarlas, sobre todo cuando, como en el caso de las religiosas, son construcciones místicas o absolutamente inverificables.

Y ese derecho, que no debemos permitir que sea afectado por ninguna causa, está amparado en los tratados internacionales suscriptos por nuestro país y en la propia Constitución nacional -que además en la reforma de 1994 avanzó eliminando la discriminación religiosa que importaba el requisito confesional para ser presidente de la Nación- que taxativamente establece que «nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe».

Se podrá coincidir o disentir con las posturas de la jurista, pero nadie podrá negarle honestidad intelectual y coraje cívico para expresar sus convicciones. Razones más que valederas para desear que se concrete su designación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

(1) Citado en «Elogio del Ateísmo» de Gonzalo Puente Ojea, pág. 301, Ed. Siglo XXI de España Editores 1995.

(2) «El desafío oscurantista. Etica y fe en la doctrina papal», de Paolo Flores d'Arcais, Prólogo, (Barcelona 1994).

(3) «Diccionario de Política», de Norberto Bobbio, Ed. Siglo XXI