Reforma política abre paso a la constitucional

El gobierno obtuvo la firma de 23 gobernadores para emprender una reforma política, que prevé un fuerte ajuste en los tres poderes del Estado, la reducción de puestos en las legislaturas nacionales, provinciales y comunales, y la eliminación de listas sábanas. Se estima una reducción de 1.000 millones y se abre la puerta a una reforma constitucional.

El presidente Eduardo Duhalde firmó ayer con los gobernadores un acuerdo para impulsar una reforma política que reduzca el gasto en mil millones de pesos, disminuyendo un 25 % el número de legisladores, al tiempo que plantea la posibilidad de una reforma constitucional antes de la finalización de la actual gestión en el 2003.

La única provincia que no rubricó el denominado "Acuerdo Federal para la reforma del sistema político argentino" fue San Luis, cuya gobernadora Alicia Lemme no concurrió a la cita en rechazo a la eliminación del régimen de promoción industrial propuesta por la Nación en el proyecto de ley de Presupuesto.

El ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, al cabo de la prolongada reunión celebrada durante más de cuatro horas en Olivos, anunció que se acordó reducir en un 25 % la cantidad de diputados nacionales y provinciales y concejales municipales, además de establecer un tope escalonado del uno al dos por ciento para el gasto de las legislaturas provinciales de acuerdo con sus respectivos presupuestos.

En el caso del Congreso Nacional se estableció un tope del 0,80 % del Presupuesto y las medidas resueltas deberán ser aprobadas por el Parlamento, tras recibir las correspondientes leyes del Ejecutivo, y a su vez ser ratificadas por las legislaturas provinciales.

Durante el encuentro también se acordó que en el futuro las elecciones legislativas se realicen cada cuatro años y no cada dos como hasta ahora, pero según aclaró Gabrielli su instrumentación demandará de una reforma constitucional previa.

De esa reforma de la Carta Magna dependerá también la concreción de la proyectada reducción del número de senadores nacionales que a partir de la reforma de 1994 la representación provincial se fijó en tres miembros por cada distrito.

Gabrielli aseguró que no se puso fecha para la nueva reforma constitucional pero estimó que debería concretarse antes de que finalice la gestión Duhalde.

El titular de la cartera política calculó que la reducción del gasto a partir de la reforma política alcanzará los mil millones de pesos y precisó también que se eliminarán "todos los gastos reservados con excepciones a los referidos a seguridad y defensa".

Además confirmó que los concejales de municipios con menos de diez mil habitantes deberán desempeñarse ad honorem y reconoció que el tema de la unicameralidad en las provincias no quedó pautado en el acuerdo suscripto ayer.

Gabrielli dijo que se impulsará "una reforma del sistema electoral ubicando como tope un plazo de 30 días para las campañas electorales y la inclusión de un sistema de preferencias en las listas de candidatos que se presenten para cada comicio". Mientras tanto, De la Sota, se mostró conforme con el acuerdo porque el mismo estipulará "una fuerte reducción del gasto político en los tres poderes" y precisó que la reforma política se concretará a través de "leyes que el Ejecutivo enviará" al Congreso para su aprobación, como así también se encarará una "reforma de la Constitución para achicar el números de integrantes de los tres poderes".

Aseguró que lo que se propone es que todos los poderes del estado reduzcan sus gastos y volvió a subrayar que "el hilo no se puede cortar por lo más delgado", remarcando que las prioridades son "la estabilidad y la necesidad de derrotar la desigualdad" en el país.

Previamente Duhalde mantuvo un encuentro con mandatarios de la Alianza. La mayoría de los aliancistas y varios peronistas expusieron su malestar con el gobierno a raíz de que no habían recibido el borrador del Presupuesto antes de ser girado al Congreso. (DyN)

Puntos principales

El "Acuerdo Federal para la Reforma del Sistema Político Argentino" firmado anoche por el presidente y todos los gobernadores, con excepción de la puntana Alicia Lemme, contiene las siguientes definiciones:

*Reducción de un mínimo del 25 % para todas las estructuras del Estado; *Se limita el gasto del Congreso Nacional en un 0,80 % del presupuesto de la administración nacional y en una escala que va del 1 al 2 % para las legislaturas provinciales, según los casos: *Se reduce en un 25 % el número de Diputados de la Nación, de los legisladores provinciales y de los concejales municipales.

