Que pague el que sigue
Aunque no lo reconozca, Axel Kicillof está aplicando –con dosis diferentes– una política económica de corto plazo similar a la que imperó en la demonizada década del 90, pero en este caso para llegar sin sobresaltos a las elecciones de octubre y endosarle el costo de corregir los desequilibrios resultantes a quien vaya a suceder a Cristina Kirchner en la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre. Esta remake tiene dos pilares. Por un lado, el aumento récord del gasto público para estimular la demanda interna, que se traducirá en el 2015 en un déficit fiscal que apunta por encima del 6% del PBI pese a que la presión tributaria también es récord a nivel nacional, provincial y municipal. Por otro, el deliberado deterioro del tipo de cambio real –que ya resulta algo más bajo que a fin del 2001– para contener la inflación y el dólar paralelo, aunque a costa de atenuar la pérdida de reservas con un reducido pero costoso endeudamiento externo, a contramano del discurso de la era K. Aquí se acaban las semejanzas y aparecen las diferencias. Si bien nadie espera que la economía “explote” antes de octubre, este programa no reduce los costos económicos y políticos que deberá afrontar la futura administración, sino todo lo contrario. De ahí que este plan preelectoral, que bien podría denominarse “que pague el que sigue”, haya sido bautizado por algunos economistas como “elecciones 2015” (Dante Sica); “AA” (analgésicos y antiinflamatorios, por Miguel Ángel Broda); “campo minado” (Martín Redrado) o “bomba de tiempo” (Carlos Melconian). Una diferencia importante está en el financiamiento del déficit fiscal, que en los 90 se cubrió con un insostenible endeudamiento externo y luego con pérdida de reservas, hasta que en el 2001 sobrevino el previsible colapso de la convertibilidad. Ahora el desequilibrio se financia mayormente (casi 90%) con la “maquinita” y las reservas del Banco Central y en menor medida con aportes de la Anses. No obstante, para evitar que esa avalancha de pesos vaya a parar a los precios o al dólar paralelo, el BCRA debe absorber buena parte endeudándose con los bancos a través de Lebac a tasas de 26/27% anual, al igual que el Tesoro Nacional (con Bonac). Con un aumento del gasto público que en el primer bimestre, según datos oficiales, supera el 37% interanual (con subas de casi 40% en gastos de personal, 33,5% en subsidios y 45% en obra pública), el Estudio Broda calcula que el déficit fiscal se ubicará a fin de año por encima de los 320.000 millones de pesos (el doble que en el 2014) y la emisión para financiarlo en torno de 300.000 millones, aunque el BCRA también acumularía un stock de $ 350.000 en Lebacs. Más allá de los números, la evidencia es que cada vez que el gobierno de CFK anuncia una suba de gastos (planes sociales, subsidios, inversión pública o el permanente ingreso de empleados y militantes a la planta de personal estatal) nunca la compensa con una reducción equivalente en otros rubros. Y todavía está pendiente la adecuación del mínimo imponible y/o las escalas del impuesto a las Ganancias sobre los asalariados, que podría definirse más cerca de las elecciones. De por sí, esta es una pesada hipoteca que deberá levantar el futuro gobierno si busca que a partir del 2016 la inflación apunte hacia abajo. Pero desde el punto de vista estructural, un 65% del gasto público nacional se concentra en dos rubros: jubilaciones y pensiones (dos tercios) y subsidios a energía y transporte, especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires (el tercio restante). No hace falta demasiada imaginación para avizorar que el recorte del exceso de gasto (“rebalanceo”, según la actual jerga política) pasará por este último tercio. Y se traducirá en el 2016 en mayores tarifas de electricidad, gas y transporte para la clase media porteña y bonaerense, aún cuando no alcancen para cubrir futuras inversiones en infraestructura. Para atender este último flanco, el gobierno de CFK ya les endosó a futuros gobiernos los acuerdos con China y, en menor medida, con Rusia, que no incluyen precisiones sobre montos de inversión ni participación argentina, ni fueron consensuados con la oposición. Sin embargo, la novedad de fin de abril fue la colocación de deuda externa (Bonar 2024) por 1.416 millones de dólares, a nueve años de plazo, una tasa de interés de 8,95% anual, legislación argentina y un extravagante mecanismo “secreto” (develado luego oficiosamente) que evitó pagar comisiones a los bancos a cambio de asegurarles una ganancia por diferencia de cotizaciones. Casi simultáneamente, YPF obtuvo un monto similar (u$s 1.500 millones) a una tasa algo más baja (8,62%), aunque bajo legislación extranjera, con un banco estadounidense (Merrill Lynch) como colocador. Como de costumbre, el gobierno de CFK no se privó de utilizar un tono