Rajoy obliga a los bancos a una drástica reforma

CRISIS FINANCIERA

El gobierno de Mariano Rajoy aprobó hoy una nueva reforma financiera, la segunda desde su llegada al poder y la cuarta desde que la crisis aterrizó en España en 2008, que supone un drástico saneamiento de los créditos del ladrillo, el gran lastre de la banca del país, y la creación de una especie de “bancos malos”. El objetivo es restaurar la “credibilidad y la confianza” en el sistema financiero de España, manifestó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría en rueda de prensa. Los bancos tendrán que cubrir con provisiones casi la mitad de los préstamos otorgados al sector constructor y promotor, lo que supone que tendrán movilizar 30.000 millones de euros en provisiones, según explicó el ministro de Economía, Luis de Guindos. Supone aumentar el nivel de provisiones del 7 al 30 por ciento de media. Tras la primera reforma financiera aprobada por el Ejecutivo conservador en febrero, que se centraba en la provisión de los activos problemáticos del ladrillo, esta segunda reforma se focaliza en los créditos de ese sector que teóricamente son sanos. Detrás está el temor a que se conviertan en tóxicos con el empeoramiento previsto de la situación económica en España. A finales de 2011, los bancos españoles contaban con 310.000 millones de euros en créditos al ladrillo, de los que 184.000 son problemáticos como consecuencia del estallido de una burbuja inmobiliaria en la que España vivió durante muchos años. En su primera reforma financiera, Rajoy exigió a la banca unas provisiones de 54.000 millones de euros para sanear la cartera de créditos morosos o problemáticos, por lo que con la reforma aprobada hoy, la cantidad total de provisiones a la que tiene que hacer frente la banca es de 84.000 millones. La reforma aprobada hoy en el consejo de ministros incluye apoyos estatales en forma de préstamos, por los que los bancos que recurran a ellos tendrán que pagar un 10 por ciento de interés y devolverlos en un plazo de cinco años. La previsión del Ejecutivo es que ese apoyo estatal sea menor a 15.000 millones de euros. Las entidades financieras tienen un mes para informar al Banco de España de cómo pretenden acometer los saneamientos. Además, los bancos pasan a estar obligados a crear sociedades especializadas a las que tendrán que traspasar antes de que acabe este año todos sus activos inmobiliarios problemáticos. Esas sociedades actuarán como una especie de “bancos malos” o “inmobiliarias malas” -en sí no serán bancos porque no tendrán actividad financiera ni ficha bancaria- que acumularán esos activos tóxicos -viviendas y suelo, entre otros-. Cada año tendrán que vender al menos un 5 por ciento de esos activos, de forma que se vayan liquidando en un máximo de 20 años en el peor de los casos. DPA.-

Luis de Guindos ministro de Economía. Foto: AP.-