* Los concejales de municipios con menos de 10.000 habitantes deberán desempeñarse ad honorem; *Los cargos legislativos nacionales, provinciales y municipales se renovarán en su totalidad cada cuatro años, aunque ello deberá hacerse a través de una reforma constitucional.

Se agrava la crisis en San Juan

El gobierno de Alfredo Avelín enfrenta una grave crisis política luego de que el ministro de Salud y Acción Social, Salvador Lo Cascio, anunciara ayer que abandona el cargo por serias diferencias de criterio con el mandatario.

Además, Lo Cascio recibió el total apoyo del partido Bloquista, desde donde varios dirigentes advirtieron que la salida de este dirigente marca la desintegración de la Alianza sanjuanina.

El gobierno de Avelín entró en esta crítica etapa la semana pasada a raíz de que luego de reclamar la renuncia a todo su equipo de colaboradores, no encuentra dirigentes de ninguno de los partidos políticos que lo acompañaron que quieran sumarse a su gobierno.

El bloque de diputados provinciales del bloquismo salió a pedir ayer a la conducción partidaria que se abandone de inmediato la condición política de socio del gobierno de Avelín tras remarcar que el gobernador "desconoce la realidad de la provincia y pretende gobernar sin estar consciente de sus propias torpezas", como lo dijo ayer el legislador Eduardo Bazán Agrás.

(DyN)

Opiniones: Alientan cambios, pero con advertencias

Gobernadores provinciales y legisladores nacionales de diferentes partidos políticos, coincidieron en alentar la reforma política, con diferentes matices, aunque algunos diputados de la oposición advirtieron que una reducción en el aparato político no implica necesariamente una reducción del gasto.

Al término de la reunión en Olivos, el gobernador cordobés José Manuel de la Sota celebró "el compromiso alcanzado de una fuerte reducción del gasto político en los tres poderes y la posibilidad de una reforma constitucional, para achicar los integrantes de los tres poderes. Hay que lograr la igualdad", dijo el mandatario.

A su turno, el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, había propuesto "la caducidad voluntaria de todos los mandatos y que en un plazo determinado del 2002, la sociedad renueve a toda la dirigencia".

En tanto, el mandatario de San Juan, Alfredo Avelín, remarcó que "la reforma es necesaria para lograr la credibilidad de la gente" y advirtió que "vivimos sobre un volcán en actividad que hay que desactivar con actitudes y ejemplos de vida".

Desde el ámbito legislativo, la titular del ARI, Elisa Carrió, dijo que "el verdadero problema es institucional y consiste en la lucha contra la corrupción", y remarcó que "tiene que haber una prohibición expresa del financiamiento de empresas y de sectores privados, porque si esto no se aplica es inútil todo lo que se intente hacer". En tanto, su par Alfredo Bravo indicó que la reforma impulsada por el gobierno "se está haciendo para satisfacer a los talibanes, que quieren reemplazar a los políticos por los gerentes de empresas extranjeras".

Otro de los partidos no representados en la reunión, Fuerza Republicana, expresó en la opinión del diputado Ricardo Bussi su adhesión total al proyecto. "Desde marzo venimos reclamando este tipo de reformas, con el antecedente de que en Tucumán fuimos los impulsores de la eliminación del sistema bicameral, en 1990", explicó el legislador.

Por el Partido Demócrata de Mendoza, el diputado Grabiel Llanos dijo que hace quince días le presentaron al ministerio del Interior un proyecto para reducir el gasto legislativo sin aplicar una reforma constitucional. Además, el diputado advirtió que "pretender imponer la unicameralidad desde el Ejecutivo no es algo que desde la práctica lleve a la disminución del gasto público".

Desde el Frente Grande, Carlos Raimundi (Buenos Aires) presentó un proyecto en el que se contempla una reforma al sistema electoral que prevé la limitación de las campañas electorales y el recorte en los gastos de campaña.

Por su parte, la senadora justicialista Cristina Fernández de Kirchner dijo que presentará un proyecto para reducir el número de diputados nacionales, "que haría que la Cámara Baja quedara conformada con 156 legisladores, no pudiendo tener cada provincia menos de tres diputados".

La iniciativa comprenderá que "se elegirá un legislador cada 300 mil habitantes o fracción no menor a 150 mil de acuerdo al último censo". (Télam)


Comentarios


Reforma política abre paso a la constitucional