triunfalista para presentar la colocación de Bonar. Al igual que Kicillof, la presidenta sostuvo en su último discurso por la cadena de radio y TV que había logrado torcerles el brazo a los “fondos buitre” y al capital especulativo internacional, defender la dignidad nacional y endeudar a la Argentina “a tasas razonables”. Doble error. Por un lado, la inversión en esos títulos tiene un alto componente especulativo, ya que es una apuesta al efecto “chau Cristina” y a que el próximo gobierno –de cualquier signo– será más amigable con los mercados financieros. Por otro, el costo de este endeudamiento es muy alto, por más que en los últimos meses haya descendido la sobretasa de riesgo argentino a medida que se aproxima el cambio en la Casa Rosada. No hace falta más que comparar la tasa de 8,95% con las últimas colocaciones de deuda soberana de Chile (3,18%); Uruguay (3,5%); Paraguay (4,1%); Bolivia (5%); Perú (5,7%); El Salvador (5,8%) y Honduras (6,2%), según un relevamiento de la consultora Abeceb en la región latinoamericana. Además, el monto de esta colocación fue calificado como “un vaso de agua en el desierto” por la consultora Empiria al compararla con las necesidades de divisas de libre disponibilidad que tendrá el BCRA a fin de año. Y como una costosa forma de “comprar tranquilidad cambiaria” por Abeceb, que sostiene que así el gobierno de CFK podrá mantener el ajuste del dólar oficial por debajo de la inflación (a costa de una menor competitividad de las exportaciones) y seguir vendiendo dólares para turismo al exterior, ahorro y contener la demanda en el mercado paralelo, aunque en el 2015 sólo estos dos rubros equivaldrán al doble del superávit comercial. Este costo también puede ser inútil. Las tasas de interés en pesos (23/27% anual) atraen depósitos, pero como resultan altas en términos de dólar, es posible que los inversores cambien de moneda para capitalizar la diferencia a medida en que se acerquen las elecciones. Sin embargo, quizás lo más curioso es que Cristina Kirchner haya exhortado a los candidatos oficialistas a “profundizar” sus políticas. Llevadas al extremo, significarían que la Argentina seguiría el camino populista de Venezuela. Una opción que, en privado, descartan todos los presidenciables, aunque no se atrevan por ahora a afirmarlo en público y quien sea electo deba afrontar el costo político y económico de pagar la cuenta.
Néstor O. Scibona
LA SEMANA ECONÓMICA
Aunque no lo reconozca, Axel Kicillof está aplicando –con dosis diferentes– una política económica de corto plazo similar a la que imperó en la demonizada década del 90, pero en este caso para llegar sin sobresaltos a las elecciones de octubre y endosarle el costo de corregir los desequilibrios resultantes a quien vaya a suceder a Cristina Kirchner en la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre. Esta remake tiene dos pilares. Por un lado, el aumento récord del gasto público para estimular la demanda interna, que se traducirá en el 2015 en un déficit fiscal que apunta por encima del 6% del PBI pese a que la presión tributaria también es récord a nivel nacional, provincial y municipal. Por otro, el deliberado deterioro del tipo de cambio real –que ya resulta algo más bajo que a fin del 2001– para contener la inflación y el dólar paralelo, aunque a costa de atenuar la pérdida de reservas con un reducido pero costoso endeudamiento externo, a contramano del discurso de la era K. Aquí se acaban las semejanzas y aparecen las diferencias. Si bien nadie espera que la economía “explote” antes de octubre, este programa no reduce los costos económicos y políticos que deberá afrontar la futura administración, sino todo lo contrario. De ahí que este plan preelectoral, que bien podría denominarse “que pague el que sigue”, haya sido bautizado por algunos economistas como “elecciones 2015” (Dante Sica); “AA” (analgésicos y antiinflamatorios, por Miguel Ángel Broda); “campo minado” (Martín Redrado) o “bomba de tiempo” (Carlos Melconian). Una diferencia importante está en el financiamiento del déficit fiscal, que en los 90 se cubrió con un insostenible endeudamiento externo y luego con pérdida de reservas, hasta que en el 2001 sobrevino el previsible colapso de la convertibilidad. Ahora el desequilibrio se financia mayormente (casi 90%) con la “maquinita” y las reservas del Banco Central y en menor medida con aportes de la Anses. No obstante, para evitar que esa avalancha de pesos vaya a parar a los precios o al dólar paralelo, el BCRA debe absorber buena parte endeudándose con los bancos a través de Lebac a tasas de 26/27% anual, al igual que el Tesoro Nacional (con Bonac). Con un aumento del gasto público que en el primer bimestre, según datos oficiales, supera el 37% interanual (con subas de casi 40% en gastos de personal, 33,5% en subsidios y 45% en obra pública), el Estudio Broda calcula que el déficit fiscal se ubicará a fin de año por encima de los 320.000 millones de pesos (el doble que en el 2014) y la emisión para financiarlo en torno de 300.000 millones, aunque el BCRA también acumularía un stock de $ 350.000 en Lebacs. Más allá de los números, la evidencia es que cada vez que el gobierno de CFK anuncia una suba de gastos (planes sociales, subsidios, inversión pública o el permanente ingreso de empleados y militantes a la planta de personal estatal) nunca la compensa con una reducción equivalente en otros rubros. Y todavía está pendiente la adecuación del mínimo imponible y/o las escalas del impuesto a las Ganancias sobre los asalariados, que podría definirse más cerca de las elecciones. De por sí, esta es una pesada hipoteca que deberá levantar el futuro gobierno si busca que a partir del 2016 la inflación apunte hacia abajo. Pero desde el punto de vista estructural, un 65% del gasto público nacional se concentra en dos rubros: jubilaciones y pensiones (dos tercios) y subsidios a energía y transporte, especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires (el tercio restante). No hace falta demasiada imaginación para avizorar que el recorte del exceso de gasto (“rebalanceo”, según la actual jerga política) pasará por este último tercio. Y se traducirá en el 2016 en mayores tarifas de electricidad, gas y transporte para la clase media porteña y bonaerense, aún cuando no alcancen para cubrir futuras inversiones en infraestructura. Para atender este último flanco, el gobierno de CFK ya les endosó a futuros gobiernos los acuerdos con China y, en menor medida, con Rusia, que no incluyen precisiones sobre montos de inversión ni participación argentina, ni fueron consensuados con la oposición. Sin embargo, la novedad de fin de abril fue la colocación de deuda externa (Bonar 2024) por 1.416 millones de dólares, a nueve años de plazo, una tasa de interés de 8,95% anual, legislación argentina y un extravagante mecanismo “secreto” (develado luego oficiosamente) que evitó pagar comisiones a los bancos a cambio de asegurarles una ganancia por diferencia de cotizaciones. Casi simultáneamente, YPF obtuvo un monto similar (u$s 1.500 millones) a una tasa algo más baja (8,62%), aunque bajo legislación extranjera, con un banco estadounidense (Merrill Lynch) como colocador. Como de costumbre, el gobierno de CFK no se privó de utilizar un tono triunfalista para presentar la colocación de Bonar. Al igual que Kicillof, la presidenta sostuvo en su último discurso por la cadena de radio y TV que había logrado torcerles el brazo a los “fondos buitre” y al capital especulativo internacional, defender la dignidad nacional y endeudar a la Argentina “a tasas razonables”. Doble error. Por un lado, la inversión en esos títulos tiene un alto componente especulativo, ya que es una apuesta al efecto “chau Cristina” y a que el próximo gobierno –de cualquier signo– será más amigable con los mercados financieros. Por otro, el costo de este endeudamiento es muy alto, por más que en los últimos meses haya descendido la sobretasa de riesgo argentino a medida que se aproxima el cambio en la Casa Rosada. No hace falta más que comparar la tasa de 8,95% con las últimas colocaciones de deuda soberana de Chile (3,18%); Uruguay (3,5%); Paraguay (4,1%); Bolivia (5%); Perú (5,7%); El Salvador (5,8%) y Honduras (6,2%), según un relevamiento de la consultora Abeceb en la región latinoamericana. Además, el monto de esta colocación fue calificado como “un vaso de agua en el desierto” por la consultora Empiria al compararla con las necesidades de divisas de libre disponibilidad que tendrá el BCRA a fin de año. Y como una costosa forma de “comprar tranquilidad cambiaria” por Abeceb, que sostiene que así el gobierno de CFK podrá mantener el ajuste del dólar oficial por debajo de la inflación (a costa de una menor competitividad de las exportaciones) y seguir vendiendo dólares para turismo al exterior, ahorro y contener la demanda en el mercado paralelo, aunque en el 2015 sólo estos dos rubros equivaldrán al doble del superávit comercial. Este costo también puede ser inútil. Las tasas de interés en pesos (23/27% anual) atraen depósitos, pero como resultan altas en términos de dólar, es posible que los inversores cambien de moneda para capitalizar la diferencia a medida en que se acerquen las elecciones. Sin embargo, quizás lo más curioso es que Cristina Kirchner haya exhortado a los candidatos oficialistas a “profundizar” sus políticas. Llevadas al extremo, significarían que la Argentina seguiría el camino populista de Venezuela. Una opción que, en privado, descartan todos los presidenciables, aunque no se atrevan por ahora a afirmarlo en público y quien sea electo deba afrontar el costo político y económico de pagar la cuenta.
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